La Ley de Fomento de Inteligencia Artificial y Tecnología en El Salvador es un paso necesario y oportuno para la modernización de nuestra economía. En un mundo donde la automatización y la digitalización avanzan a pasos agigantados, nuestro país no puede quedarse rezagado. La implementación de un marco legal que promueva la inversión y el desarrollo en estas áreas es clave para atraer talento, generar empleos y fomentar la innovación. Sin embargo, más allá del desarrollo tecnológico en sí, es fundamental analizar el impacto que esta ley tendrá en el consumo masivo y en la regulación del mercado.
Desde mi punto de vista, esta ley no solo debe enfocarse en la atracción de empresas tecnológicas, sino también en la forma en que la inteligencia artificial (IA) transformará el comportamiento del consumidor y las reglas del juego para los negocios locales e internacionales. Con el crecimiento de plataformas digitales, comercio electrónico y servicios automatizados es imperativo contar con normativas claras que protejan a los consumidores, regulen la competencia y aseguren un equilibrio entre la innovación y los derechos de los ciudadanos.
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Uno de los mayores impactos de la IA en el consumo masivo es la personalización extrema. Las grandes empresas ya utilizan algoritmos avanzados para analizar patrones de compra y comportamiento, lo que les permite ofrecer productos y servicios de manera mucho más dirigida y efectiva. Si bien esto puede ser beneficioso en términos de eficiencia y comodidad para el usuario, también abre la puerta a prácticas poco éticas, como la manipulación del consumidor, la discriminación de precios o la falta de transparencia en el uso de datos personales. La ley debe garantizar que haya mecanismos de auditoría y supervisión para evitar abusos y fomentar una competencia justa.
Desde una perspectiva regulatoria, es crucial definir responsabilidades en el uso de la IA en el comercio. ¿Quién es responsable cuando un algoritmo discrimina a ciertos consumidores? ¿Cómo se garantizan los derechos del usuario en un entorno cada vez más automatizado? ¿Qué regulaciones deben aplicarse a la publicidad impulsada por IA para evitar la difusión de contenido engañoso o sesgado? Estas son preguntas que deben abordarse en el marco de la ley para que la implementación de la IA no termine perjudicando a los consumidores y a los pequeños comerciantes.
Por otro lado, el impacto de esta ley en la inversión extranjera y local es significativo. Para atraer capitales internacionales, El Salvador debe ofrecer un entorno regulatorio estable y predecible, donde las empresas tecnológicas puedan operar con reglas claras y seguridad jurídica. Al mismo tiempo, debe haber incentivos para que las empresas locales puedan adaptarse a esta nueva era digital sin quedar en desventaja frente a gigantes globales. La ley debe contemplar estímulos para la digitalización de pequeños y medianos negocios, asegurando que puedan competir en igualdad de condiciones.
En este sentido, una de las mayores preocupaciones es el acceso a la tecnología. No podemos permitir que la IA y la digitalización generen una brecha aún mayor entre grandes corporaciones y pequeños comerciantes. Se requieren políticas que promuevan la democratización del acceso a estas herramientas, ya sea mediante financiamiento, formación o la creación de plataformas colaborativas que permitan a los negocios locales beneficiarse de la inteligencia artificial sin necesidad de grandes inversiones.
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Además, es fundamental que la ley establezca un marco de gobernanza de datos. La inteligencia artificial depende en gran medida del acceso a grandes volúmenes de información, lo que plantea interrogantes sobre la protección de la privacidad y la seguridad cibernética. Sin reglas claras, corremos el riesgo de que los datos de los consumidores sean explotados sin su consentimiento o de que se utilicen para fines poco éticos. Un marco regulatorio sólido puede convertir a El Salvador en un referente de buenas prácticas en esta materia, atrayendo inversiones responsables y fomentando la confianza del consumidor.
Finalmente, esta iniciativa puede convertir a El Salvador en un referente en la región. Nuestro país ya ha demostrado ser pionero en la adopción de tecnologías emergentes y, con la inteligencia artificial, tenemos una nueva oportunidad de liderar. Si logramos combinar incentivos fiscales, inversión en infraestructura tecnológica y un ecosistema de innovación sólido, podríamos atraer a empresas y expertos que busquen un entorno propicio para desarrollar sus proyectos.
Sin embargo, una ley por sí sola no es suficiente. Es imprescindible que haya un compromiso real por parte del gobierno, las universidades y el sector privado para que esta iniciativa no quede en el papel. Se necesita una estrategia integral que contemple desde incentivos financieros hasta programas de formación y acuerdos de cooperación con entidades internacionales.
En conclusión, la Ley de Fomento de Inteligencia Artificial y Tecnología es un gran paso en la dirección correcta, pero su éxito dependerá de cómo se implemente y de la participación activa de todos los sectores. Si logramos aprovechar esta oportunidad de manera regulada y equitativa, El Salvador podría consolidarse como un hub tecnológico en América Latina, generando bienestar y crecimiento para todos, al tiempo que se protege al consumidor y se fomenta un ecosistema de inversión equilibrado y sostenible.
*Pedro Amaya es asociado sénior de Consortium Legal El Salvador.
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