13/09/2024
No valieron las advertencias ni las protestas en las calles y en el Congreso de México. La más polémica de las propuestas legislativas de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la reforma del Poder Judicial, fue aprobada por mayoría calificada en el Senado la madrugada del 11 de septiembre y en fast track recibió el visto bueno en la mayoría de los congresos locales (18), ejecutando la fuerza política del oficialismo.
Apenas a horas de aprobada la reforma, un monitoreo sobre percepciones empresariales de Vestiga Consultores mostraba que un 89 % de los tomadores de decisión de las empresas mexicanas tenía "poca confianza" (55 %) o "nada de ella" (34 %) en que se tendrá un mejor Estado de derecho en los próximos años en el país.
Este domingo 15 de septiembre, antes de la ceremonia del 'Grito de la Independencia', la reforma constitucional fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.
¡Es oficial!
— Gobernación (@SEGOB_mx) September 16, 2024
Se publicó en el @DOF_SEGOB la reforma al #PoderJudicial. 👇
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Las previsiones
Si bien en los últimos años la inversión extranjera directa ha venido creciendo y en el primer semestre de este año continuó mostrando una tendencia al alza, incluyendo la reinversión de utilidades, las nuevas inversiones cayeron más de 57 % en relación con igual periodo de 2023, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De los más de 31.000 millones de dólares de IED que recibió México entre enero y junio de este año, 52,26 % provino de Estados Unidos y 8,39 % de Canadá. Ambos países ocupan el primer y tercer puesto en el ranking.
Aunque analistas de mercados vienen advirtiendo acerca del impacto negativo en los negocios y las inversiones, en la economía y en la calidad crediticia de la deuda por la Reforma al Poder Judicial, el sector legal se mantiene atento a su implementación, pues este viernes (13) un Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, otorgó la suspensión de su publicación, vinculado con la admisión de un amparo interpuesto por la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.
Para Leopoldo Hernández Romano, socio director de Kerma Partners, aún es temprano para saber cuál es el impacto real sobre los negocios y sobre todo el entorno empresarial, dada la magnitud de los cambios programados y de ser "prácticamente imposible de administrar", empezando por el proceso de elección de jueces de distrito. Sin embargo, advierte que “si esto empieza a incomodar a unos, se puede generar un efecto dominó”.
Tanto los gobiernos de Estados Unidos como de Canadá, socios de México en el T-MEC, han llamado la atención sobre los riesgos de la reforma para la democracia y para la relación comercial. El año pasado México desplazó a China como el mayor exportador de bienes hacia Estados Unidos.
Pero Romano comenta que, a diferencia del T-MEC, el Tratado de Libre Comercio que tiene México con la Unión Europea establece una cláusula de democracia que podría afectar más la relación en el corto plazo con la UE que con Estados Unidos y Canadá, teniendo en cuenta que el volumen comercial es mucho menor con el bloque europeo que con sus socios del norte.
"Aunque, por supuesto, puede complicarse es la renovación del T-MEC en 2026, tomando en cuenta que no será igual negociar con Kamala Harris que con Donald Trump".
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Con él coincide Adalberto Méndez, socio de la firma de consultoría legal de B-Wise, quien también piensa que es muy temprano para poder hacer alguna afirmación sobre la funcionalidad de este nuevo modelo y su impacto en las inversiones del país.
Méndez comenta que, aunque ha sido necesaria una reforma en materia judicial, los cambios propuestos no generan seguridad suficiente a los inversores existentes y potenciales.
Más que el inicio de una dictadura, el abogado piensa que se trata de la regresión a un modelo político que estuvo vigente en México, el del presidencialismo, sin calificarlo de positivo, pero piensa que no debe verse como un obstáculo para las inversiones, poniendo como ejemplo el caso de China, que con un sistema político regido por el unipartidismo de facto, un flujo de 89,100 millones de dólares anuales, convirtiéndolo en el segundo país de mayor recepción de inversión extranjera en el mundo.
De acuerdo con Méndez, en principio y hasta tanto no se vean los resultados de la reforma judicial, habrá un flujo de inversiones lento y moderado, pudiendo haber algunas redirecciones de inyección de capital a otras jurisdicciones de la región, como Colombia, Chile y Argentina.
“Los potenciales inversores preferirían buscar una jurisdicción sin condiciones políticas tan convulsas y que provea mayor estabilidad jurídica y financiera para el desarrollo de negocios; mientras que los existentes optarán por quedarse y moderar, quizás, su operación local, mientras que otras pueden llegar a optar por retirarse”, explica.
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Mercado transaccional mantendrá tendencia
Por el momento, el socio director de Kerma Partners no ve grandes cambios en las tendencias de las transacciones de M&A en México, que han mantenido un comportamiento similar al de Latinoamérica, mercado que se está enfriando por tercer año consecutivo. Las elecciones presidenciales ya habían incidido en el desempeño de las fusiones y adquisiciones en México.
“Salvo el caso de Argentina, que tuvo un incremento en el valor de las transacciones, en el resto de los países, Brasil incluido, ha venido disminuyendo el volumen y el valor de las transacciones. En Estados Unidos este año estamos viendo un incremento en el volumen y en el valor de las transacciones, que no ha tenido un impacto similar en Latinoamérica. No veo ninguna razón por la que esto no continúe”, manifiesta.
En su opinión, lo que pudiera cambiar el panorama transaccional para el resto de este año sería un éxodo de empresas de México, pero no cree que ocurra.
Consultas sobre solución de disputas al alza
El socio de B-Wise comenta que la mayoría de consultas que ha recibido el despacho últimamente tiene que ver con la falta de seguridad en inversiones ante posibles incumplimientos que deriven en litigios.
La preocupación se centra en cómo operará ahora el sistema de justicia y si los medios de defensa judicial serán suficientes frente a eventuales contingencias que una empresa llegue a enfrentar. No obstante, cree que la mayor preocupación está en el ámbito contencioso, pues la reforma genera gran inseguridad respecto del estado de los asuntos judicializados en curso y cómo será su tratamiento una vez que entre en vigor.
En su opinión, esto representa una oportunidad, en la que, mientras la judicialización de casos puede decrecer, los mecanismos alternativos de solución de controversias, sobre todo tras la promulgación de la ley en esta materia en enero de este año, pueden aumentar tanto dentro como fuera de México, al advertirse como una opción más segura y eficiente.
Esto último sobre todo porque, aunque se esté de acuerdo con los términos en los que se aprobó la reforma judicial, se debe reconocer que el sistema de justicia del país no se ha caracterizado por ser el más eficiente ni accesible, y esto, desafortunadamente, no se soluciona con la reforma, por el contrario, tiende a agravarse.
En relación con el incremento de arbitrajes que han advertido algunos analistas para dirimir controversias, Hernández Romano piensa que todo dependerá de dónde se tenga que ejecutar el laudo, partiendo de algunos problemas históricos en la ejecución de algunos laudos, lo que cree se incrementará y dificultará cumplir cualquier decisión, tomando en cuenta la presión que pueda estar ejerciendo el gobierno sobre los jueces.
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A la espera del nuevo Gobierno
Aunque piensa que el panorama es incierto, Méndez comenta que mientras México continúe siendo un país atractivo en tanto a costos para las actividades asociadas al nearshoring, muy seguramente estos planes continuarán.
No obstante, dice que es muy probable que, hasta entonces no entre el nuevo gobierno y se vea el estilo de gobernar de la nueva presidenta, las acciones de relocalización y deslocalización sean moderadas.
“No hay que olvidar que, desde la pandemia, las empresas transnacionales buscan cadenas de producción más cortas y resilientes, que sean capaces de mantenerse en operaciones y, sobre todo, que estén más cerca de su destino y/o consumidor final. En este sentido, es donde existe la posibilidad de que los planes de relocalización se mantengan, si es que los destinos de consumo final continúan”, comenta
Sin embargo, advierte que ante el escenario que vislumbra la reforma judicial, habrá necesariamente un incremento de cláusulas arbitrales, acuerdos de mediación y/o negociación, en las estructuras contractuales de proyectos de nearshoring para garantizar una salida fácil, eficiente y bajo impacto económico ante una eventual contingencia, o acelerada salida del mercado.
El socio de B-Wise acota que si el Gobierno Federal quiere mantener ingresos trimestrales por casi 20,313 millones de dólares, que es lo que México recibió por concepto de las actividades de relocalización de empresas en el primer trimestre de 2024, deberá tranquilizar a los mercados con una serie de estímulos económicos y fiscales lo suficientemente atractivos, que permitan disipar la desconfianza que la reforma judicial ha provocado.
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