La Reforma constitucional de simplificación orgánica mexicana: ¿ahorro estatal o centralización de poder?

En una decisión histórica que sacude la estructura del gobierno mexicano, el 28 de noviembre el Senado de la República aprobó la extinción de siete organismos autónomos clave: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU); la Comisión Reguladora de Energía (CRE); y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

El dictamen, que pasará a la Cámara de Diputados para su formalización, busca reestructurar la administración pública y concentrar sus funciones en distintas dependencias del Poder Ejecutivo​.

La reforma, propuesta por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla la modificación de varios artículos de la Constitución y se ampara bajo el discurso de la austeridad, pues promete ahorrarle 15.000 millones de pesos anuales al gobierno mexicano.

“Los partidarios que aprobaron esta reforma en el Congreso sostienen que el principal objetivo es optimizar recursos económicos, ya que se considera que estos organismos generan un gasto excesivo, sin ofrecer resultados tangibles. Además, el dictamen propone que las funciones de los organismos sean asumidas por diferentes dependencias del gobierno federal, como la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía y la Secretaría de la Función Pública, entre otras”, puntualiza Abraham Díaz Arceo, socio de OLIVARES.

La medida ha generado controversia por una cuestión central: los organismos autónomos han tenido la función de garantizar la transparencia, regular sectores estratégicos como las telecomunicaciones y la competencia económica, y proteger los derechos de los ciudadanos. 

“Desde la perspectiva oficialista, la expectativa es que esta reforma simplifique la administración pública, aumente la eficiencia operativa y transfiera funciones sin afectar los derechos ciudadanos. Sin embargo, la oposición y diversas organizaciones civiles han expresado que este movimiento significa una regresión democrática, ya que elimina contrapesos clave en la estructura del gobierno. Además, advierten que estas modificaciones centralizan el poder en el Ejecutivo y podrían socavar la transparencia y la rendición de cuentas”, comenta Díaz Arceo.

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Autonomía, transparencia y regulación de sectores clave

La experiencia latinoamericana indica que centralizar el poder implica correr el riesgo de debilitar los mecanismos de control y supervisión independientes​. Por eso, esta reforma plantea un escenario crucial para el futuro de la regulación y la transparencia en México. ¿Cómo gestionarán los sectores clave que, hasta ahora, venían siendo representados por los organismos autónomos?

“Hay varias áreas particularmente sensibles que se verán afectadas por esta reforma. Una de las más críticas es la transparencia y rendición de cuentas. La desaparición del INAI pone en riesgo el acceso a la información pública y la protección de datos personales, lo que podría limitar la capacidad de los ciudadanos para vigilar las acciones gubernamentales, pero además, debe recordarse que en México el INAI cumple con una doble función: no sólo como el organismo a cargo de la transparencia en la información, sino además como la autoridad garante de la privacidad y protección de datos personales”, señala el socio de OLIVARES.

Así como el INAI ha sido un garante esencial del derecho a la información y la protección de datos personales, el IFT y la COFECE supervisan sectores fundamentales para la economía y la competencia justa. 

“La eliminación del IFT y la COFECE podría significar una menor supervisión sobre monopolios y una regulación más débil en sectores como telecomunicaciones e infraestructura digital. Esto afectaría tanto a consumidores como a empresas, quienes dependen de una regulación objetiva para garantizar condiciones justas de mercado”, opina Díaz Arceo.

Ambos organismos serán reemplazados por una nueva autoridad en materia de competencia, que deberá cumplir con los acuerdos establecidos por el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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Energía, inversión privada y desigualdad

“En el sector energético, la desaparición de la CNH y la CRE implica que la regulación independiente de este ámbito quede en manos de la Secretaría de Energía, lo que podría restringir la participación privada y fortalecer la centralización en empresas estatales como Pemex y CFE. Esto generaría incertidumbre en un sector estratégico para la economía nacional”, subraya el socio de OLIVARES.

El sector privado, por su parte, tendrá el desafío de tratar directamente con dependencias gubernamentales. Para Abraham Díaz Arceo, la baja de los organismos especializados se traducirá en incertidumbre jurídica.

“La nueva dinámica podría generar más burocracia y menos independencia en las decisiones. A su vez, podría afectar la atracción de inversiones extranjeras, ya que los inversionistas podrían percibir que los procesos regulatorios están sujetos a mayor discrecionalidad por parte del Ejecutivo. A su vez, el cumplimiento legal se volverá más complejo: muchas empresas tendrán que adaptarse a nuevas estructuras y procesos burocráticos en las secretarías gubernamentales que asumirán las funciones de los organismos extintos. Esto podría aumentar costos operativos y alargar tiempos de respuesta, además de abrir la puerta a prácticas de corrupción, impactando así la competitividad y la productividad de las empresas”, observa el experto en litigio de propiedad intelectual y competencia desleal.

Otro de los puntos de mayor controversia es la eliminación del CONEVAL, que hasta ahora ha sido el organismo responsable de medir la pobreza en México. 

“Su desaparición y la transferencia de sus funciones al INEGI plantean riesgos significativos, especialmente en un país con altos niveles de desigualdad. Con la extinción del CONEVAL se teme que el manejo de las evaluaciones de efectividad de las políticas públicas pierda autonomía, lo que podría comprometer la calidad y credibilidad de los datos. Sin un organismo especializado que evalúe de manera independiente, existe el riesgo de que los datos sobre pobreza y desarrollo social sean utilizados políticamente, en lugar de servir como herramientas objetivas para atender a los sectores más vulnerados”, sentencia Díaz Arceo.

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Desafíos de cara al 2025

¿Por qué ha generado tanta controversia esta reforma? Por un lado, desde la perspectiva oficial, se augura que las modificaciones reducirán los costos administrativos, abordarán las necesidades sociales de forma más expedita y se volverá más eficiente a la gestión pública. Por otro lado, sobre todo en ámbitos legales y de defensa de la democracia, crece la preocupación por la concentración de poder y la transparencia.

“El reto más grande será demostrar que estas modificaciones realmente logran los beneficios prometidos, como el ahorro presupuestal y la eficiencia operativa, sin comprometer los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y el sector empresarial. Dada la reciente aprobación de este dictamen, resulta demasiado pronto para poder evaluar sus resultados. Sin embargo, a primera vista, sopesando en una balanza los supuestos beneficios que se alcanzarán con este dictamen contra la pérdida de la estructura de gobierno que está sacrificando, y que tomó décadas construir, no parece abonar a la democracia y el estado de derecho al que se aspira en México”, concluye Abraham Díaz Arceo.