Aunque cada día son más las mujeres que estudian derecho en México, no todas acceden al mercado laboral para ejercer su profesión y las que sí acceden a tener un puesto en el ámbito del derecho, no reciben un trato igual al que reciben los hombres. Esta situación se constata en datos que hacen visible la sistemática discriminación y misoginia que incide en el sector.
La nueva plataforma de Abogadas MX, desarrollada en conjunto con Data Cívica, que fue presentada hace unos días en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, es una fuente rigurosa de sistematización de casos que construyen esta realidad. Además, “Derecho Desigual” es un estudio desarrollado a partir del análisis de la información existente en bases de datos públicas.
La plataforma permite identificar quiénes son las abogadas en México, tomando como punto de partida cuál es la participación de las mujeres en el mercado laboral nacional, cuáles son los sueldos que reciben y dónde trabajan, entre otras informaciones, estos ítems se contrastan por estado y con la información pública disponible sobre los hombres en la profesión.
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Igualmente, podemos confirmar la desigualdad que existe en el sueldo que reciben las abogadas. Este estudio revela y confirma que, en el sector privado, en promedio, una abogada gana 41 centavos menos por cada peso que gana un abogado.
Esta disparidad me resultó una afrenta: ¿cómo es posible que en el sector privado la brecha salarial para las abogadas sea mayor que en el sector público?
Todas las personas que tenemos un puesto de dirección en una organización privada que emplea abogadas nos deberíamos cuestionar qué debemos hacer para identificar esta desigualdad y llevar a cabo todos los actos necesarios para eliminar esta circunstancia en el menor tiempo posible. Esto puede corregirse con voluntad de quienes toman decisiones en las empresas y despachos.
En general, se identifica que la brecha salarial existe para las mujeres porque un gran número de mujeres trabajan jornadas parciales por la necesidad de proveer cuidados a los hijos, enfermos y adultos mayores, así como el riesgo que los empleadores ven en la posibilidad de maternidad de las mujeres. Es decir, los patrones castigan a las mujeres de manera anticipada por cumplir el rol de cuidadoras.
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Otra conclusión a la que podemos llegar al revisar esta plataforma es que también en el sector legal el tema del cuidado de menores, enfermos y adultos mayores se asume como una obligación inherente a las mujeres.
Esto implica que las abogadas tienen una jornada laboral mucho más amplia, ya que en promedio destinan 15.5 horas semanales a las labores de cuidado, cuando los abogados solo invierten 5.5 horas semanales.
Esta doble jornada laboral que las abogadas realizan puede reducirse de manera significativa, generando políticas paritarias en cuanto a permisos de paternidad mayores a los que actualmente otorga la Ley Laboral en México —que son 5 días hábiles— y obligar a los abogados hombres a tomar dichas licencias de paternidad. De esta manera, las mujeres ya no serán castigadas por tomarse la licencia de maternidad que les corresponda, lo que apuntaría a impulsar la equidad en el mundo profesional y en el hogar.
Es necesario que la sociedad asuma que el cuidado en el hogar es una responsabilidad compartida. Es necesario también eliminar o modificar el prejuicio cultural de que el cuidado de otros es una labor inherente a las mujeres para llegar a una verdadera igualdad.
Este estudio también nos evidencia que las abogadas continúan siendo víctimas de discriminación y violencia de género en sus trabajos. Desde el hecho de que un posible jefe o miembro de la directiva requiera a una candidata acreditar no estar embarazada, hasta no acceder a un puesto por ser mujer o, incluso peor, ser agredida sexualmente sea con hostigamiento psicológico o físico, como el manoseo, tocamientos o besos sin consentimiento. Las cifras siguen siendo enormes y terribles.
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Otro dato que observamos en el estudio es la discriminación estructural que opera sobre las abogadas, generando esquemas comparativos por estado civil, edad y si son madres. Aquellas mujeres abogadas que están casadas o en unión libre, tienen hijos y de mayor edad reciben menor sueldo que las que están solteras, no tienen hijos y son más jóvenes. También se confirma que las abogadas que se reconocen como indígenas son discriminadas respecto de las abogadas que no lo son.
Es indispensable que todos los empleados impartan cursos y capacitaciones a todas las personas que integran sus organizaciones, de manera periódica y continua, que permitan sensibilizar el tema de la violencia y acoso y que todas ellas entiendan qué actos son actos misóginos y acoso. Además, es indispensable que toda organización cuente con un protocolo para prevenir y erradicar la violencia y acoso y que haya canales de denuncia que permitan a las víctimas sentir la confianza de denunciar. Finalmente, el establecimiento de una política de tolerancia cero respecto de actos de violencia y acoso, respaldado por los accionistas, socios y directivos tiende a generar entornos laborales seguros.
Este estudio se irá actualizando de manera periódica, conforme las bases de datos públicas actualicen su información, lo que permitirá identificar si las abogadas continúan siendo discriminadas.
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Finalmente, todas las personas que formamos parte del mundo legal debemos estar conscientes de estos datos, ya que de nada sirven todas las políticas de igualdad, diversidad e inclusión que profesan las empresas, despachos y otras organizaciones privadas, así como el sector público, si de manera constante y general se mantienen estas graves desigualdades. Hagamos el esfuerzo por reducir y eliminar estas circunstancias por el bien de la profesión y de las mujeres abogadas.
*María Teresa Paillés es socia de SMPS Legal. Se especializa en inversiones inmobiliarias, fusiones y adquisiciones, operaciones de financiamiento, licitaciones públicas y derecho corporativo general. Es socia fundadora y presidenta de Abogadas MX, una ONG que promueve el desarrollo profesional de mujeres abogadas.
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