En Latinoamérica los Gobiernos han aprobado poderes extraordinarios con motivo del estado de emergencia del COVID-19. Entre las medidas se encuentran la abreviación de procesos de contratación pública y la contratación por adjudicación directa, un escenario que a menudo es propicio para la corrupción.
En mayo, el Consejo de Abogados para los Derechos Civiles y Económicos, a través de The Cyrus R. Vance Center for International Justice, publicó su informe “Corrupción en tiempos de COVID-19: una perspectiva regional sobre contrataciones públicas”. En este se recogen las experiencias de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
En entrevista para LexLatin, Jaime Chávez Alor, Latin America Policy Manager del Vance Center, comentó que son pocos los países de la región que se salvan de estar en una contexto grave de corrupción. “Por ejemplo, en Guatemala, Colombia, México, Brasil y Perú ya ha habido señalamientos, algo terrible porque indica que la flexibilización en las normas para las contrataciones públicas se vio como una oportunidad para cometer actos de corrupción”.
Hay un par de casos exentos de malas prácticas: Costa Rica y Uruguay. El apartado costarricense fue realizado por Vivian Liberman y Juan Carlos Tristán, de BLP Legal. Ambos abogados encontraron como fuentes potenciales de corrupción las compras directas de servicios y suministros, pues evitan la licitación pública; las donaciones por parte del sector privado, en especie y efectivo, si es que no se supervisan, y la asignación de fondos por parte de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencia.
Marcela Hughes, consultora independiente, se ha encargado de elaborar el extracto de Uruguay. En el reporte explica que el Gobierno uruguayo no está trabajando bajo ningún poder excepcional sino que está siguiendo los procesos administrativos y legislativos ordinarios. De tal modo, no destaca ningún riesgo nuevo de corrupción.
Si bien el reporte se refiere a denuncias hechas por la sociedad civil alegando instancias de corrupción en el contexto de la pandemia, Todd Crider, director de la práctica de Latinoamérica en Simpson Thacher & Bartlett y uno de los fundadores del Vance Center, señala que el propósito no es especificar prácticas corruptas. La intención es visibilizar el hecho de que los poderes excepcionales y las compras directas realizadas durante la pandemia magnifican el riesgo de que se aproveche la coyuntura para realizar contratos a mayor precio, “algo que con frecuencia esconde un elemento de corrupción”.
De acuerdo con Crider, el problema de corrupción en Estados Unidos es que interviene directamente en el sistema político. Tanto las empresas como el sector que acumula la riqueza pueden realizar legalmente grandes contribuciones a campañas electorales y el favor se retribuye con cambios de reglamentos o de políticas, o bien asignando contratos públicos. “Estas influencias políticas en los Estados Unidos no se consideran como 'corruptas', ya que la ley las permite, pero tienen un efecto similar a la corrupción al menoscabar las bases de integridad de decisiones de los políticos y gobernantes. Al igual que en Latinoamérica, la pandemia puede facilitar contratos directos con contribuyentes, causando un doble daño: desperdicio del recurso público y erosión de la confianza en las instituciones del Estado”.
En Estados Unidos ha habido una serie de señalamientos por corrupción en la prensa, un par de ejemplos son la asignación de contratos a AirBoss y una millonaria compra de ventiladores realizada sin haber identificado debidamente al proveedor.
En Latinoamérica, específicamente en Guatemala, uno de los países con indicadores críticos, Alfonso Carrillo, socio de Carrillo & Asociados, destaca la participación de organizaciones de la sociedad civil como Acción Ciudadana, que ha monitoreado el gasto público durante la crisis. Hasta el 1 de abril se habían presentado 25 denuncias contra municipalidades por malversación y apropiación indebida de alimentos provistos por el Ejecutivo.
El caso que supera todos los indicadores en la región es el de Venezuela. La situación es descrita por Fernando Peláez-Pier, socio fundador de Hoet Pelaez Castillo & Duque, quien explica que no se han implementado normas excepcionales sino que las medidas adoptadas por el régimen se limitan a una ley de emergencia cuyo objeto es la inmovilización ciudadana. Como medidas complementarias se estableció una Junta Especial para evaluar el impacto de la pandemia, se promulgaron reglamentos laborales para proteger a los empleados y se aprobó la suspensión de los pagos de arrendamiento comercial y de vivienda.
"La sociedad civil, a través de diferentes ONG's y partidos políticos de oposición, ha levantado su voz para denunciar las violaciones sufridas y confrontadas por la población venezolana. Desafortunadamente, la única consecuencia ha sido la persecución de líderes cívicos, pero sin una respuesta del Gobierno", comenta Peláez-Pier.
De acuerdo con Transparencia Internacional, Venezuela ocupa el lugar 168 entre 180 naciones en la percepción de corrupción.
Un ejemplo más para destacar es el de Brasil, donde la discusión sobre la lucha contra la corrupción es un tema ampliamente debatido. En este sentido, ya existen mecanismos en el Poder Judicial listos para combatir el despilfarro de los recursos públicos. El Contralor General de la Unión creó un canal exclusivo para que los ciudadanos informen sobre los servicios o el desempeño de los funcionarios públicos. El Gobierno también ha lanzado una herramienta que detalla los contratos realizados bajo exenciones de los requisitos de oferta pública debido a la pandemia (esta ha sido una de las prácticas positivas más frecuentes).
El caso de Brasil es explicado por Luciana Tornovsky y Eloy Rizzo, socios de Demarest Advogados. En entrevista exclusiva, Tornovsky comentó que “Brasil es uno de los países a la delantera en la lucha contra la corrupción. El país tiene mucho que mostrar con su operación de Lava Jato". Uno de los argumentos de la abogada es que el Ministerio Público Federal está trabajando en 410 investigaciones solo en el contexto de la pandemia, con investigaciones en 11 estados y el Distrito Federal. En el estado de Río de Janeiro, el propio gobernador está involucrado en un caso de irregularidades en la construcción de hospitales de campaña.
Para Eloy Rizzo, el volumen de ventas que fluye en el país en tan poco tiempo se traduce en una dificultad para los organismos de control. "Los obstáculos son realizar inspecciones en tiempo real de lo que se está contratando, pero los tribunales, los fiscales y controladores federales y estatales no pueden hacer todo; este es un plato lleno de corrupción”, dice Rizzo. A pesar de estos problemas, el país tiene mecanismos anticorrupción que funcionan, según los expertos.
Jaime Chávez Alor afirma que -dentro del panorama en la región y a pesar de la crisis- “hay una buena noticia y es que por lo menos se hayan visibilizado actos de corrupción gracias a organizaciones de la sociedad civil y la prensa”. Un indicador del compromiso de los países con su combate a la corrupción se verá si es que proceden las investigaciones señaladas.
El Consejo de Abogados para los Derechos Civiles y Económicos, al final del informe, emite una serie de recomendaciones para la comunidad jurídica. A decir de Chávez Alor, esto es una problemática que importa a la comunidad. Las recomendaciones son:
- Utilizar el derecho de acceso a la información pública.
- Hacer declaraciones y artículos que traigan a colación el tema.
- Alentar las denuncias así como la labor de las organizaciones de la sociedad civil.
- Emitir análisis de leyes y reglamentos sobre procedimientos de licitación para asegurarse de que cumplan con los estándares internacionales.
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