Desde la última década, los países de la región han improvisado soluciones —y también trabas— a la hora de atender a las millones de personas en movilidad humana, situación que especialmente ha afectado a quienes han salido del territorio venezolano. Según cifras de Naciones Unidas (ONU), en la actualidad hay más de 6 millones de personas en condición de migrantes y refugiadas en América Latina y el Caribe, siendo Colombia el país que alberga a la mayoría.
Los cinco países con mayor presencia de migrantes y refugiados de Venezuela, según agencias de la ONU, son:
- Colombia: 2,4 millones.
- Perú: 1,5 millones.
- Ecuador: 502.000.
- Chile: 444.000.
- Brasil: 426.000.
Para atender esta realidad, Colombia tomó la postura de la regularización de las personas extranjeras. Entre otras medidas, implementó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, por el que se creó el Permiso Temporal de Permanencia, un documento que permite el reconocimiento de derechos a la salud, educación y trabajo; así como acceder a beneficios en programas sociales. Hasta ahora la autoridad nacional, Migración Colombia, ha anunciado que un 96 % de personas migrantes que provienen de Venezuela han sido parte del proceso de regularización.
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La informalidad
Respecto de las acciones en Colombia, Diego Cháves-González, gerente sénior de la iniciativa para América Latina y el Caribe del Migration Policy Institute (MPI), refiere que en los procesos de integración es importante pensar cómo es que interactúan las personas con la economía de cada país.
“Los hitos más importantes en materia de regularización han sido Ecuador, Colombia y Perú, economías que tienen unas particularidades importantes: son economías altamente informales”.
Dejusticia identificó, en 2022, las dificultades que enfrentaron las personas migrantes a la hora de acceder a oportunidades laborales. Entre ellas, las altas tasas de desempleo en Colombia pospandemia y la informalidad, que bordea el 50 % de la Población Económicamente Activa, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Pero, ¿la integración migratoria debe estar orientada a bajar las tasas de informalidad? Según el especialista, la evidencia demuestra que “la regularización migratoria lo que permite es una movilidad hacia sectores de la economía, es decir, a participar de una manera más amplia, sin necesariamente ingresar del todo al mercado formal”.
Justamente el Fondo Monetario Internacional ha destacado que “para obtener beneficios económicos de la migración, es necesario que los países de acogida integren a los recién llegados en la fuerza laboral formal —y también en la sociedad— mediante la concesión rápida de permisos de trabajo y el acceso a los servicios de educación y salud”.
Las estimaciones del FMI, de finales del 2022, indican que “con las ayudas y las políticas de integración adecuadas, los migrantes venezolanos pueden incrementar el PIB real de Perú, Colombia, Ecuador y Chile entre 2,5 y 4,5 puntos porcentuales para 2030 con respecto al escenario de referencia sin migración”.
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La inclusión en la reforma laboral
El proyecto de reforma laboral presentado por el gobierno de Gustavo Petro —cuyo primer debate había sido planteado para este 17 de mayo y fue aplazado— incluye una sección especial, el Título IX para ‘migrantes y deportistas’. El artículo 34 establece:
“El estatus migratorio no será óbice para la exigencia de las garantías laborales y de seguridad social. Los trabajadores y trabajadoras extranjeras, sin consideración de su situación migratoria en el país, gozarán de las mismas garantías laborales concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o la ley. Una vez iniciado el contrato de trabajo se deberá facilitar la regularidad migratoria del trabajador”.
Sobre esta nueva norma, Cháves-González expresa que es importante garantizar la igualdad de oportunidades y que “sobre esas oportunidades se pueda potenciar el capital humano existente”. Desde su mirada, “la regularización es un medio, no un fin, para llegar a un ideal de integración que tiene que adecuarse a la agenda de desarrollo de un país”.
Para poder garantizar que las personas migrantes puedan acceder a mejores opciones de empleo propone:
- Retomar las medidas que vinculen al sector privado en la integración laboral de migrantes.
- Inversión del Estado para reducir la gran cantidad de trámites que suponen una traba burocrática y desincentiva a las empresas para contratar a personas de otra nacionalidad en Colombia.
En 2019, el FMI resaltó que la interacción entre el sector público, empresarial y el sector de cooperación internacional en Colombia jugó un rol importante para que la integración de personas migrantes generara crecimiento económico. Por su parte, la Asociación Nacional de Empresarios Colombia resaltó que la integración laboral de personas migrantes de Venezuela generaba beneficios para las empresas, como la baja rotación de puestos de trabajo, la cobertura de vacantes de difícil contratación, aumento del sentido de pertenencia a las empresas, así como también creatividad e innovación. Esta institución también resaltó la importancia de este proceso para la dinamización de la economía en el país y el fortalecimiento del sistema de seguridad social.
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La apuesta a futuro
De acuerdo con el análisis del FMI, el país en el que la migración venezolana tendrá un mayor impacto en el crecimiento del PIB para 2030 será Perú (4,4%), seguido por Colombia (3,7%), Ecuador (3,5%), Chile (2,6%), Panamá (1,9%), República Dominicana (1,1%), Costa Rica (0,6%) y Uruguay (0,6%).
Según esta organización, “Colombia ha recibido una mayor proporción de migrantes que no están en edad de trabajar (niños o adultos mayores) y una mayor proporción de migrantes con menos años de educación, muchos de quienes no pueden costear el transporte a países más lejanos en la región. Esto explica por qué el impacto en el PIB de Colombia es menor que el impacto en el PIB del Perú, pese a que Colombia ha recibido mayores flujos migratorios relativos a su población”.
Sobre este punto, el especialista del Migration Policy Institute indicó que se debe pensar la integración de personas migrantes como una apuesta a futuro hacia el desarrollo del país:
“Pensemos más allá de lo que está pasando en este momento, sino de lo que puede pasar en 20 años. Medio millón de niños bien formados le pueden aportar muchísimo al país, mientras que medio millón de niños no formados o con mala formación le pueden generar serias dificultades también al país. Entonces creo que también vale un poco entender eso de esta forma este fenómeno”.
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