A partir de este año, España cuenta con una ley que busca mejorar el tejido empresarial, ofreciendo a las startups una serie de beneficios que favorecerán el crecimiento y fortalecimiento de ese segmento, uno de los de mayor desarrollo a escala global en los últimos años.
La Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes, mejor conocida como 'Ley de Startups', sienta las bases para que España se convierta en foco de atracción para la constitución de nuevos emprendimientos y para el talento humano necesario para el funcionamiento de empresas innovadoras y de rápido crecimiento.
Aprobada en diciembre pasado, la ley se convierte en una de las principales medidas articuladas de la llamada 'Agenda España Nación Emprendedora y Digital 2026', una especie de hoja de ruta planteada por el gobierno, con miras a adelantar la digitalización del país. Es la consolidación de un petitorio ampliamente exigido por distintos sectores (incluso por proyectos de venture capital) para ajustar el marco regulatorio de los emprendimientos innovadores al de otras naciones.
Al respecto, Pablo Vinageras, consejero de Garrigues España y uno de los coordinadores globales del área de startups & open innovation, estima que establecer un encaje legal para estas empresas es ya un avance importante, puesto que la legislación española carecía de un instrumento legal adecuado que reconociera la singularidad de las startups.
“Este es uno de los puntos fuertes de la normativa, cuyo objetivo es establecer un marco específico para impulsar en España la creación y atracción de este perfil de empresa”, dice.
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Cual piedra angular
Aunque con sus detractores, la Ley de Startups es vista por medios de comunicación, comunidades de emprendedores, empresarios y expertos de diferentes áreas como una norma que aborda de forma integral (y con medidas concretas) el fortalecimiento de la inversión y desarrollo del emprendimiento en España, por el amplio espectro de beneficios fiscales y laborales que ofrece.
“Las medidas contenidas en esta ley vienen a complementar aquellas previstas en la Ley de Creación y Crecimiento Empresarial, a los efectos de articular un marco normativo que favorezca la eficiencia y productividad a lo largo de todo el ciclo de creación, crecimiento y reestructuración empresarial”, afirma Jesús Martín Botella, socio de las áreas de tecnología, medios y telecomunicaciones y propiedad intelectual de Ecija.
Destaca el experto que la norma se centra en impulsar a las startups al reducir los obstáculos fiscales, mercantiles, sociales y burocráticos, promoviendo la inversión en esta área y, de paso, estableciendo parámetros que debe cumplir cualquier emprendimiento para considerarse startup. Los parámetros diferencian estas incluso de aquellos negocios emergentes que, durante el camino, dejan de cumplir los requisitos establecidos por la norma.
De acuerdo con Daniel Gutiérrez Bernardo, director del área de innovación & economía digital de Ontier España, se han conseguido eliminar requisitos formales vinculados al concepto histórico notarial (que suponían, de facto, un desincentivo a la inversión extranjera); aumentar los límites deducibles por inversión (income tax relief —de 60.000€ a 100.000€—); instaurar un amplio concepto de entornos controlados de pruebas (sandboxes) y mejorar la tributación del carried interest, lo que, a la postre, incentiva la actividad de los gestores de inversiones estructuradas (GPs), a través de vehículos recogidos en la Ley 22/2014 del 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital de riesgo.
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¿Qué tiene de innovadora?
El primer gran aporte de la ley es el establecimiento de parámetros que miden qué es una startup.
- Se establece que debe tratarse de empresas recién creadas o con un máximo de cinco años en el mercado (siete para ramas como biotecnología, energéticas o industriales).
- Que desarrolle un proyecto innovador y escalable.
- Que esté radicada en suelo español.
- Que al menos 60 % de su plantilla sea ibérica.
- Que no haya distribuido dividendos ni cotice en Bolsa.
- Que no tenga un volumen de negocio mayor a 10 millones de euros.
- Que no sea producto de fusión o adquisición de otras empresas.
Si cumple con estos requisitos, la Empresa Nacional de Innovación S.A. (Enisa) podrá otorgarle una calificación que permitirá al solicitante disfrutar de los beneficios que otorga la ley, por ejemplo, medidas fiscales y laborales para autónomos, empleados, inversores, etc.; así como acceso a financiamiento, tanto nacional como extranjero.
Ecija España comparte que las principales medidas que incorpora la normativa son:
- Agilidad administrativa, para lo que prevé una ventanilla única y telemática para la certificación de empresas innovadoras, como startups españolas y el coste mínimo de aranceles notariales y registrales.
- Reducción de trabas administrativas para constituir y poner en marcha una empresa.
- Simplificación de trámites para emprendedores e inversores extranjeros, así como mejoras fiscales para estos.
- Reducción del tipo impositivo del Impuesto de Sociedades al 15 % durante un máximo de cuatro años, siempre y cuando se mantenga la condición de startup.
- Aplazamiento del pago de las deudas tributarias durante los dos primeros años de actividad, sin que sea necesario constituir garantía ni se devenguen intereses de demora.
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Beneficios tributarios y de visado para nómadas digitales
Pensada para atraer y retener el mejor talento profesional, emprendedores, inversores y estudiantes extranjeros, la ley modifica diversas figuras relativas a la normativa de residencia en España con fines de teletrabajo, que tendrán gran impacto en esta materia por las facilidades que ofrece y —se espera— convertirán a España en país vanguardia del sector del emprendimiento a nivel global.
“Al modificar el régimen fiscal y de residencia aplicable a trabajadores desplazados al territorio español, se aumenta el interés de nuestro país y, por ende, de nuestras empresas como destinos adecuados para desarrollar parte de una carrera profesional. Y no solo de trabajadores por cuenta ajena, sino que la figura del ‘nómada 100 % digital’ sí que se ha cristalizado en nuestro ordenamiento jurídico”, acota Gutiérrez Bernardo.
Entre las bondades de la ley, además de las ya mencionadas, se crea un nuevo visado para nómadas digitales o visado para teletrabajo de carácter internacional para los ciudadanos de otros países que estarán autorizados a permanecer en España para ejercer una actividad laboral o profesional (para empresas radicadas fuera del territorio nacional), mediante el uso exclusivo de sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.
Pablo Vinageras recuerda que si bien la autorización para permanecer en España para ejercer una actividad laboral implica que solo se puede trabajar para empresas radicadas fuera del territorio español, en el supuesto de ejercicio de una actividad profesional se permitirá trabajar para una empresa ubicada en España, siempre y cuando el porcentaje de dicho trabajo no sea superior al 20 % del total de su actividad profesional.
Cualquier emprendedor que quiera iniciar una actividad empresarial en España podrá optar por una autorización de residencia de uno a tres años, con posibilidad de renovación por dos años y obtener la residencia permanente a los cinco años.
Asimismo, los nómadas digitales tributarán por el IRNR (impuesto sobre la renta de no residentes) en lugar del IRPF (impuesto sobre la renta de las personas físicas), bajando el tipo general del 25 % al 15 % en los cuatro primeros ejercicios desde que la base sea positiva.
En el caso de inversores extranjeros, se incrementa la autorización inicial de residencia de uno a tres años, mientras que los estudiantes que estén en prácticas, en búsqueda de empleo o que quieran emprender un proyecto empresarial una vez hayan concluido sus estudios, tendrán autorización de residencia de uno a dos años.
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Especificaciones fiscales
Para Jesús Martín Botella, muchos de los beneficios otorgados por la normativa vienen a reducir trabas administrativas y fiscales, principalmente aplicables para la comunidad extranjera, entre ellos latinoamericanos que se encuentran radicados o aspiran residenciarse en la patria de Cervantes.
Otras bondades de la ley son la simplificación de trámites fiscales para emprendedores e inversores extranjeros, pasando de ser obligatoria la obtención del número de identidad para extranjeros (NIE) a tener como único requisito la solicitud electrónica del número de identificación fiscal (NIF), que se obtiene por internet en un plazo de 10 días y puede ser solicitado por un representante legal.
Gutiérrez Bernardo señala que la ley puede tomarse como referencia en algún punto, atendiendo también a esquemas como los del Reino Unido o EE.UU. (más centrados en deducciones fiscales, con un ámbito objetivo mucho más directo), pero sobre todo debe servir para que se aborde el establecimiento de un régimen normativo que otorgue incentivos y facilite la captación de inversión hacia las empresas emergentes.
“No debemos caer en el error invalidante de convertir la capacidad de innovación y agilidad de las startups en una serie de esfuerzos destinados a cumplir con expedientes administrativos que, a la postre, pueden desincentivar la llegada al mercado de lo más importante: productos o servicios que mejoren la situación de los consumidores”, dice el experto.
En la misma línea, Martín destaca las siguientes novedades orientadas a fomentar la inversión, especialmente la extranjera, en este tipo de empresas:
- Un tratamiento fiscal específico para las retribuciones conocidas como carried interest, orientado a fomentar el capital riesgo (incluido el extranjero) como un medio de financiación empresarial de especial relevancia.
- Aumento de la deducción por inversión de cualquier persona física (por ejemplo, de Latinoamérica) en empresa de nueva o reciente creación, incrementado el tipo de deducción al 50% y la base máxima a 100.000 euros.
- La extensión de los rendimientos del trabajo en especie exentos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
No menos interesante es que las 'stock options' (opciones sobre acciones) estarán libres de impuestos hasta los 50.000 euros anuales (antes eran 12.000 euros). Esto significa que un trabajador puede recibir hasta 50.000 euros anuales en acciones o participaciones de la startup sin tener que tributar hasta que decida venderlas (hasta 10 años desde la entrega) o en el caso de una salida a Bolsa de la sociedad.
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Recomendaciones
Como ley que, antes que nada, define el concepto del sujeto al que se aplica, los interesados en disfrutar de las bondades de la ley española de startups deben tener claro que solo podrán hacerlo las empresas que cataloguen como “emergentes” o que tengan el “sello” otorgado por el regulador gubernamental (Enisa).
Esto significa que las startups deberán estar vigilantes del cumplimiento de todo lo establecido en la nueva normativa, lo que obliga a estrechar más su relación con los asesores legales, una relación que Jesús Martín dice ha venido mejorando en la última década, pero que ahora va a adquirir más importancia, dados los muchos aspectos a tomar en cuenta.
Por ello cree necesario estudiar caso por caso y área por área, “analizando a la empresa, su modelo de negocio, las características personales de los emprendedores y/o posibles inversores, etc., estudiando la aplicabilidad de los beneficios en cada fase de la empresa”, dice, pues no se trata de un modelo único como aplicar para otros sectores económicos.
En este mismo orden, desde Ontier se recomienda a los emprendedores no utilizar dentro de sus esquemas ESOP (plan de propiedad de acciones para empleados) las stock options y sí apostar por las phantom shares como refuerzo retributivo para captar, retener o recompensar talento, señalando -además- esencial que todo lo que se trabaje y desarrolle en el marco de un proyecto debe estar correctamente contabilizado.
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