En la última quincena de enero, otras dos grandes constructoras (Proyekta y Las Magdalenas) se declararon en quiebra en Chile, sumándose a una larga lista de más de 240 empresas del ramo que se han visto obligadas a solicitar su liquidación, ante la imposibilidad de asumir las grandes pérdidas que arrastran, como consecuencia de la paralización de esta área de los negocios.
Un constante descenso en las inversiones, la crisis global generada por la pandemia del COVID-19, la consecuente inflación y el aumento de los costos de materiales de construcción, la caída de la demanda de viviendas por la subida de las hipotecas, la crisis política y la burocracia estatal son algunas de las causas que explican la contracción que se observa en el sector desde 2019. Hubo un rebote en 2021 respecto al año precedente, pero no ha habido un crecimiento sostenido.
Se veía venir
De acuerdo con un estudio realizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de junio de 2022 (18 meses), 244 constructoras y empresas relacionadas cayeron en quiebra. A ellas se suma un importante número de compañías que sufrieron la misma situación en el segundo semestre del año pasado y otras tantas que solicitaron ayuda judicial para reestructurar sus deudas, en un intento por evitar la misma suerte.
“La economía se está desacelerando poco a poco, con una caída constante y, eventualmente, con pequeños signos equívocos de recuperación. Hoy, en las ciudades de todo Chile hay construcciones paralizadas, a la vez que grandes constructoras están pidiendo la liquidación voluntaria de bienes”, afirma Pedro Eguiguren Cosmelli, socio fundador del escritorio Eguiguren Abogados.
La situación se agravó a finales de octubre de 2022, cuando Claro, Vicuña y Valenzuela, una de las mayores empresas del sector, pidió ser liquidada tras no poder saldar una deuda superior a los 44.000 millones de pesos chilenos, unos 60 millones de dólares para ese momento. Desde entonces, las quiebras y reorganizaciones siguen sucediéndose ante la evidente contracción de la industria y la acumulación de millonarios pasivos.
Las perspectivas a corto y mediano plazo tampoco son buenas, no solo para la industria sino para la economía en general que este 2023 podría tener un decrecimiento de 0,9 %, según las proyecciones del Banco Mundial. A su vez, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) ha señalado que para este año se espera una nueva contracción del sector, estimada en 6,3 %, lo que también impactará en otras áreas de la economía.
“Hay que hacer presente que cuando cae una empresa esta no cae sola, sino que arrastra a otros intervinientes, quedando personas desempleadas, proveedores y subcontratistas con facturas impagadas, etc. Se provoca un efecto dominó, puesto que la caída de uno va derrumbando a los otros”, recuerda Eguiguren, cuya opinión concuerda con el análisis realizado por la Universidad de Talca, que indica que las quiebras pueden afectar “el crecimiento del país en materias de infraestructura”.
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Las causas
La situación del sector es multifactorial. Si bien la recesión producida por la pandemia aparece como el principal motivo, la inflación provocada por esta coyuntura y el encarecimiento de los costos de materiales que, a su vez, ha impulsado un alza en los precios de viviendas —con la consecuente reducción de la demanda— han sido algunos de los factores económicos que afectaron la construcción.
En este mismo orden, Eguiguren menciona que la pandemia trajo otro efecto negativo colateral materializado en los retiros de ahorros de fondos de pensiones, ‘bonos Covid’, préstamos blandos y otros instrumentos ofrecidos para paliar las dificultades económicas generadas por la coyuntura.
“Esto trajo un exceso de liquidez que provocó una falsa sensación de bienestar, pero que rápidamente se transformó en una inflación histórica. Se encareció la vida y esto produjo aumentos de tasas de interés por parte del Banco Central. La banca se puso más exigente para el acceso a créditos”, dice el jurista.
Esto resultó en un alza y restricción del financiamiento que socavó las bases de un sector que depende fuertemente del crédito bancario.
No menos importante ha sido el aporte negativo producto de la crisis política que vivió el país en 2019 (el estallido social), así como el nerviosismo que provocó el regreso de un gobierno socialista al Palacio de La Moneda, que materializó inmediatamente su principal promesa electoral de crear una nueva Constitución.
“Esto contribuyó al deterioro de la economía por las incertezas jurídicas que parte del articulado propuesto significaba”, acota Eguiguren.
El especialista añade que el rechazo de la propuesta de Carta Magna y la discusión de una nueva dan continuidad a un clima de incertidumbre que poco ayuda a la recuperación de la economía.
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Con nombre y apellido
Cuando en Chile se habla de los efectos que la quiebra de constructoras tendrá en otros sectores, mercado de capitales y AFP son las primeras palabras que salen a relucir, a sabiendas de que los grandes proyectos de construcción acuden a los fondos de inversión nacionales e internacionales para captar recursos y son estos donde invierten las administradoras de fondos de pensiones para rentabilizar el capital de ahorristas y cotizantes.
Por ello, Eguiguren Cosmelli lo considera como un sistema totalmente encadenado y sustentado, en otras cosas, en un intangible que es la confianza de los mercados.
“Cuando esta cae –la confianza- a nivel local, automáticamente se limita el acceso a créditos, el financiamiento alternativo cae, vuelan rápidamente los capitales hacia afuera, ahí donde hay mejores retornos o más certeza”.
La opinión del experto deja claro que el descalabro de empresas de la construcción tendrá consecuencias en el mercado de capitales y el desenvolvimiento de las AFP, estas últimas fuertemente afectadas por el pago de cerca de 50.000 millones de dólares debido a los retiros autorizados por el gobierno para hacer frente a la crisis sanitaria, cifra que representó 68,5 % del presupuesto de la nación para ese año, de USD 73.000 millones.
Para los analistas, esto restará operatividad a las AFP para invertir en proyectos de construcción, creándose un círculo de desinversión que no beneficia a ninguno de los sectores y que podría impulsar la tendencia observada desde 2018 en tanto la pérdida de atractivo del mercado local para las AFP, cada vez más enfocadas en invertir en el exterior, según datos de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP).
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Para tomar en cuenta
Dicen que en guerra avisada no muere soldado. Por ello y ante la gran cantidad de constructoras en aprietos, ya sea en procesos de reestructuración de deuda o declaradas en quiebra, los expertos recomiendan que toda empresa del ramo debe anticiparse a posibles insolvencias o problemas económicos graves, a fin de capear un temporal que está lejos de amainar.
Para Eguiguren es fundamental que todo directivo (o directorio) tenga claro cuáles serán los flujos de capitales futuros, gastos fijos y variables, impuestos a pagar, carga financiera y costos asociados al despido de personal, entre otros aspectos relacionados con procesos de insolvencia, estudio que, preferiblemente, debe ser realizado por un tercero que pueda analizar y manejar objetivamente la situación.
Además, en Chile, donde las grandes empresas constructoras están ligadas a apellidos con abolengo, es altamente recomendable desligar el patrimonio corporativo de las fortunas particulares o familiares.
“Cuando esto sucede, el posible aprieto financiero o insolvencia no solo afectarán a la empresa, sino también a la familia”, concluye Eguiguren Cosmelli.
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