Existe un fin común en las firmas que realizan trabajo pro bono, quienes como bien lo expresa la palabra, buscan el “bien común” mediante el ofrecimiento de servicios legales a través de profesionales con experiencia y sin costo alguno para el beneficiario. No obstante, en Honduras y Centroamérica en general el ofrecimiento del trabajo pro bono se ha limitado, básicamente, a las firmas regionales, restringiendo así su alcance.
¿Por qué se ha limitado el pro bono a la oferta que hacen las firmas regionales?
Para dar respuesta a esta interrogante debemos remontarnos a lo que yo considero su origen:
Si bien las universidades promueven las prácticas públicas de sus estudiantes en los llamados “Consultorios Jurídicos Gratuitos”, a través de los cuales se ofrece al público de escasos recursos servicios legales gratuitos, estos consultorios están más enfocados en que los alumnos aprendan con experiencias reales sobre la prestación de diversos servicios legales. Sin embargo, no existe un énfasis en el apoyo que a través de esta labor gratuita están otorgando a los menos beneficiados.
Mi intención no es desmeritar la importancia de estos consultorios jurídicos, pues por supuesto los estudiantes deben formarse también a través de la práctica. Mi objetivo, por el contrario, es llamar la atención sobre la necesidad de comenzar a inculcar en las generaciones más jóvenes la obligación moral que tenemos para con nuestras comunidades y el impacto que su paso por los consultorios jurídicos tienen en la comunidad.
En mi opinión, debido a la falta de conciencia sobre este importante tema, los profesionales del derecho se sienten, de alguna forma, exentos de la responsabilidad de devolver a la comunidad a través de sus servicios gratuitos. Hoy en día está en boga el tema de la “responsabilidad social empresarial” y, si bien el pro bono es una especie de voluntariado, existe en mi opinión una diferencia entre ambos. El pro bono requiere un compromiso mayor, una relación personal entre los involucrados y, por ende, la obligación moral de prestar un servicio de primera en todo momento.
Hay países que han desarrollado prácticas pro bono más sólidas e inclusive a través de sus barras de abogados establecen la obligación de brindar cierto número de horas anuales, mientras que en otros países existe al menos la sugerencia de incluir un número de horas pro bono. Estas disposiciones no aplican en nuestro caso.
No pretendo que se considere al pro bono como algo obligatorio, pues es, en efecto, más una obligación moral. Sí considero, sin embargo, que debería tomar mayor relevancia en nuestro medio, tanto en el mundo universitario (que los estudiantes obtengan mayor conocimiento de las repercusiones positivas) como entre los profesionales del derecho.
Las firmas regionales nos regimos por las leyes de cada uno de nuestros países y por los estándares internacionales. Así, es fácil deducir que, al menos en nuestros países, este tipo de firmas están más inclinadas a incluir programas pro bono y a capacitar e inducir a sus abogados, de tal forma que puedan involucrarse en estas actividades. Iniciativas que, debo decir, dejan un sentimiento de satisfacción inigualable.
Mi intención es llamar la atención sobre la necesidad de organizarnos mejor como gremio, independientemente del tipo de institución o firma a la que pertenezcamos, inclusive unir a todos los abogados independientes. Que lo hagamos como un equipo conformado por profesionales de las distintas áreas del derecho, para que podamos brindar más y mejores servicios a personas de escasos recursos. Aquellas que quieren salir adelante con sus microempresas y, muchas veces, no lo logran por no contar con los medios necesarios para poder comenzar con los trámites legales y administrativos, cada día más engorrosos y complicados.
La canalización del trabajo pro bono (a través de las cámaras de comercio, por ejemplo) es, a mi criterio, una excelente herramienta que no se ha utilizado en nuestros países, pues aún no se cuenta con centros de intermediación pro bono.
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