Los tiempos de crisis suelen propiciar la creación de leyes que se ven como punto de partida de grandes cambios o incluso remedios inmediatos. Como en muchas historias cíclicas, es común que estas iniciativas queden perdidas en el limbo de los buenos propósitos o incluso se conviertan en un lastre para sus propios objetivos.
El último 10 de mayo fue presentado en el Congreso de la República un proyecto de ley para la creación de una nueva entidad pública, denominada Autoridad Nacional de Mejora Regulatoria (Anamer). Concebida como un organismo dedicado a diseñar e implementar instrumentos de mejora regulatoria, el objetivo principal de la Anamer es constituirse en un asesor permanente que refuerce la calidad de las normas emitidas por las distintas entidades de gobierno, particularmente de los gobiernos regionales y locales. Para ello, conforme describe la exposición de motivos del proyecto, se pretende dotar a la Anamer de un amplio grado de autonomía y, al mismo tiempo, permitirle operar a través de direcciones regionales desconcentradas que orienten sobre la marcha a cada gobierno.
En un escenario de retroceso de la inversión privada y un progresivo abandono del sustento técnico normativo, en favor de decisiones predominantemente políticas, resulta deseable contar con una entidad de alcance nacional que tenga un rol rector en la formulación de las normas que afectan las actividades económicas (tal como ocurre en Estados Unidos con la Oficina Federal de Información y Asuntos Regulatorios); sin embargo, la realidad es que ahora mismo una propuesta de esta naturaleza no se ajusta a las capacidades institucionales ni económicas de nuestro país
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En tanto nuestro sistema de carrera administrativa y, en cierto modo, las normas electorales no propicien la incorporación de funcionarios y servidores con formación técnica y experiencia adecuada, resulta improbable que la propia Anamer pueda reclutar cuadros idóneos para cumplir sus propósitos.
Más aún, el proyecto parece obviar que existe un fuerte componente político que puede afectar la articulación de la Anamer en el marco de las competencias de los gobiernos regionales y locales (usualmente reactivas ante lo que se identifican como imposiciones del centralismo), o someter a esta nueva autoridad al copamiento o la injerencia constante de otras entidades, empezando por la propia Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a la cual se plantea estar adscrita.
Así también, resulta difícil sostener la eficacia de la autoridad regulatoria si no se prevé un rol concreto en relación con el propio Congreso, espacio donde hoy se generan varias de las regulaciones que intervienen en amplios sectores productivos.
Por otro lado, es paradójico que el propio análisis económico aportado para sustentar la creación de la Anamer resulte en sí mismo insuficiente, al no proporcionarse una verdadera evaluación sobre los costos reales de su implementación en todo el país, tampoco estudios que evalúen los resultados concretos de iniciativas similares como la Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio de la PCM o las oficinas desconcentradas de Proinversión, que a la fecha actúan como asesores en la formulación de proyectos regionales.
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Asimismo, un proyecto que pretenda complementar las funciones de los gobiernos regionales y locales debe involucrar en lo posible las opiniones y colaboración de estos para incrementar su grado de eficacia.
Hoy por hoy existen alternativas mucho más apropiadas para cimentar las bases de una estrategia de mejora de la calidad normativa, en línea con la vigente Ley de la Mejora de la Calidad Regulatoria. Por ejemplo, proporcionar suficientes incentivos y recursos para la formación y capacitación constante de los funcionarios de los gobiernos regionales y locales, mediante un verdadero sistema de seguimiento y evaluación que pueda estar a cargo de entidades ya existentes.
También sería recomendable dotar a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi de suficientes medios y herramientas normativas que le permitan asumir una mayor cantidad de denuncias en todo el país y eviten su retroceso, muchas veces por razones formales, ante importantes barreras regulatorias que siguen activas y requieren una pronta inaplicación.
A largo plazo sería importante contar con una entidad similar a la Anamer, pero solo cuando existan condiciones apropiadas para sostenerla. Mientras tanto, un ensayo poco planificado puede transformar una iniciativa encomiable en un enclave más de la turbulencia administrativa que hoy arrastra al Estado y a sus servidores.
*Sebastian Gamarra Abarca es asociado especialista en derecho administrativo en Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.
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