Este 16 de marzo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó su propuesta de reforma laboral, una iniciativa que forma parte del cumplimiento de su plan de gobierno.
Entre los principales cambios propuestos en el proyecto de reforma destacan:
- El contrato de trabajo a término indefinido, como regla general.
- Debido proceso previo al despido.
- Establecimiento de límites a los contratos de duración definida.
- Reforma a la tercerización para ‘dignificar el trabajo a través de la estabilidad laboral’.
En su presentación, el mandatario señaló como justificantes para realizar las modificaciones de varios artículos del Código Sustantivo del Trabajo (la Ley 50 de 1990 y la Ley 789 de 2002) a “la reducción del salario, la inestabilidad laboral —la que no ha permitido el crecimiento de la productividad en Colombia— [y] la modernización, por no decir, con más exactitud, el desarrollo del mismo capitalismo”.
Para el grupo de especialistas consultados por LexLatin, la propuesta presentada por el gobierno no toma en cuenta la situación actual que se vive en Colombia y en el mundo: la afectación del mercado laboral pospandemia, en medio de una inflación local e internacional, altas tasas de interés y alza de costos puede no ser el mejor escenario para aplicar esta reforma.
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Una reforma que difícilmente frenará la informalidad y el desempleo
A pesar del entusiasmo que intenta infundir el gobierno en la población, esta reforma genera una serie de dudas entre especialistas en derecho laboral, academia y sectores empresariales, además de partidos políticos de oposición. La principal objeción es que la norma falle en su intento de atajar la informalidad y signifique una afectación en la economía del país, al generar mayores costos para las empresas.
Especialistas consultados por LexLatin concuerdan en que la reforma laboral va a interrumpir la operación de las empresas, especialmente de las micro y las pequeñas, a la hora de adecuarse a las nuevas formas de contratación.
Para Juliana Morad, directora del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana de Colombia, el mercado laboral colombiano se caracteriza por ser un espacio con poca formalidad laboral, especialmente en el campo. En sus palabras, los altos niveles de desempleo y baja cobertura pensional están, en parte, relacionados con la informalidad. Morad hace uso de las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (Dane) para explicar que un 57.9 % de la población económicamente activa, más de 12 millones de personas, se encuentra trabajando de manera informal, siendo las pequeñas y micro empresas las que tienen las mayores tasas de trabajadores informales.
Según los cálculos estimados de los empresarios —un dato divulgado por la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco)—, la reforma del presidente Petro podría elevar el desempleo entre 4,2 y 5,7 puntos porcentuales.
“Esto significa que el número de desempleados pasaría de 3,4 millones de personas, que registra el Dane, a alrededor de 4 millones en el mediano plazo”, detallan en un comunicado de prensa.
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Inclusión de los sectores interesados
La reforma laboral del gobierno de Petro ha sido cuestionada por la falta de convocatoria a representantes del empresariado para poder generar consensos. Fenalco expresó que “solo algunos artículos, de los casi 80 que contiene el proyecto, fueron acordados por las partes” en las mesas de diálogo que realizó el Ministerio del Trabajo. También indicaron que los espacios para llegar a acuerdos fueron muy reducidos.
En conversación con LexLatin, Vicente Umaña, socio y director del área laboral de Posse, Herrera Ruiz Abogados, explica que un principio básico para la creación de toda norma laboral es el del tripartismo que estipula la Organización Internacional del Trabajo, de tal forma que exista diálogo y cooperación entre los gobiernos, los empleadores y los trabajadores para la creación y aplicación de políticas públicas sobre asuntos laborales.
Para Juliana Morad esta no es una reforma que llega concertada al Congreso y esto sucede por un afán del gobierno de presentar en simultáneo los proyectos de reforma al sistema de salud, reforma de pensiones y, por supuesto, la reforma laboral.
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El sobrecosto en la práctica
Juliana Morad señala que la reforma va contra la flexibilización laboral, entendida como la garantía de derechos laborales por parte de empleadores, simplificando procesos que afecten la productividad de las empresas.
“Hay un elemento criticable que es el incremento de costos. La reforma modifica la jornada laboral para que inicie a las 6 de la tarde. Muchas empresas en bares, comercios y vigilancia van a tener que pagar un recargo de 35 % por hora y el pago del 100 % por trabajar en día domingo. Colombia no es un país de grandes empresas, es un país de tiendas de nuestros papás, de nuestros abuelos y el margen de maniobra que van a tener para acomodarse a los nuevos costos de la reforma va a ser muy estrecho”, detalla la académica.
En su comunicado, Fenalco menciona que, de aprobarse el documento tal y como se presentó ante el Congreso, se incrementarán sustancialmente los costos laborales entre 30 % y 35 %. Este es un punto que Álvaro Uribe, expresidente, también ha comentado desde sus redes sociales.
Reforma Laboral será dañina para los trabajadores y para los empresarios.
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 18, 2023
Proponemos como alternativa que se promueva un Acuerdo Quinquenal de Incremento Salarial y de Productividad sin complicar más las normas laborales. pic.twitter.com/9sT6R7oe2K
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Impactos al sector público
El gobierno de Gustavo Petro deberá aclarar cómo su propuesta impactará en el déficit fiscal colombiano, justo en el momento en el que se aprueba una nueva reforma tributaria que busca aliviar esa situación.
En otro aspecto, en palabras de Pedro Pablo Osman, socio fundador de Osman Abogados, el Estado además tendrá que incrementar sus gastos de funcionamiento para contratar laboralmente, “con todo lo que eso implica”.
“Hoy en día [los trabajadores del Estado] actúan como contratistas independientes, pues evidentemente eso tiene un impacto en materia de Hacienda pública, tiene un impacto en materia fiscal y esa fue una de las observaciones que también hicieron algunos gremios”.
Emparejar a Colombia con estándares internacionales
Uno de los argumentos que presentó el gobierno en un documento titulado “ABC del proyecto Trabajo por el Cambio” señala que el Estado colombiano tiene una serie de compromisos en materia laboral que debe cumplir y que se desprenden de convenios internacionales, como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
En abril del 2020, durante el gobierno de Iván Duque, Colombia se convirtió en el miembro 67 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La OCDE ha tomado la postura de hablar sobre los fenómenos de tercerización como parte del problema en el aumento de la desigualdad y también ha mencionado el exceso de horas en las jornadas de trabajo para los colombianos.
Al respecto, la especialista de la Universidad Javeriana comenta que “es necesario analizar nuestro mercado laboral para rescatar las necesidades. Hay muchos ejemplos que se toman de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por ejemplo, pero eso funciona en Europa. Son otras dinámicas, es un mercado industrial homogéneo, formal, diferente de Colombia. Subir estándares en algunos casos puede generar brechas. Si garantizamos seguridad social, pensiones, salud y riesgos laborales, ya transformamos un país. Eso no ahogaría a las empresas”.
Para Pedro Pablo Osman, el corazón de la reforma busca responder a las observaciones que hizo la OCDE a Colombia en materia de formalización laboral.
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Reformas en otros países de la región
De acuerdo con Vicente Umaña, se deben adoptar ejemplos de modelos de flexibilización laboral y formas alternas o mixtas de contratación de países como Costa Rica y Uruguay, en lugar de adoptar normas que implican dificultades para los empleadores, como las aplicadas en Ecuador, Venezuela y Argentina.
Desde la academia, Morad menciona que el ejemplo sí se tomó de Uruguay, país que en la última década logró reducir al 17 % la informalidad laboral y un aspecto que debería tomarse de ese país, considera, es el monotributo de seguridad social.
La Ley Orgánica del Trabajo aplicada en Venezuela para fomentar la inamovilidad temporal, a decir de Osmán, terminó siendo contraproducente para las empresas. “No estamos viendo a nivel regional un movimiento fuerte de legislaciones para promover las contrataciones a término indefinido como está ocurriendo en Colombia. Las propuestas que se están presentando en Chile y en México van más por el lado de aumentar las horas de descanso y de reducir la jornada laboral”, indicó.
Lo positivo de la reforma colombiana
No obstante los puntos anteriores, los especialistas consultados concuerdan con que la reforma sí presenta aspectos positivos que deben resaltarse. Para Juliana Morad, por ejemplo, la evaluación que se hace de la situación laboral en el campo colombiano es importante por sus condiciones particulares. Con la reforma los trabajadores tendrán un jornal diario y la posibilidad de cotizar protección social por debajo del salario mínimo.
La reforma también representa un hito en materia de género, pues incrementa el permiso de paternidad de 2 a 12 semanas: “Se ha estudiado que a las mujeres se les penaliza en el mercado laboral porque se tiene que pagar la licencia de maternidad. Hay una crítica por los costos, pero se han escuchado las luchas feministas para que haya licencia de maternidad y paternidad extendida”.
Además, se han planteado garantías de acceso al trabajo para personas LGBTTI y migrantes. Aún se espera la emisión de reglamentos o decretos para dilucidar su aplicación.
Sobre esto último, Vicente Umaña resalta que va a ser necesario que Migración Colombia explique cómo se realizará a futuro el proceso de inserción laboral de migrantes. Según cifras de esta entidad, al 2023 se registra la presencia de más de 2,4 millones de migrantes de Venezuela en el país, quienes, en su mayoría, se están acogiendo a procesos de regularización con el Permiso de Protección Temporal (PPT). A octubre de 2022, según Naciones Unidas, solo 280.000 personas contaban con un estatus regular que les permite acceder a empleos formales.
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El curso de la iniciativa ante el Congreso
A decir de Morad, la ruta que siga el debate sobre la reforma laboral en el Congreso será determinante para que se solucionen los puntos que generan más dudas. Estima que para junio, periodo en que se acaba la legislatura actual, ya deberían estar cerrados los debates tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, para tener lista la reforma como ley.
Nicolás Galeano, asociado de Osman Abogados, concuerda con estos plazos, pero añade que al tratarse de una modificación de la Ley Estatutaria del Trabajo, tal como se plantea en los primeros artículos, se va a necesitar la aprobación de ambas cámaras y, probablemente, una revisión de la Corte Constitucional, que podría retrasar un poco la promulgación de la ley.
A lo anterior se suma Umaña, quien comenta que es posible que los debates se alarguen hasta fin de año.
La senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, se mostró a favor de las propuestas contenidas en la reforma laboral en una reciente entrevista radial. En sus propias palabras, afirmó que “el sistema que hemos tenido en los últimos años no ha funcionado y la gente está pasando hambre”.
Los especialistas consultados afirman que se deberá buscar un consenso en la Cámara de Representantes y el Senado de la República para que se adapten las propuestas que puedan presentar otros partidos políticos.
Al cierre de este reportaje se tiene conocimiento de que el Partido Conservador ya tomó una postura en contra del proyecto de Petro. Otros partidos, como el Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe, también han mostrado su postura contraria. Por su parte, el Partido Verde presentará propuestas para modificar el paquete de leyes del Ministerio de Trabajo sobre los puntos que generan mayor alarma frente al empresariado colombiano.
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