Practicantes y académicos del mundo de las transacciones corporativas coinciden en que existen diferentes olas en la actividad de las fusiones y adquisiciones en Estados Unidos y Europa, desde principios del siglo XX, con elementos en común: depresiones económicas en periodos inmediatamente anteriores o posteriores a cada una de ellas; regulaciones o desregulaciones del régimen de competencia y de diferentes sectores (transporte, telecomunicaciones, salud y financiero, entre otros), y mayor disponibilidad de financiación.
Para el caso de Latinoamérica, se han reconocido principalmente dos periodos de auge transaccional: el primero inició en 1995 y continuó hasta 2001, y el segundo abarcó desde 2001 hasta 2010.
El primero se percibe como un periodo de auge para las transacciones corporativas, marcado por mayor disponibilidad de deuda y el uso significativo de las acciones como un método de pago (estudio de la Universidad Autónoma de México, 2011).
En Colombia, este periodo estuvo marcado por privatizaciones que dinamizaron las operaciones de M&A. Con la recesión de inicios del 2000, llegó la finalización del primer periodo de actividad transaccional, que conllevó a la toma de medidas gubernamentales de recuperación económica que, a grandes rasgos, implicó una nueva década de auge transaccional en Latinoamérica, que terminaría en 2010.
Para Latinoamérica, no parece existir consenso sobre la existencia de una ola más reciente en este siglo. De hecho, el panorama regional no parece haberse recuperado de la incertidumbre de la crisis que dejó la pandemia y, por el contrario, según las agencias que contabilizan los deals, 2022 y 2023 fueron años marcados por una disminución relevante en el número y valor de transacciones, en comparación con 2020 y 2022, respectivamente.
El valor de las transacciones disminuyó en 40 % entre 2020 y 2022 y en 41 % entre 2022 y 2023. Por su parte, el número de transacciones cayó un 3 % de 2020 a 2022, y disminuyó en 6 % entre 2022 y 2023.
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El mercado transaccional colombiano
Conocemos que en Colombia existen circunstancias particulares que se relacionan estrechamente con la disminución de este tipo de operaciones: la financiación cuesta hoy más de lo que ha costado durante la última década, la volatilidad del valor del peso estrechamente relacionada con la incertidumbre financiera y económica de Colombia impide que la rentabilidad pueda ser proyectada con mayor certeza, y el riesgo país impulsado por las reformas proteccionistas del gobierno que indican a los inversionistas la necesidad de pausar nuevas decisiones de inversión.
Como asesores legales de este tipo de operaciones, es tan relevante entender los elementos macroeconómicos que dificultan el ánimo transaccional, y así también reconocer los escenarios donde existan oportunidades transaccionales que nos puede ofrecer el versátil mundo de las fusiones y adquisiciones, sin que sea necesario alarmarse por el escenario de contracción actual.
Uno de dichos escenarios puede presentarse en operaciones relacionadas con compañías en procesos de insolvencia. Según la Superintendencia de Sociedades, el mapa de compañías que solicitan acceso a procesos de insolvencia, particularmente reorganizaciones, ha incrementado, entre 2019 y 2023, en 16,5 %, por lo que es llamativo preguntarse cómo un mercado transaccional de compañías en insolvencia o distress puede proporcionar una nueva “ola” de transacciones corporativas.
Lo anterior resulta ser, por un lado, un mecanismo eficiente para resolver situaciones de insolvencia de compañías en distress y, por el otro, una estrategia de los jugadores del mercado para llevar a cabo planes de expansión y consolidación.
El propio régimen de insolvencia incluye posibilidades para realizar operaciones de adquisición en el marco de procesos de reorganización: el Artículo 17 de la Ley 1116 de 2006 prevé la posibilidad de vender activos fijos productivos de la sociedad en concurso a terceros, generando para la compañía en insolvencia una alternativa para recibir fuentes de liquidez y para el comprador, activos a precios altamente competitivos.
Otra opción es la de realizar una venta de la compañía insolvente. Transacciones bajo estos escenarios generan ciertos desafíos a la hora de negociar y perfeccionar la operación, incluyendo la obtención de las autorizaciones previas correspondientes y la adaptación del régimen contractual a un escenario donde, posiblemente, los compradores deban asumir el riesgo más relevante: la adquisición de activos de una compañía en dificultades financieras o la adquisición de una compañía con un pasivo relevante que debe ser saldado inmediatamente.
Bajo esta dinámica, los asesores legales transaccionales deberán asumir esos retos como fundamentales para lograr los objetivos del deal: el perfeccionamiento de los negocios de los clientes y la contribución a viabilizar negocios, cuyo statu quo probablemente los llevaría a su fin.
Otro escenario interesante, donde pueden existir oportunidades transaccionales, es aquel que no requiere que las compañías se encuentren en procesos de insolvencia pero sí en situaciones de liquidez sensible y con restricciones de caja.
Situaciones de este tipo permiten que recursos adicionales de los compradores impulsen la liquidez de la compañía, así como la vuelta de su negocio a la marcha.
Transacciones con estas características impondrán al asesor legal desafíos extra a la hora de negociar un régimen de responsabilidad, que no puede ser equivalente al de una compañía sin dificultades de liquidez, pero tampoco al de una compañía en un proceso de reorganización. Adicionalmente, este tipo de situaciones pueden ampliar el panorama transaccional con la necesidad de negociar otras operaciones, por ejemplo, refinanciaciones y la obtención de mecanismos alternativos de deuda.
Las posibilidades pueden ser diversas, este periodo de contracción transaccional pide a los actores de las operaciones de fusiones y adquisiciones —incluyendo a los asesores legales—, creatividad y flexibilidad en transacciones de esta naturaleza, que permitan ser facilitadores de negocios que generen movimientos en la economía.
*Daniela Duarte Cargo es asociada principal en Cuatrecasas.
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