La inclusión financiera se refiere al acceso que tienen las personas y las empresas a diversos productos y servicios financieros útiles y asequibles que atienden sus necesidades —transacciones, pagos, ahorro, crédito y seguros— y que se prestan de manera responsable y sostenible. Sin duda, se ha convertido en un objetivo clave para el desarrollo económico sostenible, promovido tanto por organismos internacionales como por marcos normativos nacionales.
De este modo, se considera que la inclusión financiera es un elemento que facilita la consecución de 7 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, el Grupo de los Veinte (G20) se comprometió a promover la inclusión financiera en todo el mundo y reafirmó su compromiso de implementar los Principios de alto nivel del G20 para la inclusión financiera digital. El Grupo Banco Mundial también considera que la inclusión financiera es un elemento facilitador clave para reducir la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida.
Te invitamos a leer: La batalla legal entre Cuba y un fondo buitre: Habla por primera vez la defensa del Estado
En Cuba, hace algo más de un año, el Banco Central de Cuba (BCC) dictó su Resolución 111/2023, que contiene las normas bancarias sobre límites para los cobros y pagos en efectivo en moneda nacional, su depósito, extracción y tenencia. Su principal objetivo era incrementar la bancarización de las operaciones mediante los canales electrónicos de pago, adoptar las acciones que aseguren su implementación y viabilicen los procesos de cobros y pagos, dinamizando las finanzas de todos los actores económicos y su relación con la población.
Es evidente, pues, que el proceso de bancarización se ha convertido en una prioridad política para Cuba e irá ganando relevancia en los próximos años. Por ello, analizar este fenómeno desde una perspectiva jurídica resulta imprescindible, ya que, en gran medida, la inclusión financiera es sinónimo de extender esa bancarización a todos los estratos sociales y de la economía.
La inclusión financiera y su dimensión jurídica
Desde el punto de vista jurídico, la inclusión financiera exige un marco regulador que garantice no solo el acceso universal, sino también la protección de los derechos de los usuarios financieros, la transparencia en las operaciones y la sostenibilidad y solidez de las entidades financieras.
En países con sistemas financieros desarrollados, como España, la regulación del sector ha evolucionado para incorporar estos principios. Sin embargo, en contextos como el de Cuba, donde los índices de bancarización siguen siendo bajos y persisten restricciones económicas y tecnológicas, la implementación de medidas jurídicas que promuevan la inclusión financiera enfrenta importantes desafíos que conviene tomar en consideración al objeto de atajarlos cuanto antes.
Lee también: Cuba: Los alcances del Decreto-Ley No. 87, sobre Arbitraje y Mediación Comercial Internacional
La experiencia española: un modelo de referencia para Cuba
España presenta un sistema financiero maduro, regulado principalmente por la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito (Ley 10/2014) y el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, así como por sus reglamentos, órdenes y circulares de desarrollo. Estas normativas han facilitado la inclusión financiera mediante varias herramientas:
- Cuentas de pago básicas: En cumplimiento de la Directiva 2014/92/UE, España exige a las entidades financieras ofrecer cuentas de pago básicas, accesibles incluso para personas sin ingresos regulares o en situación de exclusión social.
- Digitalización de servicios financieros: La regulación ha fomentado la banca electrónica y el uso de tecnologías aplicables al ámbito financiero (fintech), facilitando el acceso a servicios financieros en áreas rurales y urbanas.
- Protección del consumidor financiero: Leyes como la de Transparencia y Protección del Cliente de Servicios Bancarios garantizan que los usuarios comprendan los términos de los productos contratados, promoviendo decisiones informadas.
- Educación financiera: España ha impulsado programas de formación para mejorar el conocimiento financiero de la población, una medida clave para empoderar a los usuarios, en colaboración con los principales organismos sectoriales.
Estas medidas, junto con un sistema financiero formado por distintos tipos de entidades, todas ellas de reconocida solvencia, han contribuido a reducir las barreras económicas, geográficas y educativas que dificultaban el acceso al sistema financiero en España, generando un entorno más inclusivo y bancarizado, gracias a las entidades de crédito, como tal, y otras entidades que, en muchos casos, prestan servicios financieros análogos, como las de pago o de dinero electrónico.
Te puede interesar: ¿La regulación financiera representa una barrera para la inclusión de nuevos actores a la banca digital mexicana?
Propuestas para fomentar una efectiva inclusión financiera en Cuba
El proceso de bancarización en Cuba ha estado marcado por la necesidad de reducir el uso de efectivo y modernizar su sistema financiero. Sin embargo, la limitada infraestructura tecnológica, las importantes restricciones económicas internas y externas existentes y la falta de confianza de la población en las entidades financieras plantean retos significativos.
La principal cuestión que deberían afrontar las autoridades cubanas es de tipo económico y debe proyectarse sobre el saneamiento de su moneda. En cualquier caso, tomando como referencia el modelo español, se pueden proponer las siguientes medidas para fomentar la inclusión financiera en Cuba desde una perspectiva jurídica:
- Consolidación de la estrategia de digitalización financiera: adaptar el marco regulador para permitir la expansión de servicios digitales como billeteras electrónicas y aplicaciones móviles de pago, utilizando las telecomunicaciones como aliado estratégico.
- Creación de un marco de protección de consumidores y usuarios financieros: el establecimiento de una normativa clara que establezca los derechos y obligaciones para los consumidores y usuarios y las entidades financieras es esencial. Esto incluye la regulación del régimen de transparencia en los contratos, la confidencialidad de los datos personales y la resolución de conflictos de manera justa y eficiente, idealmente de manera pre-contenciosa.
- Impulso de programas de educación financiera: incorporar iniciativas de alfabetización financiera en los programas educativos, a través de campañas públicas e iniciativas de colaboración público-privada, con el objetivo de empoderar a los ciudadanos para que comprendan las ventajas de los servicios financieros y los utilicen.
- Fomento de las cooperativas financieras: en el contexto cubano, donde las cooperativas tienen un papel importante, fortalecer su rol en la prestación de servicios financieros inclusivos podría complementar los esfuerzos de bancarización.
- Incentivos a la innovación financiera: Establecer un marco que promueva la creación de entidades locales y la entrada de entidades financieras internacionales en el mercado cubano, asegurando que operen bajo los principios de seguridad jurídica y sostenibilidad, e iniciativas como un sandbox regulatorio.
- Colaboración internacional: Aprovechar la experiencia de países con marcos jurídico-financieros más avanzados para adaptar soluciones probadas al contexto cubano, a través de asistencia técnica y acuerdos de cooperación.
Aquí puedes suscribirte a nuestros boletines
Consideraciones finales
El camino de Cuba hacia la inclusión financiera es largo, ya que, al día de hoy, carece de un sistema financiero sólido que le permita dar respuesta a las demandas de los usuarios. Sin embargo, con una regulación adecuada y el aprendizaje de experiencias internacionales, el país puede dar pasos significativos hacia un sistema resistente, accesible y eficiente.
Desde el punto de vista jurídico, el país tiene la posibilidad de definir y estructurar un marco regulador moderno e inclusivo, tomando como base las experiencias de países como España, cuyo sector financiero es de los más punteros a nivel internacional tanto en términos de solidez como de digitalización, aspecto clave en el caso cubano.
*Ibai Puente González es consejero en Dávalos Abogados.
}
Add new comment