La corrupción es un problema mundial, así lo reconoce la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). Este fenómeno, sin embargo, se manifiesta de diversas formas alrededor del mundo. Ejemplo de ello es que, de acuerdo con el índice de la percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, Dinamarca sería el país menos corrupto del mundo con un puntaje de 88 (sobre 100) y Sudán del Sur el más corrupto, con puntaje de 12.
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América Latina tiene a Chile en la posición 25, por encima de Estados Unidos, que ocupa la posición 26, y a Venezuela dentro de los cinco países peor calificados (15 puntos). En un estudio reciente, el Lawyers Council for Civil and Economic Rights, del Cyrus R. Vance Center, desarrolló un análisis de los esfuerzos legislativos y regulatorios basado en una metodología de experiencias: se calificó el actuar de las autoridades, la solidez del marco legislativo y su implementación.
Dicho estudio refleja que, aún y cuando Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Panamá y Perú, los ocho países objeto de estudio, se han comprometido mediante convenciones internacionales a combatir la corrupción, no han destinado los recursos suficientes o bien no han tenido voluntad política para enfrentar la problemática en términos reales.
En concordancia con el índice de percepción de corrupción de los países analizados, Chile es el mejor calificado con un promedio de 7,8 (sobre 10); seguido de Argentina, con 5,95, y de Perú, con 5,86. Luego se posiciona Brasil, alcanzando un 5,67; Colombia con 5,60; México con 5,51 y Panamá con 3,97. De los ocho países, Guatemala, con 3,89, obtuvo la peor calificación.
Perú ante las elecciones
De acuerdo con el estudio del Vance Center, la fortaleza del Perú es su legislación. Sin embargo, las autoridades responsables de su implementación fueron calificadas por debajo de los 5 puntos.
Alberto Rebaza, miembro del Lawyers Council for Civil and Economic Rights y socio de la firma peruana Rebaza, Alcázar & De Las Casas, comentó en entrevista para LexLatin que a pesar de tener un marco normativo sólido de lucha anticorrupción, tanto para el sector público como para el privado, este podría mejorarse al incrementar los incentivos y garantías de los denunciantes (whistleblowers).
Este año, Perú promulgó la Ley 31118 con el objetivo de modificar la inmunidad parlamentaria, aunque dicha modificación fue parcial. Rebaza explica que el principal cambio es que la Corte Suprema de Justicia será la institución encargada de aprobar la procedencia de las investigaciones contra congresistas por hechos delictivos y no el propio Legislativo, como venía siendo.
“Desde hace ya buen tiempo la inmunidad parlamentaria, tal y como estaba regulada, venía siendo cuestionada. Ha sido utilizada como una herramienta para impedir, incluso bloquear, investigaciones penales. Dicha inmunidad había terminado por proteger a parlamentarios vinculados con la comisión de delitos graves. Todo ello ha generado un profundo descrédito de la clase política peruana”, afirma Rebaza.
Todd Crider, también miembro del Lawyers Council for Civil and Economic Rights y líder de la práctica latinoamericana en Simpson Thacher, destaca que la falta de recursos para la investigación y fiscalización de la corrupción en Perú son problemas de enorme alcance que, incluso de existir un presidente o líder enfocado en erradicar la problemática, hay una falta de efectividad institucional.
“Se requieren mayores recursos para colocar a los fiscales a la altura necesaria para enfrentarse a los privados que buscan corromper, también a los funcionarios públicos que buscan aprovechar sus posiciones para bien personal indebido. Sin embargo, si se logra tomar medidas de investigación efectivas, con valientes y atrevidos fiscales (que sí existen), las demoras del sistema judicial y el potencial de corrupción afectando las decisiones se abonan a la problemática”, comenta Crider.
Ante las elecciones presidenciales del próximo domingo 6 de junio entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, el socio fundador de Rebaza, Alcázar & De Las Casas comenta que el Ejecutivo electo deberá actuar en conjunto con el Legislativo para hacer cumplir el marco normativo. “La voluntad política es pilar fundamental para el éxito de cualquier estrategia político criminal en esta materia”, refiere. Desde octubre de 2019 Perú no ha resuelto su crisis institucional.
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Brasil y el poder presidencial
La evaluación de Brasil fue por debajo de 5 puntos en implementación y autoridades, pero sobre 8 en cuanto a su legislación. Su marco normativo es amplio, se establecen bastos protocolos de actuación para las autoridades y otorga suficientes facultades para prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción.
Luciana Tornovsky, quien además de ser parte del Lawyers Council for Civil and Economic Rights es socia de Demarest, señala al respecto del debilitamiento de los órganos de control fiscal, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y la Contraloría General de la Unión (CGU), que se ha venido develando un entorno predispuesto al desvío de recursos destinados a la contratación pública, así como a la falta de control sobre las inversiones del Gobierno Federal y la opacidad sobre los ingresos públicos.
“El sistema general de combate a la corrupción en el país pierde fuerza y, como consecuencia, aumenta el número de casos de malversación de dinero público”, señala.
Según el análisis, una de las oportunidades de mejora para Brasil es el tema de la protección presidencial y sus aliados políticos, “ampliamente utilizada en los últimos años”, se lee en el estudio. En este punto, Tornovsky explica que no es una prerrogativa del Gobierno actual y tampoco exclusiva del Ejecutivo, sino más profunda.
El 13 de mayo pasado de 2020, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, haciendo uso de su facultad constitucional de adoptar medidas provisionales, con fuerza de ley por la urgencia sanitaria, emitió la Medida Provisional No. 966/2020 para limitar la responsabilidad de los funcionarios públicos en actos relacionados con la pandemia por el COVID-19. Esta perdió vigencia cuatro meses después, el 10 de septiembre de 2020.
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“Además de los tipos de protección previstos por la ley, tenemos los derivados de acuerdos firmados entre el Ejecutivo, el Legislativo e incluso con el poder Judicial. En un escenario en que se investiga a gran parte del Congreso y, además, los hijos del presidente son investigados por prácticas corruptas, nos parece claro que hay un movimiento silencioso para a debilitar la lucha contra la corrupción”, explica la experta y socia de Demarest.
Luciana Tornovsky considera que medidas como la ley de abuso de autoridad, que limitó el poder de jueces y fiscales; la determinación de la rescisión de las Força Tarefa, los grupos especializados que, entre otras tareas, investigaban la Operación Lava Jato, son el resultado de una unión del Estado para proteger sus propios intereses.
A decir de Todd Crider, el deterioro del marco de anticorrupción del país era previsible con la llegada de Bolsonaro, quien ha venido reforzando una cultura de resistencia contra la rendición de cuentas. “En Brasil existe mayor fuerza institucional, pero el liderazgo va en dirección contraria a utilizar los instrumentos de gobierno para castigar la corrupción”, comenta.
En línea con Transparencia Internacional, el estudio del Vance Center hace hincapié en reconocer que las personas más afectadas por la corrupción son poblaciones vulnerables o personas en situación de pobreza. Al respecto, Eloy Rizzo, asociado en Demarest, refiere que desde el inicio de la pandemia las autoridades han realizado investigaciones sobre irregularidades en las compras públicas por la crisis sanitaria.
“La CGU estima una pérdida potencial de 24,3 millones de dólares por el desvío de fondos e informó que ha actuado en más de 50 operativos iniciados conjuntamente con la Policía Federal. y los Ministerios Públicos (Federal y Estatal)”, detalla Rizzo y agrega que el valor de los contratos y licitaciones sobre los convenios suscritos por los estados y municipios para la compra de medicamentos y equipo hospitalario bajo análisis supera los 270 millones de dólares.
Guatemala sin esperanza
Alfonso Carrillo, socio fundador de Carrillo & Asociados, integrante en Guatemala de Lawyers Council for Civil and Economic Rights, explica el contexto con los factores que obstaculizan la impartición de justicia en la materia: “Primero, hay múltiples disposiciones vigentes que establecen sanciones leves para conductas delictivas que tienen que ver con la corrupción, pero que, en paralelo, dichas conductas también están sancionados de manera severa”. Esto permite que los índices de corrupción se mantengan elevados.
Un segundo punto importante es que se necesita invertir en la capacitación de las figuras novedosas de la materia. Por último, el tercer factor es que no hay esperanza de que los congresistas modifiquen las normas que son esenciales para desincentivar la corrupción o para incentivar la confesión y colaboración de quienes han participado en actos de corrupción.
Guatemala cuenta con la Ley Contra la Delincuencia Organizada (2006) y con la Ley Contra la Corrupción (2012), ambas dotaron al Ministerio Público de facultades para desenvolverse en la lucha anticorrupción. La Ley Contra la Delincuencia Organizada fue revisada en 2009 con lo que se implementaron mejoras en aspectos como la colaboración eficaz y la declaración por medios audiovisuales.
A su vez, las últimas reformas hechas a la Ley Contra la Corrupción son parte del cumplimiento por el Estado de Guatemala con compromisos internacionales suscritos en 2001, 2003 y 2005, por los que se incorporaron figuras delictivas al Código Penal.
“La lentitud del Ministerio Público en la gestión de algunos de los casos, su cuestionada autonomía e independencia, el bombardeo de acciones para dilatar los procesos judicializados y las decisiones del Poder Judicial, también cuestionadas, son algunos ejemplos de obstáculos para la implementación de las normas”, señala Carrillo.
Jaime Chávez Alor, director de políticas para América Latina del Vance Center, detalla que del análisis se desprende que Guatemala enfoca su lucha contra la corrupción desde un punto de vista del sistema de justicia penal y, en términos generales, el sistema no solo enfrenta problemas para combatir la corrupción, sino que no se percibe el panorama completo de los actos de corrupción.
“Ha habido acciones en contra de fiscales y jueces especializados que sí cumplen su trabajo, pero reciben muchos ataques por esto. Es muy interesante el trabajo de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad que está haciendo un gran esfuerzo para fortalecer la independencia institucional contra la corrupción. Lamentablemente, lo hacen de manera aislada, sin apoyo”.
Si bien no existe una política clara anticorrupción en Guatemala para el sector público ni para el sector privado, hay esfuerzos por parte de las empresas para impulsar la implementación del ISO 37001 sobre la ética empresarial.
Latinoamérica y corrupción
De acuerdo con Jaime Chávez Alor, “si bien Chile es el país mejor calificado, no precisamente tiene la mejor legislación. Sin embargo, su marco normativo sí es implementado por las autoridades correspondientes".
“En las conclusiones se refleja una contrariedad en muchos de los Gobiernos evaluados, si bien tienen como bandera el combate a la corrupción, por ejemplo, en el caso de México, la realidad es distinta por la falta de voluntad política”, comenta el especialista.
Es importante revisar los cambios políticos alrededor del mapa continental, especialmente la incidencia de los Estados Unidos con la nueva administración del presidente Joe Biden. A decir de Todd Crider, en los siguientes años se anticipa ver una mayor actividad regulatoria y de anticorrupción en el país norteamericano hacia otros países.
“Mientras que la administración de Trump cuestionaba las normas anticorrupción de las empresas americanas en el exterior, ya que decía que las ponía en desventaja, creo que Biden está alineado con la posición histórica de los Estados Unidos de usar su poder económico, así como la influencia de sus mercados, para contribuir a una reducción de la corrupción y, a su vez, impulsar actividades de investigación”.
Para Crider, es de observar que en Brasil, México, Argentina y Guatemala la percepción es que en los últimos años han retrocedido. “Nosotros hemos publicado un reporte sobre la corrupción en tiempos de COVID y la verdad es que por las medidas excepcionales, sin las protecciones y procesos de costumbre, al estar encerrados en casa, la corrupción ha sabdio aprovecharse. Además de la elección de presidentes populistas y con poco interés real en reforzar instituciones efectivas y del Estado de Derecho, la crisis del coronavirus ha cortado la corriente favorable de anticorrupción”, opina.
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