Financiamiento de programas DEI: ¿Qué pasará con las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión en Latinoamérica?

En los últimos meses, grandes empresas transnacionales de origen estadounidense, como Meta, Google, Amazon, American Airlines, McDonald’s, Target, Walmart, Ford, Harley-Davidson, John Deere, entre otras, han abandonado sus iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas). Algunas de estas lo hicieron incluso antes de que Donald Trump colocara el tema en la agenda global, luego de asumir, por segunda vez, al Poder en la Casa Blanca; una postura personal que abanderó en su campaña y que hizo pública con la orden ejecutiva N° 14.173, con la que firmó el final del apoyo federal para este tipo de programas.

Pero esta medida administrativa encuentra sustento con la sentencia, en 2023, de la Corte Suprema de EE. UU., con la que puso fin a la llamada acción afirmativa, que dejaba a criterio de las universidades la posibilidad de admitir a los estudiantes por su raza. El fallo ha alimentado la cultura antiwoke, rechazo de la denominada discriminación inversa y el despilfarro de recursos.

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Estos precedentes representan un fuerte revés para un movimiento que había estado tomando incluso más más cuerpo con los acontecimientos que catapultaron el Black Lives Matter en 2020 y 2021. Desde mucho antes, empresas públicas y privadas habían estado implementado programas en cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), como la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, contemplados en la Agenda 2030. 

También han venido adoptando criterios ESG (ambiental, social y gobernanza en español), que en su componente social se insertan los programas DEI, para impactar positivamente en la sociedad, invirtiendo también en proyectos que promueven la diversidad y la inclusión en su eje social. 

América Latina no escapa del fenómeno antiwoke. De hecho, ya algunos gobiernos, como los de Argentina y El Salvador, han dado muestras de desconocer la ideología de género y el lenguaje inclusivo, comenzando por las escuelas.

A esto se ha sumado el cese de actividades de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), con gran impacto en varios países de la región, como Colombia y Perú. 

Ahora bien, ¿en qué medida afectará a Latinoamérica el efecto dominó que se observa desde el norte del continente en relación con el desfinanciamiento o la desinversión en proyectos de Diversidad, Equidad e Inclusión?

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Entre avances y retrocesos

Para Fernanda Garza Magdaleno, socia de SMPS Legal - México, en América Latina y el Caribe, el financiamiento de proyectos de género enfrenta desafíos significativos. Sin embargo, destaca que, en México, el panorama es distinto al de Estados Unidos, pues, desde su llegada a la presidencia, en octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado diversas políticas para fortalecer la igualdad de género. Destaca, entre estas, la propuesta de reformas constitucionales para garantizar la igualdad salarial, erradicar la violencia de género y asegurar la paridad en los gabinetes gubernamentales.

“La administración de Claudia Sheinbaum ha puesto un énfasis particular en el desarrollo de nuevas políticas inclusivas, con una visión más abierta y progresista respecto a la diversidad, equidad e inclusión, demostrando que estas forman parte central de su política de gobierno”, expresa la abogada y añade que, en este orden se creó la Secretaría de las Mujeres para atender la violencia de género, los feminicidios y la discriminación. 

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A esto se agregan iniciativas como la campaña lanzada en noviembre pasado 'Es tiempo de mujeres sin violencia', la implementación del programa social 'Pensión para el Bienestar de las Mujeres Adultas Mayores', que otorga un apoyo económico bimestral a mujeres mayores de 60 años, especialmente pensado en mujeres indígenas y afromexicanas. 

Sin embargo, estas políticas, a decir de la especialista, enfrentan retos importantes sobre la viabilidad de su implementación efectiva, especialmente en el contexto de recortes presupuestarios.

El caso no es ajeno en Argentina, donde la abogada independiente Jesica Lorenzo ha emprendido una lucha por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y principalmente la neurodivergencia.

En ese país, la cuestión presupuestaria se ha prorrogado sin modificaciones lo que significa que necesariamente llegan recortes a los sectores más vulnerables", de acuerdo con Lorenzo.

El año pasado, como parte de sus políticas de reducción del aparato estatal y aduciendo un manejo político-partidista para imponer una agenda ideológica, el presidente Javier Milei suprimió el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades y lo transformó en una subsecretaría adscrita al Ministerio de Justicia.

Al respecto, la abogada agrega que, en realidad, ese despacho significaba un negocio de unos pocos y pocas políticas públicas llevadas adelante en las cuales verdaderamente se viesen reflejadas la necesidades y realidades de las mujeres, especialmente las de menores recursos, y menos herramientas que les permitieran luchar por sus derechos.

Como abogada, madre y activista por los derechos de las personas con discapacidad, no duda que ha habido un mal abordamiento de estos temas, pero que no se condicen solamente al gobierno actual.

"Basta con retrotraerse a la Ley Nº 26.618, de matrimonio igualitario, sancionada el 15 de julio de 2010 al mero efecto de la obtención de votos del gobierno de turno, ya que hasta el año 2015 con la Reforma del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina seguían vigentes la figura de madre y padre, quedando a merced de legislación, doctrina y juzgados donde algún pleito referido a cuestiones contradictorias entre matrimonios del mismo sexo veían vulnerados sus derechos".

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Lorenzo destaca la importancia de mantener los cupos (acciones positivas que, si bien son discriminatorias en sí) como única forma de garantizar los porcentajes de grupos vulnerables como personas con discapacidad y mujeres; con la salvedad que no sean forzados a encajar, sino que sean instrumentados junto con políticas públicas, idoneidad de quienes asuman y estén dentro de los mismos y no sea un mero maquillaje para la foto. 

Actualmente, está planteada la reforma al Código Penal para eliminar la figura del femicidio, concepto que ha sido duramente cuestionado por Milei dentro y fuera de Argentina.

Desde Chile, Bárbara Berger Correa, doctora en educación y sexualidad de University College London, psicóloga infanto-juvenil por la Pontificia Universidad Católica de Chile y asesora educacional en temas de género, relaciones afectivas y sexualidad para familias y escuelas, teme que, "luego de intentos fallidos de un gobierno supuestamente feminista y más aún con la pronta época de elecciones, veamos que estos temas vayan diluyendose cada vez más en la agenda pública". No obstante, menciona a la Ley Zamudio (Ley N° o Ley de no discriminación), como una fortaleza, con su vigencia empresas y otras instituciones no podrían desentenderse de las políticas de inclusión de la diversidad en el trabajo o la escuela, como si se vió en EE. UU. Además, en Chile se aprobó el año pasado la Ley Karin, para prevenir y sancionar la violencia y el acoso laboral en los espacios laborales, norma que se encuentra ya en vigencia.

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¿Se reorganizará la cooperación?

Más allá de las limitaciones internas de los gobiernos de la región para impulsar iniciativas DEI o de la oposición a estas, así como de la pérdida de la cooperación de la Usaid, hay expectativa de que se mantenga el financiamiento.

Yoab Bitrán, director del grupo compliance de Albagli Zaliasnik, señala que las fuentes de financiamiento de estos proyectos son diversas y cita como ejemplo a la Unión Europea, organizaciones multilaterales y fondos de inversión privados que mantienen la igualdad de género como foco de inversión.

Asegura que, en el caso de Chile, donde la Usaid tenía una presencia limitada, no se han visto cambios significativos, como tampoco en relación con programas vinculados a entidades como el BID y el Banco Muncial; aunque considera que “es muy pronto para decir”, no descarta alguna novedad en relación con este tipo de financiamiento, dada la influencia de Estados Unidos en estos organismos.     

Alejandra Onofa, directora de estrategia de Assertum, una empresa ecuatoriana que brinda asesoría especializada en inclusión laboral y movilidad, también espera que se mantenga el financiamiento de multilaterales a programas DEI tanto del lado privado como del sector público, sobre todo porque asegura que responden a una serie de parámetros que se tienen muy bien definidos e incluidos en un capítulo de salvaguardas ambientales y sociales.

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Al igual que en Chile, en Ecuador la presencia de Usaid era pequeña, apenas había reactivado sus operaciones en el período postpandemia. Onofa cree que si bien se reorganizarán la cooperación y los fondos, advierte que no será de la noche a la mañana, esperando que su presencia se pueda ver hacia 2026.

En torno al efecto dominó que se observa de grandes corporaciones al dejar de invertir en iniciativas DEI adicionales, resalta que en Ecuador hay una normativa base, que es lo mínimo que se tiene que cumplir respecto a este tipo de programas. Además de que los compromisos asumidos en los contratos con multilaterales deben honrarse.

Parte de los esfuerzos de Ecuador en relación con programas de diversidad, equidad e inclusión se resumen en la contratación de personas con discapacidades, contemplada en el Código del Trabajo; paridad de género en la postulación de candidaturas electorales, en cumplimiento del Código de la Democracia, y la contratación de mujeres que impulsa también la Ley de Economía Violeta, de manera que —para Onofa— se ha hecho lo posible para que esto no sea una política empresarial o una política de paso, sino normas y leyes que deben cumplirse.

Frente a este tipo de pronunciamientos, la consultora señala que también hay que ver cuál ha sido la reacción que hay en la región, donde —asegura— el sector empresarial en Perú, Colombia y Ecuador ha consolidado espacios encabezados por mujeres. 

“La intención es mantener lo que se ha ganado y seguir promoviendo este tipo de iniciativas desde esos espacios”. 

Fernanda Garza señala que en México se cuenta con instituciones gubernamentales para conseguir recursos y respaldo, como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, mientras que, en el ámbito privado, empresas comprometidas con la responsabilidad social empresarial buscan fomentar la inclusión y la equidad dentro y fuera de sus organizaciones. Tal es el caso de Iberdrola México, que implementó una oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión, logrando avances significativos en la participación femenina y la inclusión de grupos minoritarios, además de lanzar la iniciativa DestElla, enfocada en promover la participación y el empoderamiento de las mujeres a través del deporte. 

Ello sin contar las organizaciones internacionales y bancos de desarrollo que ofrecen financiamiento para proyectos que promueven la diversidad y la inclusión, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), agencia internacional que trabaja en México en pro del desarrollo sostenible, enfocándose en áreas como la reducción de la pobreza, la desigualdad y el cambio climático y que colabora con diversas organizaciones y entidades gubernamentales para financiar y ejecutar proyectos DEI.  

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El costo de desconocer los criterios ASG

Tras referirse a la aprobación de legislación contra criterios ESG en decisiones de inversión, de una tendencia a un freno en este tipo de estrategias, el dejar de usar la palabra ESG, las falencias en su estandarización reportadas por fervientes defensores y de predecir un foco excesivo en la reportería, Yoab Bitrán cree que, si bien puede que el acrónimo ESG como construcción haya perdido brillo, su propuesta subyacente sigue siendo esencial. 

“La evidencia nos muestra el imperativo de que las empresas obtengan su licencia social, lejos de retroceder, está aumentando. Las empresas con compromisos genuinos (no oportunistas) con la sostenibilidad, así lo han entendido”, manifiesta.

Garza advierte de los riesgos y retrocesos que representa el desconocimiento de las estrategias ESG. 

“Las compañías que operan en países donde se eliminan políticas de género enfrentarían dificultades para adherirse a regulaciones internacionales y certificaciones”, asegura la socia de SMPS.

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A ello suma que la falta de alineación con las tendencias globales de sostenibilidad podría generar preocupaciones entre los actores financieros que exigen avances en equidad y derechos humanos y que las empresas que operen en entornos indiferentes a la inclusión sean señaladas por no hacer lo suficiente para promover la equidad, lo que impactaría negativamente su imagen ante clientes y otros grupos de interés.

El desmantelamiento de políticas de género y equidad también puede afectar significativamente el flujo de inversiones en la región. Fondos de inversión y bancos de desarrollo con criterios ASG podrían reducir o condicionar su financiamiento a países y empresas que no cumplan con estándares de inclusión. Asimismo, las compañías que no demuestren avances en equidad de género corren el riesgo de ser excluidas de índices bursátiles y fondos que priorizan inversiones sostenibles. Esto, a su vez, podría elevar el costo del capital, ya que el incumplimiento de criterios ASG puede traducirse en tasas de interés más altas y un acceso más limitado al financiamiento internacional.

Empresas multinacionales exigen que sus proveedores y socios comerciales cumplan con estándares ASG, por lo que, si estos se ven afectados en ciertos países, podrían reconsiderar sus relaciones comerciales, mientras que los consumidores, cada vez más conscientes y exigentes en materia de transparencia y equidad, podrían rechazar a empresas que no demuestren un compromiso real con la inclusión, afectando su fidelidad a la marca.

Además, la socia de SMPS menciona que la atracción y retención de talento también se podría ver comprometida, ya que los profesionales calificados suelen preferir organizaciones con políticas claras de equidad, por lo que observa que, en este contexto, aunque algunas empresas intenten adaptarse a los cambios regulatorios en sus países, el entorno global sigue priorizando estrategias ASG sólidas.

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José Gerardo Vázquez San Martín, quien también es socio en SMPS, no duda que tras la orden ejecutiva de Trump sobre DEI, las empresas enfrentarán un entorno más desafiante en EE. UU., que incluye:

• Reconfiguración de estrategias DEI: Por la presión legal y regulatoria en EE. UU., muchas empresas podrían optar por rediseñar sus programas DEI para alinearlos con el nuevo discurso de “mérito” e “igualdad de oportunidades”.
• Ajuste en la divulgación ASG: Algunas empresas podrían optar por modificar la forma en que reportan sus compromisos de equidad y diversidad para minimizar riesgos de litigios o sanciones por parte del gobierno de EE. UU.
• Dilema de cumplimiento global: Empresas con presencia en EE. UU., México y Europa deberán equilibrar regulaciones divergentes. En México, la Taxonomía Sostenible sigue promoviendo criterios de equidad, mientras que en Europa, regulaciones como la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) mantienen un fuerte énfasis en DEI.

Inquietudes empresariales

Clientes de SMPS ubicados en México y con operación en EE. UU. o como parte de la cadena de suministro a empresas en EE.UU. manifiestan inquietudes relacionadas con:

1. La posible revisión de políticas internas para evitar riesgos legales en EE. UU.
2.  Dudas sobre la continuidad de programas de diversidad en plantas y oficinas en EE. UU.
3. Riesgo de litigios si sus políticas DEI son percibidas como contrarias a las nuevas regulaciones.

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Mientras que los clientes del despacho basados en EE. UU. y que tienen o pretenden tener operación en México, les inquieta:

1. Necesidad, o no, de operar bajo dos marcos regulatorios distintos, con políticas diferenciadas en cada país.
2. Desafío de mantener la coherencia en la comunicación y reporte de sostenibilidad sin generar contradicciones regulatorias.
3. Riesgo de afectar su reputación global si eliminan DEI en EE.UU., pero lo mantienen en México y otras regiones.

De allí que San Martín considera que las empresas deberán adoptar estrategias flexibles para operar en mercados con regulaciones opuestas. 

“La clave será mantener sus compromisos ASG de manera estratégica, alineándose con regulaciones locales sin comprometer su atractivo para inversionistas globales”, comenta referirse a la incertidumbre que pueden generar en el mercado las órdenes ejecutivas, además de afectar las decisiones de inversión en varios niveles:

• Cambio en la evaluación de riesgos: Inversionistas institucionales con enfoque ASG podrían reconsiderar su exposición a empresas que modifiquen o reduzcan sus compromisos en DEI, generando riesgos de desinversión.
• Menor acceso a fondos de inversión sostenible: Empresas que reduzcan o eliminen sus iniciativas de diversidad podrían perder acceso a financiamiento de fondos de inversión de impacto o sostenibles, afectando su competitividad.
• Volatilidad en la percepción de valor: Las empresas que enfrenten presiones regulatorias en EE. UU. por sus estrategias de equidad podrían ver afectada su reputación ante inversionistas europeos y latinoamericanos.