Ha vencido el plazo para otorgar la primera licencia de explotación minera marina de la República de Nauru, un pequeño país del Pacífico, sin que antes la comunidad mundial haya podido alcanzar un acuerdo sobre cómo regular el polémico asunto.
La explotación del fondo de los océanos a más de 1.000 metros de profundidad viene ganando terreno en los últimos años, al punto de que hay ya diseminadas, por varios mares, empresas que, amparadas en permisos de exploración, solo esperan la orden para comenzar a extraer de las aguas abisales algo más que gas y petróleo, únicos elementos explotados hasta ahora.
Por tratarse de una materia innovadora, los organismos internacionales con competencia en el área parecen haber sido tomados por sorpresa ante el advenimiento de una probabilidad que, de acuerdo con analistas, será realidad en 2026.
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En el principio fue el caos
Aunque desde la década de los años sesenta se viene hablando de la explotación del fondo del mar, el actual impulso comenzó en julio de 2021, cuando la República de Nauru, una isla-Estado de la región Micronesia, en el Pacífico Central, dio a conocer, formalmente, su deseo de iniciar la extracción de minerales del fondo marino, amparándose en un agujero legal existente en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Covemar), invocando una cláusula que da un lapso de espera de dos años para que los organismos con competencia en la materia establezcan una normativa.
Vencido el plazo, el gobierno de la pequeña nación de Oceanía tiene el derecho de otorgar el permiso de explotación a The Metals Company (TMC), la gigante canadiense detrás de todo el artificio legal, lo que daría pie para que se activen los permisos de exploración que han sido otorgados en los últimos años por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por las siglas en inglés de International Seabed Authority), un organismo de las Naciones Unidas que dirime todo lo concerniente a la materia.
Nauru afirma que la precariedad de su economía hace más que necesaria la activación del negocio minero. Para reforzar su argumento, el gobierno de la isla ha dicho que tiene el "deber con la comunidad internacional" de promover la explotación de los recursos que se hayan en el suelo marino bajo su jurisdicción, a fin de propiciar la conclusión de un régimen legal que ofrezca "certeza regulatoria" a esa actividad productiva.
Es preciso aclarar que, aunque los Estados costeros tienen jurisdicción para conceder permisos de explotación de recursos en el fondo marino dentro de su zona económica exclusiva, las investigaciones concluyen que es más de las 200 millas náuticas desde la base costera, es decir, en aguas internacionales, donde se encuentran los mayores depósitos de minerales, por lo que corresponde a la ISA el otorgamiento de los permisos de explotación a gobiernos o a empresas apadrinadas por un Estado miembro de la ISA, como sería el caso de la TMC en Nauru.
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¿De qué recursos se habla y dónde están?
Hasta ahora, la explotación del lecho marino se ha enfocado en la extracción de combustibles fósiles (gas y petróleo), en particular, en la cuenca atlántica.
La minería marina propone ampliar la diversidad explotable a minerales como hierro, cobre, níquel, aluminio, litio, cobalto, manganeso, titanio, bario, oro y plata, entre otros, que abundan en las llanuras profundas del Pacífico.
Esta área, llamada Zona Clarion-Clipperton (ZCC), se extiende desde México hasta Hawai, y se estima que contiene 21.000 millones de toneladas de nódulos polimetálicos. Además de esta área, con una superficie de dos veces la de México y enclavada en el centro-norte del Pacífico, otras zonas de interés para las mineras son la cuenca del Perú (donde TCM ya ha informado que solicitará permiso de explotación), el Golfo de Cádiz y el Banco de Galicia (España) y los mares Negro y Báltico.
En la ZCC China, Rusia, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania, Reino Unido y Bélgica pueden explorar un área de la Zona (hasta de 75.000 km²) y su licencia de exploración es válida por 15 años, pero continúa siendo labor de exploración únicamente, recuerda Lester Maxwell, jefe del departamento de litigios de Claussen & Velasco, en Chile.
La explotación se daría en tres áreas distintas:
- Sulfuros del lecho marino, pequeñas estructuras que contienen minerales que se producen por la emisión de las fuentes hidrotermales. Contienen oro, níquel, cobre y otros metales.
- Costras ferromanganesas, ricas en cobalto, que se forman en las superficies de las montañas submarinas, hogar de colonias de corales y esponjas.
- Nódulos polimetálicos o nódulos de manganeso, formados cuando los minerales en el agua se precipitan sobre objetos duros que se han asentado en toda la llanura abisal, que cubre el 50% de la superficie de la Tierra.
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¿Es un buen negocio?
Muchos de estos metales y tierras raras que se encuentran en el fondo marino son utilizados por la industria para la fabricación de baterías y compuestos para autos eléctricos, computación e industria armamentista, elementos que —se estima— sean muy demandados en los próximos años, en especial para la fabricación de autos eléctricos y dispositivos electrónicos.
Al respecto, se estima que en solo tres años se necesitará el doble de litio y un 70 % más de cobalto que en la actualidad, razón por la que estos sectores y algunos países son los principales interesados en el inicio de la explotación.
Pero, ¿es la minería marina un buen negocio? Argumentando la descarbonización del planeta, la no destrucción de bosques ni afectación a comunidades ancestrales, por una parte, se afirma que la minería submarina posee ventajas de las que carece la minería tradicional debido a la alta demanda de minerales que distintos mercados y fabricantes requieren para la elaboración de sus productos y a la gran cantidad de depósitos minerales que se encuentran en todo el mar.
"La rentabilidad de la industria se funda en el hecho de que la minería submarina permitirá suministrar minerales cruciales que se necesitan para llevar a cabo la transición de combustibles fósiles hacia tecnologías más limpias para el desarrollo de las actividades humanas", señala Ariel Garfio, socio de la firma mexicana Von Wobeser y Sierra.
"Si bien hoy existe una serie de proyectos de exploración, junto con el estado de las iniciativas de explotación en el fondo marino, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, lo cierto es que la explotación como tal aún no se ha dado”, dice.
Asegura el experto que se trata de una actividad sumamente lucrativa porque es mucho más barato explotar los fondos marinos, además de que se haría en lugares remotos donde "nadie se quejaría".
Un dato quizás apoyaría su opinión: en 2021, poco después de que Nauru pusiera en aprietos a la comunidad internacional, TCM informó que esperaba ganancias por 95.000 millones de dólares con su licencia de explotación minera, durante 23 años, estimando que pagaría el 7,6 % (7.220 millones de dólares) de esos ingresos en regalías al país y a la ISA.
Mulsow explica que los elementos presentes en cada sitio minero tienen una concentración distinta y, en el caso de los depósitos marinos, es exponencialmente mayor.
“El cobre alcanza hasta 4 %, mientras que Chile y Perú ganan dinero con minas de 0,6 % a 0,8 %. Lo mismo ocurre para las más importantes tierras raras y ni hablar de hierro y manganeso”, comenta el doctor en Geología marina, quien estima que Sudáfrica, Chile y Perú tendrán que cerrar sus minas de manganeso.
Agrega un aspecto no menos importante: por encontrarse en sitios que son patrimonio de la humanidad —la ZCC y todas las aguas internacionales lo son—, una vez extraídos, los nódulos marinos dejan de ser patrimonio común, lo que significa que lo que se cobra por royalty o impuesto tiene una ponderación más baja que los impuestos que se pagan en minería terrestre.
"La respuesta es clara, solo se busca ganar más dinero", enfatiza Mulsow.
Desde Von Wobeser se tiene una posición diferente, asegurando que la implementación de proyectos que permitan la obtención de minerales para apoyar la transición energética es de suma importancia para México y el mundo, pues, si bien es cierto que estos desarrollos pudieran afectar el medioambiente, es también cierto que, mediante la colaboración de las autoridades internacionales, los gobiernos, las asociaciones civiles y la industria privada será posible llegar a un punto medio en el que se logre la compatibilidad entre minería y conservación.
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¿Y quién regula?
Como cualquier nueva actividad, la regulación de la minería submarina es un tema a precisar. Alejandro Beas, asociado de Von Wobeser, cree que, considerando la cantidad de áreas y prácticas del derecho en las que puede incidir, son varias las leyes que pudieran aplicarse en el caso mexicano, entre ellas la Minera, la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Inversión Extranjera, la Ley Federal del Mar y la Ley de Navegación y Comercio Marítimo.
Recuerda Beas que el caso mexicano es muy particular, pues con la reforma minera promulgada en mayo de este año, la minería submarina quedó expresamente prohibida en aguas jurisdiccionales por el impacto en el medioambiente y, aunque existe una acción de inconstitucionalidad pendiente, aún no hay decisión al respecto.
En lo que respecta a jurisprudencia internacional, si bien la creación de una normativa para regular la minería es uno de los planes fundamentales de ISA, desde su creación en 1994, no fue hasta 2016 cuando comenzó la elaboración de una propuesta que debía ver la luz en 2020 y tres años después sigue sin concretarse.
El organismo en pleno está en una carrera contrarreloj para alcanzar un acuerdo definitivo ante la presión del pequeño país insular y, tras varias reuniones en las que se ha debatido el comienzo de las autorizaciones para la explotación del fondo marino, a finales de julio pasado, el Consejo de la ISA —compuesto por 36 de los 168 países que la integran—, concluyó que no aprobaría ninguna solicitud hasta que el organismo culmine la normativa que rija el tema. Aunque se cree que esta pudiera estar lista para 2025, no se fijó un plazo vinculante.
La moratoria, auspiciada por un creciente número de naciones que se oponen a otorgar estos permisos, hasta tanto no se tengan estudios suficientes sobre el impacto medioambiental de la minería submarina, es apenas un posponer lo inevitable: que se comience a autorizar la producción en varios de los 31 permisos que hasta el momento se han otorgado a países y empresas para explorar los recursos abisales.
De hecho, la ZCC ya tiene 32 % de su territorio bajo contratos de exploración, 35 % está asignada como área protegida y otro 33 % está reservada para exploración por parte de los países en desarrollo circundantes.
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Investigaciones
Al igual que muchos países se han opuesto a que la ISA otorgue concesiones para la minería submarina, científicos y organizaciones ambientalistas de todo el mundo piden evitar la explotación del océano hasta tanto no existan estudios concluyentes sobre el impacto de esta actividad sobre un ecosistema del que se estima apenas se ha explorado entre 1 % y 5 %.
Mulsow dice que en sus años como miembro de esa organización pudo determinar que las investigaciones realizadas se centran en “explorar para explotar” y se olvida el otro flanco que debe ser prioridad: “explorar para proteger”.
“ISA debe financiar más investigaciones independientes en todas las áreas donde se propone la minería de los fondos marinos con su presupuesto compartido equitativamente para sus dos mandatos: explotar y proteger el medio marino”, afirma el científico chileno.
Señala que la justificación respecto de que los elementos extraídos ayudarán a resolver el problema climático gracias a la e-mobility es una mentira: “por un kilo de cobre se producen 8 kilos de CO2 en metalurgia, para tierras raras alcanza a más de 15 kilos de CO2. El problema de producciones CO2 está en la metalurgia, no tanto en la extracción de los nódulos o rocas”, agrega.
Lester Maxwell, especialista en minería, recuerda -además- que en todas las formas de minería submarina, el procesamiento del mineral se realiza en tierra, utilizando métodos convencionales y con todos los impactos ambientales asociados con la refinación industrial. “En consecuencia, teniendo los resguardos ambientales pertinentes, no debiese variar el riesgo” de minar en el mar o en tierra.
“Solo hay una salida política: declarar una moratoria o suspensión de minería en favor de la exploración para proteger. Una vez que sepamos con certeza cuál es el alcance global de la destrucción de los fondos oceánicos, podríamos revisar la posibilidad de evaluar la extracción de elementos minerales”, ratifica Mulsow.
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