¿Cómo ha evolucionado la exigencia de calidad de los servicios de telecomunicaciones en el Perú?

Una modificación interesante del RCST vigente es la eliminación del compromiso de mejora como un mecanismo voluntario. / Unsplash, Chris Linnett.
Una modificación interesante del RCST vigente es la eliminación del compromiso de mejora como un mecanismo voluntario. / Unsplash, Chris Linnett.
Una novedad del RCST vigente es la clasificación de los indicadores de calidad en dos categorías.
Fecha de publicación: 07/11/2024

La industria de las telecomunicaciones se encuentra en constante evolución, impulsada por el avance acelerado de la tecnología, sector que genera continuamente nuevos medios y métodos de prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. Esta transformación presentó desafíos en el ámbito regulatorio en Perú, siendo el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en las Telecomunicaciones (Osiptel) el órgano que se encuentra a su cargo. 

La calidad de los servicios de telecomunicaciones ofrecidos en el Perú se encuentra regulada desde 2005, con la publicación de la Resolución No. 040-2005-CD-OSIPTEL (la primera versión del Reglamento de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones - RCST). Esta normativa establece indicadores y obligaciones de calidad que deben cumplir las empresas operadoras.

La primera versión del RCST fue modificada por la Resolución No. 123-2014-CD/OSIPTEL (“segunda versión del RCST”) en el 2014 y, posteriormente, por la Resolución No. 00214-2024-CD/OSIPTEL (“RCST vigente”), publicada recientemente, el 4 de septiembre de 2024. Estas modificaciones reflejan los cambios en las tendencias, necesidades y expectativas del mercado de los servicios de telecomunicaciones. 


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Primer Reglamento de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones

La finalidad de la primera versión del RCST era contar con un instrumento para supervisar la correcta medición y el cumplimiento de los valores referenciales de la calidad del servicio público de telecomunicaciones en la zona urbana. Así, se reguló la calidad de los servicios de telecomunicaciones más relevantes, tales como los servicios de telefonía fija y móvil, comunicaciones personales, acceso a Internet, distribución de radiodifusión por cable, entre otros.

Este reglamento también estableció obligaciones generales y específicas para las empresas operadoras, como garantizar la calidad y eficiencia, informar a los usuarios sobre los niveles de calidad ofrecidos, entre otras. Además, dispuso los indicadores de calidad para cada servicio regulado. 

Ampliación de los servicios públicos de telecomunicaciones a las áreas rurales

Con la publicación de la segunda versión del RCST se incorporaron modificaciones destinadas a promover y asegurar la mejora en la calidad de los servicios de telecomunicaciones. Esto a través de la actualización y perfeccionamiento de los indicadores de calidad vigentes, así como con la inclusión de nuevos mecanismos, como el indicador de disponibilidad de servicio y herramientas de medición del servicio de acceso a Internet, entre otras medidas, a fin de proporcionar a los usuarios elementos que les permitan conocer la calidad del servicio prestado.

La principal innovación de la segunda versión del RCST fue la ampliación del alcance de la norma a las áreas rurales y lugares de preferente interés social, así como la inclusión del servicio de telefonía de uso público en dichas áreas y las condiciones mínimas para su prestación. 

Esta segunda versión mantuvo las obligaciones generales y específicas para las empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones e introdujo algunas modificaciones, como las obligaciones de brindar facilidades técnicas para la implementación de servidores de medición que el Osiptel determine o de informar a los usuarios la configuración mínima del equipamiento para el correcto uso de los servicios y otras. 

En esa línea, esta normativa incorporó a los indicadores de calidad vigentes el de disponibilidad del servicio, las herramientas de medición del servicio de acceso a Internet y otras, con la finalidad de orientarlos a la satisfacción de los usuarios.


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Regulación de la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones vigente

La reciente publicación del RCST vigente tuvo como objetivo actualizar la normativa, en atención a la dinámica experimentada en los mercados de los servicios de telecomunicaciones, así como al avance tecnológico de las redes que soportan dichos servicios. 

Si bien el RCST vigente mantuvo las obligaciones generales de las empresas operadoras de los servicios de telecomunicaciones —las que fueron planteadas por la segunda versión del RCST—, estableció precisiones a la regulación de la prohibición de restricción de acceso a redes de otros operadores e incorporó la prohibición del cobro de tráfico de terceros ajenos a la relación empresa-operadora-abonado, entre otras actualizaciones. 

Una novedad del RCST vigente es la clasificación de los indicadores de calidad en dos categorías: 

  • Indicadores obligatorios. aquellos cuyo valor objetivo es de cumplimiento obligatorio por parte de las empresas operadoras, respecto a la velocidad mínima, asimetría, evento crítico y disponibilidad del servicio.
  • indicadores informativos. Sirven para brindar información relevante sobre el desempeño de los servicios, tales como la tasa de transferencia de datos, pérdida de paquetes, latencia y variación de la latencia.

Una modificación interesante del RCST vigente es la eliminación del compromiso de mejora como un mecanismo voluntario, tal como se reguló en la primera versión y segunda versión del RCST, y estableció que el incumplimiento de los indicadores obligatorios de calidad de red y de disponibilidad generaría sanciones administrativas. 

Como se puede apreciar, el RCST ha evolucionado desde una norma más específica hacia una norma más simplificada y general, con especial atención a los avances tecnológicos y las tendencias regulatorias del sector, así como las necesidades de los agentes del mercado. 

De esta manera, el RCST busca garantizar la calidad y la continuidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones, promover la competencia entre los operadores, facilitar la modernización y explotación eficiente de los servicios y proteger los intereses de los usuarios.

*Carlos Monteza es socio de Cuatrecasas - Lima y experto en derecho público y regulatorio.

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