Chile sigue apostando por cambiar su matriz energética y, con esa meta, se sancionó a finales del año pasado la Ley de Electromovilidad, que promueve el almacenamiento de energía eléctrica para uso cotidiano y coloca las bases para impulsar inversiones en vías de concretar la descarbonización del país, ofreciendo una fuente de ingresos, además de contribuir con el ecosistema.
"Esta ley contribuye a promover el almacenamiento de energía eléctrica, evitando su vertimiento y, con ello, los efectos de la intermitencia de este tipo de generación al permitir, entre otras cosas, que los autos eléctricos presten servicios a la red eléctrica con una remuneración para el propietario”, comenta Luciano Cruz, socio del escritorio santiagueño Arteaga Gorziglia.
Los analistas consideran que la Ley N° 21.505 aporta elementos de significación no solo para incorporar nuevas tecnologías para generar y distribuir energía eléctrica, sino también para el uso de vehículos como importante fuente de almacenamiento.
“La importancia de esta ley radica en que constituye un paso en firme para avanzar hacia la carbono-neutralidad, considerando que el sector de energía es el responsable del 77 % de las emisiones de gases de efecto invernadero”, afirma José Miguel Bustamante, socio de la firma Carey.
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Cambio de paradigma
Concebida como la utilización de vehículos eléctricos para el transporte regular de personas y mercancías, la electromovilidad es uno de los puntales de una estrategia de alcance nacional que busca, para 2040, que el 100 % del transporte público circulante en Chile se movilice utilizando fuentes energéticas distintas al petróleo y, para 2050, 40 % de los vehículos particulares deberán ser cero emisiones.
En concreto y hablando de su valor en lo energético, la ley tiene tres fundamentos principales:
- Promover una mayor participación de energías renovables en la matriz de generación de energía eléctrica mediante la promoción de las tecnologías de almacenamiento.
- Habilitar la conexión eficiente al sistema eléctrico de sistemas de almacenamiento que permitan guardar la energía producida con viento y sol, por ejemplo, para consumirla durante la noche o en horas sin viento, desplazando así la energía producida con combustibles fósiles.
- Regular de manera más detallada los sistemas de autoconsumo, que corresponde a infraestructura con capacidad de generación propia y que pueden retirar o inyectar energía del sistema eléctrico.
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El potencial de inversiones
La ley 21.505 es -además- una puerta de entrada para cuantiosas inversiones a futuro para atacar las diferentes aristas involucradas alrededor de una compleja industria, que incluye autos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía de batería (BESS), redes de distribución y un gran etcétera que involucra tanto soluciones hardware como software.
No se trata de meras suposiciones. De acuerdo con el Climatescope 2022, herramienta de Bloomberg que mide el atractivo de los países para la inversión en energías limpias, Chile es el mejor país para invertir en este tipo de energías entre los mercados emergentes, seguido por India, China, Colombia y Croacia.
Otros datos refuerzan esta tesis: según las estadísticas de InvestChile, agencia pública de promoción de la inversión extranjera en el país, en 2022 la energía lideró el listado de sectores donde fueron inyectados recursos foráneos. Así, del total de 28.345 millones de dólares registrados en la cartera de InvestChile, 11.536 millones de dólares correspondieron a este segmento. Se espera que el monto se vea potenciado con la nueva ley y sus futuros reglamentos.
Estas inversiones no solo serán necesarias para el desarrollo físico de la industria en sí, sino -en particular- para la investigación y desarrollo de fuentes más confiables de almacenamiento. Es mucho lo que falta por descubrir en esta materia, pues son escasas las tecnologías que permitan el almacenamiento por largos períodos que sean económicamente factibles y escalables.
“Visualizamos un importante potencial de inversión en este sentido”, dice Luciano Cruz, quien se hace eco de las estimaciones de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), que prevé que retirar el carbón de la matriz eléctrica para el cierre de esta década requiere agregar unos 2GW de almacenamiento al sistema nacional, que además deberá actualizarse y ampliarse en aras de hacer más eficiente la transmisión y distribución.
Opinión similar tienen los especialistas de Carey, quienes confían en el gran potencial para la producción de energías renovables no convencionales (ERNC), gracias al impulso que se da al almacenamiento.
“Con la ley, los sistemas de almacenamiento entran al mercado eléctrico como otro jugador más en el segmento de generación, pudiendo comercializar energía y potencia eléctrica”, afirma Santiago Alé, asociado de la firma.
Y si de generación de ERNC se trata, resta tener en cuenta que, de acuerdo con los cálculos del gobierno chileno presentados en el Informe Preliminar de la Planificación Energética de Largo Plazo 2021, en el país existe un potencial de generación de 2.375 GW de este tipo de energías (especialmente solar, eólica e hidrógeno verde) a precios competitivos, 70 veces la capacidad instalada total hoy en el sistema eléctrico nacional.
Explotar ese potencial requerirá millonarias inversiones.
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Adiós a la gasolina
Propiciar la sustitución del parque automotor por vehículos cero emisiones es otra de las grandes facetas que plantea la ley de electromovilidad, cuya meta más ambiciosa es lograr que, dentro de 17 años, todo el transporte público chileno funcione con electricidad.
Pionero en el sur del continente en introducir modelos híbridos y eléctricos y muy a pesar de los altos costos que en un principio tenían este tipo de automóviles —y siguen teniendo los modelos mejor equipados—, lentamente el cambio viene concretándose en Chile.
De hecho, en los dos últimos años las ventas de autos de bajas o cero emisiones se han triplicado, alcanzando en 2022 un total de 6.904 unidades, 106 % más que las matriculadas en 2021, según datos de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).
Para incentivar el cambio a este tipo de vehículos, la ley ofrece algunos incentivos, entre los que destacan la exoneración total por dos años y reducción del pago de permiso de circulación por otros seis años, equiparándolo al monto cancelado por los autos convencionales.
No obstante, algunas voces del sector comercializador de autos creen que esto es insuficiente, considerando necesario exonerar el pago al impuesto al lujo para todos los vehículos de baja o cero emisiones, algunos de los cuales son pechados con el tributo (2 % de su valor cada año) por el solo hecho de ser técnicamente más avanzados.
“Es necesario que la electromovilidad esté al alcance de todos y que no quede radicada en un segmento de lujo, el transporte público o clientes corporativos”, dice Luciano Cruz, apuntando a que es preciso establecer incentivos adicionales, así como la eliminación de las restricciones para los cargadores bajo norma china (GB/T), más económicos y por ello más accesibles a los consumidores.
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Prosumidor: La nueva alternativa
Más allá de las ventajas para el ambiente y dejar de depender de los combustibles fósiles, el uso de los vehículos eléctricos tiene otro aspecto íntimamente vinculado que, gracias a lo previsto en la Ley 21.505, beneficia de manera particular a los propietarios de estos autos.
Con la nueva normativa, estos modelos quedan legalmente habilitados para ser considerados como 'equipos de almacenamiento', por lo que podrán conectarse a la red para 'inyectar' la energía almacenada, que será valorizada. Con ello no solo se ahorrará al reducir el consumo de la red nacional (que solo suministra energía a demanda y cobra según lo consumido) sino que se podrán obtener dividendos por la electricidad que aporta al sistema.
En otras palabras, se perfila la figura del prosumidor, término que designa a la persona o entidad que es a la vez consumidor y productor de un bien o servicio —electricidad— que puede vender a las mismas fuentes que lo producen. En este caso, esa energía entregada puede ayudar a reducir la carga del sistema nacional en las horas pico de consumo.
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¿Cuánto ayuda el litio?
Con una de las mayores reservas del mundo de litio, un material clave en la producción de las baterías necesarias para el almacenamiento químico de energía, Chile pareciera estar llamada a desempeñar un papel de suma importancia en lo relacionado con la electromovilidad y el almacenamiento y, por ende, en el cambio de la matriz energética global.
Muestra de ello se evidencia en el crecimiento exponencial que han tenido las exportaciones chilenas de litio, un mineral que cuenta con una política recientemente presentada a nivel nacional y es considerado estratégico —como los hidrocarburos—, por lo que no es concesionable.
El año pasado, el carbonato de litio lideró la lista como el principal producto de exportación entre la oferta de cobre chilena, cuyos embarques sumaron los 7.763 millones de dólares, un alza de 777 % respecto al año anterior, y alcanzado el 8 % de todo el valor exportado en 2022 (1% en 2021).
Sin embargo, una cosa es tener las reservas, producir litio y exportarlo, y otra muy distinta producir las baterías.
“Las baterías se componen de diversos materiales, la mayoría de los cuales no son producidos en el país. El litio solo representa alrededor del 8 % del costo de una batería, así que el papel de Chile probablemente no será el de productor de baterías ni tampoco de vehículos eléctricos, pero si jugará un rol clave como uno de los grandes abastecedores del metal blanco del mundo”, afirma Bustamante.
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