En los últimos años, Guatemala ha experimentado un incremento significativo en regulaciones ambientales. Estas normativas buscan abordar problemáticas urgentes como la gestión de residuos, el manejo de aguas residuales, la obtención de instrumentos ambientales, entre otros. Sin embargo, la verdadera pregunta es si este aumento de normativas se traduce en soluciones efectivas o si, por el contrario, está generando más burocracia sin una implementación adecuada.
Uno de los principales aspectos de esta regulación es que requieren la obtención de instrumentos ambientales, cuyo propósito es evaluar y mitigar los impactos de las actividades económicas. Aunque su objetivo es garantizar el cumplimiento de estándares ambientales, en la práctica, el proceso de obtención sigue presentando desafíos. La burocracia, la falta de claridad en los requisitos y los tiempos prolongados afectan tanto a empresas como a proyectos que buscan operar dentro del marco legal, generando incertidumbre en el sector privado.
Este panorama también se refleja en la gestión de residuos y aguas residuales. Guatemala cuenta con regulaciones que establecen lineamientos para su manejo, como el Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes. No obstante, la implementación de estas normativas sigue siendo un reto. Muchas municipalidades enfrentan dificultades técnicas y operativas para aplicar estos lineamientos, lo que hace evidente la necesidad de fortalecer el acompañamiento técnico y financiero para mejorar su gestión.
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En el caso de las aguas residuales, la situación es aún más incierta. Actualmente, el reglamento que busca regular su disposición está en suspenso debido a una acción promovida por la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), lo que deja a muchas empresas y municipalidades sin una guía clara para cumplir con sus obligaciones de esta índole.
Además, algunos de los parámetros de cumplimiento son excesivos y no se garantiza que el proceso que queda a cargo de las municipalidades sea realmente efectivo. Por otro lado, la ausencia de una Ley de Aguas en Guatemala impide consolidar un marco normativo integral que brinde estabilidad y reglas claras para el uso y manejo del recurso hídrico. Paralelamente, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) está trabajando activamente en nuevas regulaciones para controlar el ruido y mejorar la calidad del aire en la Ciudad de Guatemala y el Congreso de la República impulsa iniciativas de ley relacionadas, como la creación de una Policía Ambiental, reflejando una tendencia hacia un mayor control ambiental.
Frente a este panorama, el sector privado ha mostrado un interés creciente en adoptar prácticas sostenibles. Algunas empresas, especialmente aquellas con presencia internacional y sujetas a regulaciones de otros países, han implementado planes de manejo de residuos y sistemas de tratamiento de aguas residuales, que han mejorado su eficiencia operativa. Sin embargo, estos esfuerzos aún no se generalizan debido a la falta de educación ambiental, leyes claras, procesos ordenados y simples, así como la ausencia de incentivos tangibles que impulsen su adopción. Esto demuestra que la regulación por sí sola no es suficiente sin herramientas que faciliten su cumplimiento.
En Guatemala, la carga regulatoria sin una infraestructura adecuada para su ejecución genera más incertidumbre que soluciones, lo que lleva a cuestionarnos si el camino correcto es seguir generando más normativas o si, en cambio, es momento de enfocarnos en garantizar la aplicación efectiva de las ya existentes.
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Para mejorar la gestión ambiental en el país, es necesario que el gobierno y el sector privado trabajen de manera conjunta en soluciones prácticas y viables. Acciones como la implementación de educación ambiental, incentivos tributarios para empresas sostenibles, el fortalecimiento de capacidades municipales y la creación de alianzas público-privadas para el desarrollo de infraestructura adecuada podrían marcar una diferencia real en la protección ambiental.
El reto no está en la cantidad de leyes, sino en su efectividad. Si realmente queremos avanzar hacia un modelo sostenible, es necesario priorizar la implementación y optimización de los recursos existentes. Solo así podremos traducir la regulación en mejoras tangibles que beneficien tanto al ambiente como al desarrollo económico del país.
*Cristina Sandoval es socia de la práctica Ambiental y SSO de Consortium Legal.
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