La gestión menstrual como derecho reconocido para las mujeres

Menstruar es parte del ciclo de vida. En promedio, si sumamos el tiempo que una mujer pasa menstruando esto oscila entre 3 y 8 años de su vida. / Canva.
Menstruar es parte del ciclo de vida. En promedio, si sumamos el tiempo que una mujer pasa menstruando esto oscila entre 3 y 8 años de su vida. / Canva.
Hasta el momento el mercado laboral se rige por normativas que siguen un enfoque predominantemente masculino. Eso excluye a las mujeres y su ciclo biológico, lo que obstaculiza el acceso a oportunidades.
Fecha de publicación: 09/03/2023

¿Por qué hablar de menstruar en el 8M? ¿Por qué hablar de menstruar e instar a que sea un tema central en la conquista de derechos?

Porque es parte del ciclo de vida de las mujeres y personas menstruantes; porque, en promedio este grupo -que representa la mitad de población del planeta- lo hace a lo largo de tres u ocho años y porque evitar su gestión, a través de una política integral, exacerba las condiciones de pobreza y discriminación que atravesamos las mujeres. 

Menstruar, un proceso biológico natural, se convierte en un acto político cuando no se cuentan con garantías para hacerlo de manera digna y en condiciones justas. Basta seguir el debate en torno a la licencia menstrual —España acaba de aprobarlo, por ejemplo— para comprender cómo iniciativas, en apariencia positivas, pueden resultar estigmatizantes para las personas menstruantes, como explican Rachel B. Levitt y Jessica L. Barnack-Tavlaris, expertas del tema. 

Las mujeres evitan hablar de dolores o malestares, sean leves o severos, como en el caso de un diagnóstico de endometriosis, por temor a verse en una situación de diferencia y discriminación.

Países en la región como Perú, México, Brasil y Colombia han emitido ciertos designios de voluntad para atender el tema con legislaciones que plantean el subsidio o eliminar el impuesto a los productos menstruales e incluso un pronunciamiento a nivel Constitucional. Estos avances, a veces solo en papel al no estar reglamentados como es el caso del Perú, son menores frente a los cambios estructurales que deberían llevarse a cabo. Cecilia Kalach, abogada en la Suprema Corte de México y en el Consejo de la Judicatura, nos explica: 

“Las legislaturas, los congresos y gobiernos se ponen la medalla de ‘somos lo máximo’ eliminando el impuesto a los productos (menstruales) cuando no se dan cuenta de que la pobreza para acceder a ellos es estructural y para atenderla tienen que cambiar muchísimas cosas. Lo que necesitamos es transitar a un nuevo entendimiento de qué es la menstruación y eso se va a dar cuando nos tomemos en serio, por ejemplo, los programas de educación sexual, reproductiva y menstrual; cuando nos tomemos en serio cómo la medicina se acerca a la menstruación, cuando nos tomemos en serio cómo los espacios laborales se acercan a ella”. 

Kalach, especializada en investigar la implementación de políticas públicas para garantizar el derecho a la menstruación digna o a la justicia menstrual aplicada al contexto mexicano, asegura que una iniciativa sobre el tema podría generar el cambio si se enfoca en problemas a largo plazo. Algo tan pragmático y urgente como atender, primero, la infraestructura educativa. 

“Por ejemplo, en México el 17 % de las escuelas de educación básica no tienen baños. Cómo animamos a una niña a asistir a la escuela si no tendrá un baño en el cual cambiar su copa, tampón o toalla menstrual. Otro dato es que el 32 % de las escuelas de educación básica no tienen agua diaria. Igualmente, ¿cómo quiero que una niña pueda gestionar su menstruación en la escuela si no tiene agua?”

A decir de Diana Duque, antropóloga y especialista en gobierno y políticas públicas en Colombia, generar una subvención de estos productos implica un equilibrio de la forma en la que se está gestando la economía para las mujeres, pero no garantiza sus derechos ni económicos, ni sociales. 

“Permitir que haya un subsidio ayuda a que haya una dignificación de la gestión menstrual, pero no solo de esta, sino de la salud de las mujeres. Ahora, este es un asunto básico de dignidad y, como sociedad, debemos buscar unas garantías mínimas de dignidad y bienestar. Justamente la gestión menstrual está vinculada a eso”. 


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En un mundo capitalista, empecemos por los derechos económicos

“Tener la regla sale caro, eso es indiscutible. Supone un gasto muy importante para las mujeres y personas menstruantes, aunque muy variable según el método de higiene, el tipo de sangrado o la duración de cada menstruación, pero que de media puede ascender a USD 2.100 a lo largo de nuestra vida fértil”, explica Desirée Aehl, abogada especialista en violencia de género en España.

En la actualidad, solo Irlanda y Reino Unido cuentan con una subvención total de los productos menstruales, mientras que Francia, Alemania y Portugal mantienen cierto impuesto (5 %, 7 % y 6 %) reducido. 

“En España, desde septiembre de 2022, después de innumerables intentos, por fin se llevó a cabo una de las mayores reivindicaciones del movimiento feminista, esto es reducir el IVA de los productos menstruales de 10 % al 4 %, considerando que no se trata de un lujo, sino de productos de primera necesidad”. 

Ahora bien, resulta insuficiente el impulso que las políticas fiscales le dan a la menstruación para que esta sea con dignidad. Conseguirlo requiere de otros cambios que pasan, de acuerdo con las expertas, por acceso a servicios, educación y conciencia en torno a la menstruación. 


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La búsqueda no solo es poder menstruar en condiciones óptimas sin impactar la economía de las mujeres. Se trata de transformar el sistema aspirando a “una justicia laboral y educativa de la mano con el desarrollo de un programa integral de cuidados”, destaca Cecilia Kalach.    

Lo que plantea la abogada mexicana entra en relación directa con aquello reconocido por organizaciones como la Cepal, Naciones Unidas y el Banco Mundial, como la ‘feminización de la pobreza’. Es decir, una tendencia marcada por la desigualdad económica en la que las mujeres resultan más perjudicadas: menores salarios, mayor carga de trabajo doméstico no remunerado y una reducida capacidad adquisitiva. Todo ello se ha intensificado debido a la crisis sanitaria del COVID-19.

Mientras que 21 países en el mundo ya han reconocido el impacto negativo de gravar los productos menstruales, como contabiliza Adriana García Jiménez, asesora del Consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México; este número se reduce a casi la tercera parte sobre los países que han considerado a la menstruación y sus síntomas, sobre todo si son incapacitantes, como motivo de licencia.  


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España se ha convertido hace poco en el primer Estado de la Unión Europea en promulgarlo como normativa. Para Desirée Aehl, actualmente abogada de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras de Catalunya, esta medida visibiliza un menstruación discapacitante.

“Creo que es una medida que visibiliza a las mujeres y personas menstruantes que atraviesan una menstruación incapacitante. Es decir, un dolor intenso que va acompañado de calambres, mareos, vómitos e incluso desmayos, lo que se conoce como dismenorrea. Esta manifestación afecta a un tercio de las mujeres y personas menstruantes. Por tanto, no se concede la situación de incapacidad temporal por el mero hecho de tener la regla, sino que debe existir un diagnóstico sobre el grado de incapacidad y debe estar reflejado en su historial médico”.

Lo que la abogada española apunta hacia el final es justamente uno de los aspectos que problematizan a la medida, que entra en vigencia este junio: la medicalización de la menstruación, aislada de las demás dimensiones (psicoemocionales y socioculturales) por las que se atraviesa al menstruar, sin considerar en lo absoluto los niveles de violencia gineco-obstétrica a las que nos solemos ver expuestas cuando buscamos asistencia médica y diagnóstico.

Otro aspecto crítico es la discriminación en el espacio laboral. Japón, primer país en promulgar esta medida, implementada en 1947, es un caso aleccionador. Aunque pionero y referente para otros Estados como Corea del Sur, Indonesia y Zambia, en Japón la licencia menstrual no tuvo el efecto esperado: las mujeres no quisieron hacer uso de ella. ¿Por qué? Cecilia Kalach, especialista en justicia menstrual, nos cuenta:

“Cuando se pregunta a las mujeres por qué no utilizan la licencia, las mujeres contestan: ¿es que no se dan cuenta de que en la medida en que yo no voy a trabajar durante mi periodo menstrual, aunque sea muy doloroso, me discriminan, se burlan de mí, me consideran como débil? No nos quieren contratar”.

En la Ciudad de México se está discutiendo en el Congreso del Estado una iniciativa en esta línea y Kalach plantea una crítica contundente:

“Para optar por la licencia -en caso de que esta fuera aprobada por el Congreso- la persona menstruante, cuyos dolores y síntomas son incapacitantes, tiene que contar con un justificante médico. Eso implica pasar una consulta médica, atravesar los altos niveles de violencia gineco-obstétrica que se registran en México, sobre todo si se trata de cuerpos disidentes y mujeres trans; luego esperar un diagnóstico que para una endometriosis puede tomar hasta 8 años de evaluaciones. ¿Por qué esta falla en el sistema? ¿Por qué el trabajo legislativo se enfoca en regular iniciativas poco funcionales para una transformación integral? Es probable que nadie la utilice y sea instrumento para asegurar que se crean las leyes, pero no se utilizan”.

Para Diana Duque, fundadora de la página de Estudios de Género en América Latina (EGAL), la medida en materia de licencia menstrual que se aplica en Colombia, aunque atiende a una población vulnerable como niñas y adolescentes, es discriminante al enfocarse solo en ese grupo y querer resolver el ausentismo escolar debido a la menstruación. Sin considerar otros aspectos claves, como el de la infraestructura educativa y comunitaria, y la ausencia de pedagogías sobre sexualidad y menstruación.  

“Hay muchas mujeres para quienes la menstruación es incapacitante y esto no les permite tener una participación normal en el trabajo y en el mercado laboral. Entonces establecer una garantía de que van a tener licencia menstrual, es decir, que cuando menstrúen estarán en sus casas, será un acto mínimo de reconocimiento. Sin embargo, aplicarlo solo al entorno escolar es una figura de exclusión porque deja fuera a otras mujeres y personas menstruantes en edad adulta que lo están atravesando”.


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¿Qué sigue?

“La menstruación no es solo un tema de mujeres o personas menstruantes, nos afecta a todes”, expresa Desiré Aelh. La clave, coinciden las tres especialistas, está en los esfuerzos de concientización y pedagogía, no solo en el ámbito educativo, sino en todo espacio de intercambio, esencialmente en el espacio laboral. A decir de Cecilia Kalach, esto se plasma de la siguiente manera:

“En este sistema capitalista feroz, todo lo que tiene que ver con bonos, salarios o subidas de escalafón, es decir, subir puntos en la empresa, está íntimamente conectado con el tiempo que se pasa en el trabajo. Entonces, si de por sí tengo desventaja con los hombres por una cuestión estructural, ¿cómo voy a optar por una figura como la licencia que me pondrá en desventaja inmediata? Tenemos que entender que la licencia menstrual no va a funcionar si no se implementan otras medidas que pueden proporcionar seguridad, me refiero, por ejemplo, a programas de concientización sobre trastornos y enfermedades relacionadas con la menstruación, programas de educación dentro de los espacios de trabajo, entre otras”.

En su experiencia de trabajo estratégico en el sector corporativo, Diana Duque rescata el impulso transformacional que algunas compañías están volcando en prácticas para atender las necesidades personales de su equipo.

“Se están implementando buenas prácticas que trascienden a las leyes para atender las necesidades del personal. Parte de ellas se enfocan en humanizar sus necesidades, darle reconocimiento y diligencia a aquello que puedan requerir para un ejercicio de sus labores en una cultura de bienestar”. 

Frente a ello recomienda no esperar al Estado de Colombia, sino implementar, a la interna, acciones y buenas prácticas para dar reconocimiento a las necesidades en salud de las mujeres trabajadoras. Esto contribuirá mientras se está empujando y sosteniendo los avances por legitimar y visibilizar los derechos de las mujeres.

“La educación ciudadana será otro componente esencial. Que sea una educación desde la empatía y la equidad de género. Porque más allá de pensar en hacer una ley, se debe pensar en cómo transformar el entorno social para hacer que tenga asidero. Así los avances desde lo corporativo pueden continuar y cuando lleguen a la etapa de socializarlos en el sistema de salud, con otras instituciones o con la colectividad, será más llevadero y hasta efectivo. Tendrá el efecto transformador. Yo digo: hagamos todo, continuemos con los avances, pero eduquemos, por favor, eduquemos”.

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