En el escenario global, la inteligencia artificial (IA) se está convirtiendo en una cuestión regulatoria urgente, dada su creciente influencia en todos los aspectos de la vida cotidiana. En este contexto, la reciente aprobación de la Ley de la IA, por parte de la Unión Europea (UE), marca un momento histórico, estableciendo importantes estándares regulatorios.
Este evento no solo redefine el escenario tecnológico en Europa, sino que también señala potenciales cambios para Brasil, especialmente considerando el Proyecto de Ley 2.338/23, que tiene como objetivo regular la IA en el territorio nacional.
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El paradigma europeo
La Ley de IA de la UE, aprobada por el Parlamento Europeo, propone un enfoque basado en el riesgo para la regulación de la IA, con el objetivo de proteger los derechos fundamentales y garantizar la seguridad de los ciudadanos sin frenar la innovación. Establece categorías de riesgo para diferentes aplicaciones de IA, imponiendo reglas más estrictas para los sistemas considerados de alto riesgo.
Esta medida tiene como objetivo equilibrar la promoción tecnológica con la protección contra posibles daños, que van desde cuestiones de privacidad hasta impactos socioeconómicos.
Las nuevas normas prohíben determinadas aplicaciones de IA que comprometen los derechos de los ciudadanos, incluidos los sistemas de categorización biométrica indiscriminada de imágenes de Internet o grabaciones de CCTV (circuito cerrado de televisión) para crear bases de datos de reconocimiento facial.
También prohíben el reconocimiento de emociones en el trabajo y las escuelas, la puntuación social, la vigilancia policial predictiva (basada únicamente en el perfil de una persona o la evaluación de sus características) y la IA que influye en el comportamiento humano o explota vulnerabilidades.
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La ley establece obligaciones claras para los sistemas de IA considerados de alto riesgo (debido a su potencial daño significativo a la salud, la seguridad, los derechos fundamentales, el medio ambiente, la democracia y el Estado de derecho), que requieren transparencia, precisión y supervisión humana.
Con el objetivo de promover el crecimiento, el nuevo estándar facilita entornos regulatorios experimentales y pruebas prácticas, brindando a las pequeñas y medianas empresas, y a las nuevas empresas la oportunidad de desarrollar y perfeccionar soluciones innovadoras de IA en un entorno adecuado.
Finalmente, tras ser aprobado por el Parlamento, el texto de la Ley de IA debe traducirse a varios idiomas y corregir los errores del texto para su publicación, siendo probable que la aprobación del texto final se produzca en abril, lo que sitúa la entrada en vigor más cerca de mayo.
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Implicaciones para Brasil
En Brasil, el debate sobre la regulación de la IA tomó forma con el Proyecto de Ley 2.338/23, que, al igual que la iniciativa europea, busca establecer parámetros para el uso y desarrollo de tecnologías de IA. La convergencia entre las preocupaciones de Brasil y la UE refleja una comprensión común de la importancia de legislar esta tecnología emergente.
La adopción de la Ley de IA de la UE podría influir en la formulación del marco regulatorio brasileño de varias maneras. En primer lugar, al sentar un precedente internacional, la legislación europea puede servir de modelo para Brasil, especialmente en lo que respecta a la clasificación de riesgos y la protección de los derechos de los ciudadanos, como ocurrió con la Ley General de Protección de Datos Personales (LGPD) en relación con la Ley Europea de Protección de Datos Personales (RGPD).
Además, dada la importancia de la cooperación comercial y tecnológica entre Brasil y los países europeos, es probable que las empresas brasileñas que deseen operar en la UE o que ya operan en este mercado necesiten adaptar sus operaciones a los nuevos estándares europeos, que a su vez, puede acelerar la armonización de las políticas de IA entre las dos regiones.
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Resolución de la Asamblea General de la ONU sobre IA
Días después de la aprobación de la Ley de IA de la UE, la Asamblea General de la ONU aprobó por consenso de sus 193 miembros una resolución sobre la gobernanza de la Inteligencia Artificial, con el objetivo de conseguir que la tecnología cree un mundo más seguro y más equitativo, marcando otro hito regulatorio importante.
Esta resolución hace hincapié en la promoción de un entorno seguro, protegido y confiable, destacando la importancia de alinear el desarrollo de la IA con derechos humanos y desarrollo sostenible. Este desarrollo pone de relieve la creciente conciencia y el esfuerzo internacional para crear un marco regulatorio con enfoque global que garantice la ética y la seguridad en el uso de la IA, incluida la preocupación por la protección de la privacidad, transparencia y supervisión humana.
La resolución de la ONU, al abordar directamente los Objetivos de Desarrollo Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y enfatizar la importancia de la inclusión y la equidad, ofrece un modelo para que Brasil desarrolle su propia normativa de IA, lo que influye en el Proyecto de Ley 2.338/23.
Por lo tanto, a medida que Brasil avanza en la formulación de su marco regulatorio para AI, la consideración de los principios establecidos en la resolución de la ONU puede proporcionar una base sólida para garantizar que las futuras implementaciones tecnológicas sean innovador y ético, alineando aún más al país con las tendencias actuales de responsabilidad global y sostenibilidad en la era digital.
Iniciativa TSE: Un paso adelante en la regulación de la IA en Brasil
Al mismo tiempo, Brasil demuestra avances en la regulación de la IA con las recientes resoluciones del Tribunal Superior Electoral (TSE) sobre el uso de inteligencia artificial en las elecciones municipales de 2024. Entre ellas se incluye la prohibición de los deepfakes, la advertencia obligatoria sobre el uso de IA en la propaganda electoral y la restricción de robots en las campañas. Estas medidas reflejan una creciente preocupación por la ética y la transparencia en el uso de tecnologías avanzadas y sientan un precedente importante para otras áreas de aplicación de la IA en el país.
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Retos y oportunidades
La implementación de la Ley Europea de IA representa tanto desafíos como oportunidades para Brasil. Por un lado, la necesidad de cumplir con estándares internacionales puede imponer barreras técnicas y financieras a las empresas nacionales. Por otro, la convergencia regulatoria puede fomentar entornos de innovación más seguros y éticos, además de promover la competitividad internacional de Brasil en el sector tecnológico.
Además, la experiencia europea puede ofrecer lecciones valiosas sobre cómo equilibrar los imperativos de innovación con la protección del consumidor, la privacidad y otros derechos humanos, una preocupación central del proyecto de ley brasileño.
La legislación europea y las resoluciones del TSE simbolizan un movimiento global y necesario hacia una gobernanza más ética y responsable de la IA, especialmente las generativas.
La regulación de las IA generativas es un imperativo ético y de seguridad, dada la creciente accesibilidad y potencia de esta tecnología. La capacidad de esta para crear contenido realista, ya sea textual, visual o auditivo, abre una amplia gama de posibilidades para la innovación y el desarrollo.
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Sin embargo, en manos de individuos de mala fe, estas herramientas pueden utilizarse para difundir desinformación, violar los derechos de autor, cometer fraude o incluso amenazar los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos, además de suponer riesgos para la democracia y el Estado de derecho.
Por ello, es fundamental establecer lineamientos claros y responsables que regulen el uso de estas tecnologías, asegurando que su uso promueva el bienestar colectivo y respete los límites éticos y legales.
Para Brasil, la aprobación de la Ley de IA de la UE representa un estímulo más para que el país dé forma a su propia regulación, con el fin de promover un desarrollo tecnológico seguro y ético. Sería ideal que la experiencia europea y las acciones pioneras del TSE impulsen las discusiones y debates sobre el Proyecto de Ley 2.338/23, para asegurar que el país siga siendo competitivo y responsable en la nueva era digital.
*Laércio Sousa es socio del área de derecho digital y propiedad intelectual de Velloza Advogados.
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