Este mes tuve el gusto de participar en el World Law Congress 2023, que tuvo lugar en Nueva York, auspiciado por la World Jurist Association, una organización fundada hace 60 años con la misión de vivir en un mundo regulado por el derecho y no por la fuerza. Además, tuve el honor de ser invitada en uno de los más de 50 paneles que fueron organizados, donde tuvimos la oportunidad de hablar sobre la crisis de refugiados y los retos de este siglo.
Con la participación de más de 1.000 juristas, volví a pensar y reconocer el privilegio que tengo de ser abogada y ejercer el derecho. Me imagino que, a nivel mundial, somos millones de juristas que ejercemos nuestra profesión de diversas maneras y en todos los ámbitos del derecho.
Desde una perspectiva social, quienes somos juristas tenemos el gran beneficio de conocer los sistemas legales aplicables en la jurisdicción donde ejercemos y estar especializados en alguna área de práctica, ya sea de manera independiente o prestando nuestros servicios a una organización o institución, en el ámbito privado o público. Todos tenemos un grado de conocimientos y experiencia que nos permiten defendernos en nuestra vida diaria en temas personales o profesionales y, en muchos casos, asesorar o brindar apoyo a las personas que nos rodean, desde nuestros clientes y amigos, hasta nuestros parientes y familia.
Es probable que no todos los abogados que ejercemos la profesión pongamos en perspectiva lo privilegiados que somos, considerando el acceso a información y conocimientos que da el haber estudiado Derecho.
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¿Alguna vez se han preguntado qué hacen aquellas personas que no tuvieron acceso a una educación, ya no digamos profesional, sino a la educación básica de primaria o secundaria? ¿Qué hacen quienes se enfrentan a graves problemas legales, quienes, por vivir en países donde el Estado de derecho no es la norma, no tienen la oportunidad de ser representados por un abogado experto y de su confianza?
¿Cuántos millones de personas que se encuentran frente a un problema no hacen nada porque no saben por dónde empezar o, una vez que buscan apoyo, no encuentran una asesoría legal apropiada o no cuentan con los recursos económicos para pagar por servicios legales adecuados? Cuando no hay Estado de derecho o este es endeble en un país, ¿qué hacen quienes se ven violentados en sus derechos y no pueden defenderse por la vía institucional y legal?
Existen organizaciones de la sociedad civil en las jurisdicciones de toda América Latina, organizadas por abogados y abogadas independientes, por barras de abogacías federales o estatales, así como “clearing houses”, que coordinan esfuerzos para brindar asesoría jurídica gratuita a personas físicas y organizaciones o instituciones no lucrativas.
Desde el privilegio, como juristas y especialistas en alguna rama del derecho, debemos reconocer nuestra posición y contribuir con nuestros conocimientos para apoyar a quienes no gozan de este privilegio, dándoles nuestro tiempo y compartiendo nuestra experiencia.
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No es solo un tema económico, pensando en que podemos contribuir con un donativo a estas organizaciones. Debemos pensar cómo contribuir con nuestro tiempo, que es el recurso más importante y finito que tenemos como seres humanos, y organizarnos dentro de nuestras firmas y despachos, escuelas o facultades de Derecho o colegios, para realizar trabajo pro bono.
Toda firma tiene capacidad de prestar unas horas de asesoría jurídica pro bono a personas en situaciones desafiantes y escasos recursos, a través de diversas organizaciones.
Muchas de las universidades que imparten la carrera de Derecho cuentan con clínicas jurídicas o fundaciones que brindan servicios legales en beneficio de grupos y personas vulnerables, lo mismo sucede con los colegios.
No en todas las jurisdicciones de Latinoamérica existe la colegiación obligatoria, pero sí podemos pensar en cómo las y los abogados, desde nuestro privilegio, podemos apoyar a personas que no saben defender a sus familias, bienes o su libertad. Se me ocurre que, independientemente de la colegiación, en aquellos países donde no existe, como en México, busquemos la solidaridad de quienes ejercen el derecho.
Es verdad que mucho del trabajo pro bono requiere de especialistas en ciertas materias: penalistas, litigantes en materia familiar o expertos en derecho migratorio o internacional. Pero existen otras áreas de especialidad en las que podemos apoyar y contribuir socialmente.
Busquemos de manera activa la forma de contribuir con nuestro tiempo —al menos unas horas al año— y conocimiento a quienes no tienen el privilegio de conocer el derecho, ni los medios para pagar a quien represente sus derechos e intereses.
*María Teresa Paillés es socia de SMPS Legal. Se especializa en inversiones inmobiliarias, fusiones y adquisiciones, operaciones de financiamiento, licitaciones públicas y derecho corporativo general. Es socia fundadora y presidenta de Abogadas MX, una ONG que promueve el desarrollo profesional de mujeres abogadas.
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