COP29: el rol de los abogados en la transición climática

Los despachos tienen un reto clave: convertirse en aliados estratégicos en la transición climática. Ahora bien, ¿están preparados de cara a los desafíos asumidos por los países en la COP29? La 29ª edición de la Conferencia de las Partes (COP29) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se llevó a cabo a fines del mes pasado en Bakú, Azerbaiyán. El objetivo de la cumbre fue fortalecer los compromisos internacionales para limitar el calentamiento global a 1.5°C por encima de los niveles preindustriales, en línea con el Acuerdo de París. 

La última edición reunió a representantes de gobiernos, organizaciones internacionales, el sector privado, la academia y la sociedad civil para discutir y tomar decisiones sobre acciones globales frente al cambio climático.

Algunos de los ejes centrales de la COP29 han sido el financiamiento climático, la justicia climática, la transición energética y los mecanismos para implementar soluciones basadas en la naturaleza. En este contexto, de forma indirecta, la cumbre redefinió la agenda legal global. ¿Qué se espera de América Latina?

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Compliance, financiamiento verde y resolución de conflictos ambientales

El tiempo es hoy: América Latina necesita avanzar hacia una economía de bajas emisiones de carbono o, mejor aún, hacia una economía regenerativa. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para cumplir los objetivos de descarbonización pactados en París, la región debe movilizar entre 470.000 millones y 1,3 billones de dólares al año de aquí hasta el 2030.

Si bien la COP29 estableció objetivos ambiciosos para replantear las estrategias económicas y regulatorias de los países que se adhirieron, en el caso puntual de América Latina el reto es aún mayor.

La región, rica en recursos naturales, es una de las más castigadas por los efectos del cambio climático: incendios forestales, inundaciones, crisis energéticas, pérdida de biodiversidad, derretimiento de glaciares, y amenazas constantes a ecosistemas angulares, como la Amazonia y los arrecifes de coral, por solo nombrar algunos. Empero, al mismo tiempo, es una de las zonas con mayor potencial para transformar los modelos de desarrollo de los países.

“América Latina tiene un enorme potencial para desarrollar proyectos sostenibles y ser proveedor de servicios ecosistémicos al mundo”, señala Manuel Frávega, socio del departamento de Derecho Ambiental y Cambio Climático de Beccar Varela.

Con varios cambios de gobierno latentes, altos índices de corrupción y poblaciones por debajo de la línea de la pobreza, para algunos países latinoamericanos poner la agenda ambiental 2025 sobre la mesa puede ser titánico. Por eso, el sector legal tendrá un rol clave.

Alexander Berkemeyer, especialista en Derecho Corporativo y Comercial de Berkemeyer, considera que los acuerdos de la COP29 impulsarán una revisión y actualización de la normativa ambiental.

“Se espera un mayor desarrollo normativo en áreas como la electromovilidad, la gestión de residuos y el control de emisiones industriales. La COP 29 también puede influir en la implementación de la Ley de Créditos de Carbono y el fortalecimiento del sistema de valoración y retribución de servicios ambientales”.

En este sentido, los despachos de abogados de la región deberán prepararse para asumir un rol complejo: asesorar a empresas y gobiernos en el cumplimiento de compromisos internacionales, adaptarse a nuevas normativas y liderar iniciativas innovadoras en áreas como el financiamiento verde, la transición energética y el litigio climático.

Para Loriane Damián, abogada del área de Derecho Ambiental y Sostenibilidad de Araquereyna, el sector público y el sector privado deberán trabajar de forma articulada para mitigar las consecuencias del cambio climático.

“Los gobiernos, y especialmente aquellos que no cuentan con un marco institucional y un marco regulatorio específico que regule la emisión de bonos verdes, los mercados de carbono, el desarrollo de proyectos de energías renovables y la movilización de tecnologías verdes, como es el caso de Venezuela, se enfrentarán a dos desafíos puntuales: implementar un marco regulatorio que promuevan mercados de carbono transparentes o funcionales o que, al menos, se emitan comunicados que promuevan y faciliten los mercados voluntarios de carbono para que sea el propio mercado el que defina sus reglas; y fomentar los proyectos de energías renovables que abran oportunidades para inversiones en proyectos de transición energética”, explica.

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Bonos verdes y mercados de carbono

La COP29 identificó al financiamiento climático como la gran piedra angular, pero en la región aún existen complejidades para canalizar estos fondos hacia proyectos sostenibles.

“Si bien muchos países avanzaron en la aprobación de leyes para canalizar fondos, como los casos de las leyes de mercado de carbono sancionadas recientemente por Paraguay y Brasil, existen varios desafíos legales vinculados, por ejemplo, a la conformidad con las metas previstas en las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), la creación y/o el funcionamiento de los registros, la determinación de la naturaleza jurídica de los instrumentos creados (créditos de carbono, créditos de biodiversidad, etc.), el régimen tributario aplicable y los procedimientos administrativos que le aplican, entre otros. En países federales, como Argentina, se suma el desafío de la coordinación y armonización de los regímenes legales de las provincias con los marcos regulatorios nacionales”, subraya Frávega.

Los mercados de carbono pueden ser de tipo internacional, desarrollado a nivel de los gobiernos, o de tipo local, desarrollado principalmente por las empresas con objetivos de neutralidad cero. A su vez, hay mercados de carbono voluntarios, en los que los operadores del sector privado establecen sus propias reglas para intercambiar los créditos de carbono por un precio, y mercados regulados, en los que los gobiernos deciden cómo se regula la compra y venta de unidades de carbono, así como también las emisiones de gases de efecto invernadero permitidas por sector.

Yolanda Pereira, especialista en Derecho Ambiental y Energía de Berkemeyer, sostiene que establecer los mecanismos para articular el financiamiento de proyectos es un desafío en sí mismo.

Damián coincide y agrega que la falta de regulación específica en muchos países de la región es el principal desafío legal para desarrollar mercados de carbono robustos y confiables.

“A pesar de que en varios países, incluyendo Venezuela, podría establecerse un mercado de carbono voluntario entre privados, la implementación en América Latina está atravesada por la credibilidad y verificación, la metodología de medición y certificación y la regulación del mercado. Esas complejidades podrían ser resueltas con un marco regulatorio que establezca los parámetros para garantizar que las empresas emisoras de bonos verdes cumplan estándares rigurosos de transparencia y que sus proyectos realmente reduzcan las emisiones que pretenden reducir. Así mismo, será necesario establecer criterios claros para calcular y certificar las reducciones de emisiones de carbono”, añade la abogada de AraqueReyna.

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Argentina, Paraguay y Venezuela: ¿Cuáles son los desafíos legales en la implementación de las metas acordadas en la cumbre?

Manuel Frávega: En Argentina, la implementación de las metas acordadas en la COP29 representa un desafío reglamentario. En el país ya contamos con un cuerpo normativo climático general vigente, como la Ley 27.520 de presupuestos mínimos de cambio climático, el Plan Nacional de Mitigación y Adaptación (Resolución 146/23), el Plan Nacional de Transición Energética (Resolución 517/23), y otras normas complementarias. El mayor desafío es la reglamentación e inicio de implementación de las medidas comprometidas, tanto para mitigación como para adaptación. En ese sentido, por ejemplo, es un desafío establecer los mecanismos para poder instrumentar la ­financiación climática del Acuerdo de París, así como la instrumentación del mercado de carbono. Por otra parte, recientemente la COP29 aprobó el Marco de Indicadores para el Objetivo Global de Adaptación, cuyo texto debería ser eventualmente considerado e implementado por la Argentina.

Por otro lado, las provincias están avanzando con diversas normas y políticas públicas climáticas. De hecho, recientemente, Jujuy y La Rioja modificaron sus constituciones e incluyeron derechos de cuarta generación, como el cambio climático y la biodiversidad. También es cierto que las provincias tienen pendiente cumplir con el plazo para presentar sus planes climáticos (“Planes de Respuesta”), que venció en diciembre de 2023. Esto genera un riesgo de litigio climático para las provincias por omisión a la obligación prevista en la Ley 27.520 de presupuestos mínimos de cambio climático.

Por lo tanto, en términos generales, el mayor desafío es el timing y el alcance de la implementación y reglamentación de los compromisos asumidos a nivel nacional y provincial.

Yolanda Pereira: El compromiso del Paraguay en cuanto a la contribución nacionalmente determinada (NDC) aborda los componentes de adaptación y de mitigación. En el marco legal de las convenciones internacionales y de la Ley Nacional de Cambio Climático, se han establecido sendos planes nacionales para su gestión. Además, se ha promulgado la Ley de Créditos de Carbono y se ha fortalecido el sistema establecido por la Ley de Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales.

Más recientemente, se ha trazado una Estrategia Nacional para Controlar las Emisiones de CCVC (contaminantes climáticos de vida corta), que impulsa iniciativas específicamente en tres sectores: electromovilidad, gestión de residuos y control de fuentes de emisión en la industria, áreas en las que, si bien existe alguna legislación, el desarrollo normativo es escaso. Asimismo, la financiación de los compromisos de mitigación y adaptación se estima requiere -según reportes- al menos 22.900 millones de dólares, de los que el país ha recibido una ínfima parte.

Loriane Damián: La decisión de los gobiernos tendrá una influencia importante en las decisiones de inversión y en las estrategias e iniciativas de sostenibilidad de las empresas.

La clave para el sector privado, y especialmente para las empresas, será mantenerse informadas de todos los cambios legales que puedan surgir; contar con la capacidad y flexibilidad para adaptarse a nuevos cambios regulatorios y aprovechar las oportunidades, especialmente para trabajar en conjunto con el sector público para alcanzar un fin común: la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

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Cómo la COP29 cambiará las prioridades legales en América Latina: aprendizajes y pronósticos

Es un hecho: el cambio climático impactará en la práctica legal. Pues bien, ¿cómo se posicionarán las firmas como agentes estratégicos de esta transformación?

“Es probable que los litigios climáticos crezcan en 2025, siguiendo con las tendencias en la región y a nivel global”, anticipa Manuel Frávega.

Loriane Damián apunta que en un panorama global, impulsado por la emergencia climática, se fortalecerán áreas clave del derecho ambiental y la sostenibilidad. 

“A medida que los compromisos internacionales exijan una mayor responsabilidad a gobiernos y empresas, habrá áreas específicas que crecerán de la mano, como financiamiento de proyectos de energías renovables; corporativa, regulatoria y fiscal (finanzas sostenibles, bonos verdes y cumplimiento normativo); sostenibilidad (estrategias de ESG e iniciativas corporativas sostenibles); y litigios ambientales y climáticos”, indica.

Para Alexander Berkemeyer, los despachos deberán estar preparados para acompañar a las empresas en su camino hacia la descarbonización y la creación de valor sostenible.

“Paraguay podría fortalecer su participación en el mercado voluntario de carbono, a partir de la ley promulgada recientemente. Así mismo, el mercado regulado nacionalmente de certificados de servicios ambientales también podría  verse impulsado por la mayor inversión en infraestructura e industrias de alto impacto ambiental obligadas a adquirir los certificados”, resume.

La COP29 no solo marcó un hito en los compromisos internacionales frente al cambio climático, sino que también redefinió el papel de las normativas legales en América Latina. Con acuerdos dirigidos a mitigar emisiones, preservar la biodiversidad y garantizar la justicia climática, los países de la región se enfrentan al reto de traducir estos objetivos globales en marcos legales efectivos.

Los despachos legales, en consecuencia, deberán adaptarse rápidamente a nuevas normativas ambientales, asesorar en la implementación de mecanismos de cumplimiento y liderar en temas de financiamiento sostenible.

Para tener apuntado, algunas de las prioridades de la región son: la defensa de derechos indígenas frente a megaproyectos, la regulación de tecnologías limpias, la transición hacia economías regenerativas y el apoyo legal para alcanzar la carbono-neutralidad.