En los últimos cinco años, incluso antes de la pandemia, Latinoamérica fue sede del desarrollo de una serie de proyectos tecnológicos legales como Prometea, en Argentina; PretorIA, en Colombia, y Proyecto VICTOR, en Brasil. Herramientas de inteligencia artificial que eficientan la evaluación judicial en los tribunales. Ciertos tribunales, oficinas públicas y despachos de abogados pudieron sobrellevar la llegada del coronavirus por haber implementado procesos digitales en sus labores. Muchos de estos ni siquiera pararon. A eso se suma que algunas instituciones de educación superior ya contaban con materias, en sus currículas, enlazadas a la tecnología: ya fuera para usarla en el servicio al cliente o para estudiar su regulación.
Aunque la región ha tardado en “despegar”, como dice Mayra Alejandra Ariñez Vera, fundadora de la Sociedad de Derecho y Tecnología, y cofundadora de la Alianza Latinoamericana para la Innovación Legal, “en unos años estaremos hablando de las iniciativas latinas que serán replicadas en todo el mundo”.
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Han pasado ocho meses desde que los gobiernos latinos tomaron medidas drásticas para prevenir los contagios de COVID-19. Y mientras el contexto presentaba la oportunidad para generar la transición hacia lo digital, da la impresión de que el plano legaltech del sector se quedó en una promesa.
De acuerdo con Óscar Montezuma, director de Niubox Legal, hay más de 400 iniciativas New Law y legaltech en Latinoamérica. Aunque existen sondeos y alianzas para identificar los desarrollos tecnológicos para prestar servicios legales, Janet Huerta Estefan, fundadora de Abogado Digital, identifica que es justamente la falta de una medición real del ecosistema lo que hace que su desarrollo no sea percibido. “Hay abogados que quieren implementar software legaltech que hoy no saben por dónde empezar: cuáles son las tecnologías que ya existen y en qué categorías. Es una gran área de oportunidad. Primero desarrollemos las métricas”, afirma.
Barrera 1. Convencimiento
Hace un par de años, esta casa editorial publicaba su primera nota informativa sobre el tema. Entonces se presentaba una plataforma digital para evaluar procesos arbitrales: Arbitrator Intelligence.
En una segunda publicación LexLatin exploró las bibliotecas digitales de las firmas, los procesadores de palabras y la interrogante de ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial con los abogados? Las respuestas corrieron a cargo de Rafael Mery, director de Mirada 360; Jorge Villalón, director de transformación digital de la Universidad Adolfo Ibáñez; Sergio Diez, socio de la firma chilena Cariola, Díez, Pérez-Cotapos; Ignacio Canals, fundador de Lemontech; Javier Mancilla, fundador de la consultora TARS, y Jorge Muñiz, socio en Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados.
Hoy son cerca de cincuenta artículos publicados específicamente sobre la tecnología y el sector legal y, en un número importante de las coberturas, los especialistas no dejaron de urgir a los abogados para que prestaran atención al tema. Hasta antes de la pandemia parecía que el sector no estaba convencido de su uso.
A decir de Juan Carlos Luna, fundador de Lawgistic y cofundador de Lawit, uno de los aspectos a celebrar para estos tiempos del legaltech latino es la reacción del sector para responder a la necesidad de transformación digital: “Este tema hace un año seguía en un nivel de discusión ‘sería bueno considerar’ o ‘de hacer algo al respecto’ y ahora se ha convertido en un tema mucho más cercano y mucho más necesario”.
Esta idea es reforzada por Álvaro Castro Lora, uno de los tres directores de Sumara Hub Legal: “para comenzar, el proceso de transformación digital dejó de ser un tema importante para las empresas, para convertirse en un asunto de necesidad”. La firma peruana acaba de lanzar Restructure | Empresas y Pasivos, una plataforma de servicio integral de consultoría con enfoque preventivo.
Castro Lora explica que se dio un salto en digitalización y se pasó de la idea de tener una página web o una aplicación para incorporar el concepto de innovación en las organizaciones. Este permea en sus procesos productivos y logísticos, incluyendo el diseño de productos o servicios, la forma de captar clientes y ejecutar el servicio postventa. “El gran pro de la innovación tecnológica es la reformulación de los modelos de negocio, teniendo al cliente y sus necesidades en el centro del diseño, las que se pueden conocer a partir del análisis de datos. El gran reto es el mindset: normalmente las personas quieren seguir haciendo las cosas de la forma que conocen, por lo que se resisten al cambio”.
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Todos los entrevistados reconocen esa resistencia. Por ejemplo, desde la perspectiva de Mayra Alejandra Ariñez Vera, el contexto sin duda es un llamado de atención para el sector legal pues, de una forma generalizada, se ha compuesto solo por abogados, a la par, estos han considerado que el derecho es para quienes tienen esa formación, cuando “el derecho está para los ciudadanos”.
Para Michelle Carolina Azuaje Pirela, coordinadora del Proyecto IA+D e investigadora de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Chile, hablar de legaltech es precisamente hablar de abogados o firmas que usan tecnología para mejorar la prestación de sus servicios y ofrecer un valor añadido a sus clientes.
Agustín Velázquez García-López, managing partner del despacho mexicano AVA Firm, añade que desde las firmas no ha habido consensos sobre lo que deberían privilegiar los servicios de alta calidad, como el costo accesible y el poco tiempo de generación de resultados, así como el enfoque en el beneficio para los clientes y, a la vez, de sus consumidores. AVA Firm ha desarrollado TMKonnect, legaltech internacional de propiedad intelectual; AVA Beyond Business Suite, para acompañar el crecimiento de las empresas; Acri Corporativa, para el cumplimiento de normas y reglas de operación; Mercadotecnia Ética y Educativa (ME2), para proteger a los consumidores, y AVA FIRM APP, que da asesoría para negocios y emprendedores.
“En México, las firmas tradicionales se están enfrentando a la necesidad de adaptarse a tecnologías que sus propios clientes utilizan, esto para trasladar el valor de sus productos o servicios a sus consumidores. En otras palabras, son los clientes quienes han liderado la implementación de nuevas tecnologías para el desempeño de los servicios legales”, concluye Velázquez García-López.
Barrera 2. Presupuesto
No solo para las firmas, Azuaje Pirela explica que si no hay nuevas tecnologías de forma masiva en la administración de la justicia es porque su adopción se asocia “no solo al desinterés o desconocimiento de las tecnologías o la resistencia al cambio sino también a riesgos, costos”.
Rodrigo Moncho Stefani, socio de la firma venezolana AraqueReyna, la secunda. “El desarrollo de soluciones legaltech requiere, en algunos casos, una gran inversión de capital. El mercado legal latinoamericano, por su tamaño y especificidades, podría todavía no ser lo suficientemente atractivo como para garantizar los retornos necesarios como para ver los grandes avances que se han visto en otras latitudes”. AraqueReyna, desde 2018, ha desarrollado Widú Legal, una plataforma para autogestionar documentos legales sin necesidad de acudir a su despacho.
El contexto para las firmas venezolanas es particular. La situación encuentra agravantes en la conectividad, por ejemplo, algo que ha dificultado la transición hacia lo digital para las propias autoridades. “Venezuela no solo está atravesando una grave crisis por la pandemia, sino que el contexto ya se caracterizaba por carencias. Las inversiones en avances tecnológicos, y no solo en los servicios legales, han sido propiciadas por las circunstancias. A pesar de esto, hemos visto cómo muchas firmas han hecho un gran esfuerzo por mover sus actividades al mundo digital. Hemos visto una gran proliferación de seminarios y difusiones por medios electrónicos que hasta la llegada del COVID-19 no existían en el país”, comenta Moncho Stefani.
Brian Minutti Aguirre, socio de la firma mexicana Chávez Vargas Minutti, refiere que si bien en su país las firmas van tarde en la adopción de tecnología, la pandemia ha forzado un replanteamiento de prioridades. “La inversión ha sido mínima: nubes remotas, data rooms digitales y programas básicos de comparación de documentos. En la idiosincrasia del abogado latino aún queda la idea de que el derecho es un trabajo perfectamente artesanal, que todo debe ser revisado en físico, leído de punta a punta, que la tecnología puede bajar la calidad del trabajo. Más aún, que la tecnología no puede reemplazar el trabajo de un abogado”.
Chávez Vargas Minutti tiene su aplicación de tecnología financiera llamada maat. Ahora trabajan en la instalación de herramientas para auditorías automatizadas, entre otros proyectos.
Janet Huerta considera que es tiempo de desmitificar los altos costos de la tecnología, especialmente aquella que es básica en el funcionamiento de toda firma: gestión documental mediante nubes. “Antes solo las medianas y grandes empresas tenían presupuestos para hacer inversiones grandes, pero de pronto llegó la nube y de pronto llegó el concepto de software as a service, donde puedo comprar por una módica cantidad, bastante accesible, un espacio en un servidor de Amazon”.
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Barrera 3. Tradición
Rodrigo Moncho Stefani comenta que una de las principales barreras que ha encontrado para la incorporación de tecnología en el mundo legal es “la opinión preconcebida de muchos abogados que todavía piensan que la labor legal nunca podría ser sustituida por la tecnología. La inteligencia artificial está poniendo esas nociones cada vez más en duda”.
El peso de la tradición para el sector legal es otro elemento reconocido por todos los entrevistados. Al respecto, Minutti Aguirre comenta que “desafortunadamente la innovación no ha sido un driver de los servicios legales”. Esto lo ve desde ambos lados, tanto firmas como clientes. “El servicio legal tradicional siempre ha sido el más valorado: ver a tu abogado físicamente en grandes oficinas haciendo revisiones manuales, esto es parte de la tradición en los servicios. Sin duda, el COVID-19 será un gran motivador del cambio, no solo por la necesidad de servicios presenciales sino por la búsqueda de servicios a menor costo y con mejor calidad”.
Para Álvaro Castro, el poco avance se debe a que los abogados suelen ser más resistentes al cambio que otras profesiones, pues es parte de su formación el evitar riesgos y temer al error, “algo intrínsecamente incompatible con la orientación hacia la innovación”. Pero el director de Sumara Hub Legal refiere que las nuevas generaciones de abogados —nativos digitales— están desprovistos del temor al cambio y más enfocados en cómo hacer las cosas mejor y en forma distinta.
Cecilia Danesi, abogada y especialista en inteligencia artificial, quien logró abrir la materia de su especialidad en la Universidad de Buenos Aires, opina que la materia debería ser parte de la formación de los estudiantes y no una clase optativa. “Es algo impensado que hoy en día se gradúen abogados sin vínculos con las nuevas tecnologías: hay inteligencia artificial por todas partes y no hay ninguna normativa de cómo se tiene que implementar”.
Quizá en Brasil el sector está más desarrollado. De acuerdo con la firma Demarest, durante la pandemia no hubo precisamente una expansión de soluciones dirigidas al sector legal, sino que fue notorio un incremento de búsquedas de los servicios ya existentes, por ejemplo, aplicaciones que tienen que ver con la firma electrónica.
“El entorno legaltech ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años, cada vez más hemos visto soluciones que suman funciones de Inteligencia Artificial, Machine Learning y Robot Process Automation. Todas estas soluciones están ayudando mucho a las firmas a aumentar la eficiencia y la calidad de los servicios prestados. En los últimos años los despachos brasileños han trabajado intensamente en la transformación digital”.
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