Este 2023, un proceso desafiante en materia tributaria en El Salvador será la transición de la facturación tradicional a la facturación electrónica. A pesar de que a la fecha no se tiene un calendario específico para la migración obligatoria, muchas medianas y grandes empresas ya están trabajando en la preparación de sus sistemas contables y de facturación. La autoridad tributaria ha impulsado esta transición como una mejora del control de las obligaciones tributarias que ayudará a incrementar la recaudación. A esta reforma se suman las iniciativas dirigidas a facilitar el comercio electrónico, simplificar los trámites en instituciones públicas que podrán realizarse en línea, regulaciones sobre firma electrónica y normativa sobre activos digitales que ha posicionado al país a la vanguardia en la región sobre esta temática.
Toda esta modernidad contribuye positivamente a las empresas, principalmente medianas y grandes, al verse beneficiadas con la reducción de sus costos anuales de facturación, impresión de documentos físicos y reducción de costos logísticos para la entrega de la papelería fiscal. Sin embargo, ha dejado desatendido el frente de los micros y pequeños empresarios, así como dejó atrás al debate en torno a una reforma para diseñar e implementar un régimen simplificado de tributación. Es decir, considerar una alternativa que permita al gobierno salvadoreño lograr las metas recaudatorias, motivando, al mismo tiempo, a los pequeños comerciantes a formalizarse y cumplir con sus obligaciones tributarias de forma más simple.
Una reforma en este sentido generaría beneficios colaterales tales como financiamientos con tasas más competitivas en el sector financiero formal.
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¿Por qué simplificar y cómo hacerlo?
Hace algún tiempo, participé en un programa probono cuyo objetivo era potenciar negocios de emprendedores locales. Consistía en explicar y apoyar a personas emprendedoras a dar los pasos necesarios para formalizarse y cumplir con sus obligaciones legales y fiscales. Al inicio, muchos se mostraban interesados en participar, pero luego de concluidas las sesiones casi ninguno optaba por su formalización. La mayoría señalaba como muy complejo el cumplimiento fiscal y tenían temor de ser potenciales acreedoras de sanción por alguna omisión que se cometiera.
Un sistema simplificado puede ser de múltiples formas, es recomendable revisar y aprender de las experiencias y retos que se han superado en otros países de la región. A continuación, los que, en mi opinión, son aspectos esenciales que deberían atenderse en el proceso de articulación de un régimen simplificado.
- Revisión de tributos aplicables
En El Salvador, un pequeño contribuyente ahora mismo debe pagar mensualmente un 13 % de Impuesto al Valor Agregado (IVA); anualmente el Impuesto Sobre la Renta (ISR) al porcentaje que le corresponda, según la tabla, dependiendo de su nivel de ingresos, y que si le toca pagar puede ser desde 10 % hasta el 30 % de su renta neta.
Además, debe soportar la retención acreditable del 10 % de ISR por los pagos que le hagan sus clientes por los servicios prestados y, si lo que vende son bienes, debe anticipar mensualmente el 1,75 % de sus ingresos brutos.
Se añaden la retención del 1 % por las ventas que haga a Grandes Contribuyentes o entidades de gobierno; la percepción del 1 % por las compras que haga a Grandes Contribuyentes; el pago mensual del impuesto municipal que corresponda y al menos 3 tasas más por servicios municipales.
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Todo ello, no sólo vuelve al sistema uno complejo de cumplir, sino que, entre los impuestos, tasas y retenciones que se aplican, las micro empresas que lo cumplen ven reducida de forma importante su liquidez.
Por lo anterior, la unificación de impuestos y retenciones se vuelve necesaria. Puede ser útil ver alternativas de otras jurisdicciones como un monotributo —que sea fácil de calcular— o la tributación con base en retenciones con carácter de definitivas, que pueden ser opciones a analizar y discutir con los sectores involucrados.
- Reducción de obligaciones formales
Un contribuyente, por bajos que sean sus ingresos, debe presentar anualmente un mínimo de 30 declaraciones o informes tributarios y llevar libros contables, y libros fiscales físicos autorizados por un auditor externo. La reducción de declaraciones tributarias facilitaría su cumplimiento, posibilitando que sea el contribuyente el que atienda directamente estos procedimientos.
- Revisar la base de ventas para inscribirse
En la actualidad, cualquier persona que vende anualmente más de 5.700 dólares debe estar inscrita al Registro de IVA. Dicha base no se revisa desde 1992, por lo que ahora, luego de más de treinta años, esa cifra ya no responde a un criterio objetivo de capacidad contributiva de una persona, como pudo haber sido hace tres décadas.
Según la última información estadística de Conamype, autoridad encargada del apoyo a la micro y pequeña empresa, corresponde a 2017. En El Salvador existían alrededor de 317.795 unidades económicas calificadas como micros y pequeñas empresas, cuya fuerza laboral se calculaba en 854.732 personas. Se espera que la pandemia haya incrementado de manera importante este sector.
Para entonces, entre las problemáticas que las unidades encuestadas enfrentaban la principal era: la falta de fondos propios para invertir (22,01 %) y otra de las más relevantes, era la falta de acceso a crédito flexible (4,81 %). La importancia en la economía nacional de estas unidades económicas, el papel clave en la generación de empleo y lo relevante que puede resultar para la recaudación la formalización de este sector, nos invita a buscar opciones que permitan mejorar las posibilidades financieras de las MYPES y, con ello, mejorar su contribución a la tributación del país.
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Más allá de las opciones por las que se pueda decantar el Gobierno para mejorar la recaudación y el control tributario, ojalá que más temprano que tarde sea posible retomar la alternativa de la simplificación tributaria. En mi opinión, su implementación sería un buen paso inicial para la formalización de miles de emprendedores que operan en el país, lo que, además, podrá beneficiar a todos los involucrados.
* Mauricio Orellana es Socio y Director de la práctica de Derecho Tributario de García & Bodán en El Salvador y miembro de la práctica Bancario y Financiero. Posee más de 20 años de experiencia en la materia. Actualmente se encuentra enfocado en la asesoría fiscal a compañías multinacionales para brindar alternativas eficientes en sus inversiones en el país, así como la defensa fiscal en materia de impuestos internos, precios de transferencia y Aduanas.
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