En El Salvador abortar en cualquier caso está sancionado con penas de dos a ocho años de prisión. A ello se le puede añadir de 30 a 50 años por configurarse como un delito de homicidio culposo. Sin embargo, en este momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) evalúa el caso ‘Beatriz vs. El Salvador’, que se espera cambiará el ordenamiento jurídico sobre el aborto en el país.
Hace menos de una semana, el máximo tribunal de justicia registró un hito histórico: llevar a cabo su primera audiencia sobre aborto. El caso ocurrió hace una década y se centra en la historia de Beatriz (nombre ficticio), una joven salvadoreña de 22 años que gestaba un feto anencefálico —sin cráneo, ni masa encefálica desarrollada— y padecía Lupus eritematoso sistémico. Por indicación médica y la opinión de 15 expertos, Beatriz debía practicarse un aborto terapéutico.
La medida que sacaría de situación de riesgo su vida fue impedida por orden de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. La entidad falló en contra del amparo solicitado por la joven, devolviendo a las autoridades médicas la responsabilidad de la decisión, sin ninguna resolución respecto del tratamiento recomendado, reduciéndolo a un ilícito. Beatriz afrontó un embarazo de ingresos constantes al hospital, su salud física y psíquica se deterioró en el proceso. El feto fue extraído por cesárea y a esta experiencia de riesgo se sumó el trauma generado por dar a luz a un bebé que solo vivió cinco horas. En ese entonces, Beatriz declaró a la prensa:
“Esto tenía que haber sido antes (…) Estoy triste porque murió, pero ya dijeron que no iba a vivir (…) Yo les dije que mejor me lo sacaran, pero han esperado mucho y ha sido peor (…) Yo no quiero que nadie pase por esto (…) Si le ocurre a otra, pues se muere”.
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El Salvador vulnera la Convención de Derechos Humanos
El marco normativo vigente en El Salvador incumple los artículos 2 y 26 de la Convención Americana. Cabe recordar que el país, gobernado por Nayib Bukele, ratificó la Convención en 1978, por lo que debe responder a lo que ella estipule.
Los artículos mencionados se centran en la obligación del Estado de “modificar o abolir leyes y prácticas que afecten derechos, en especial los que respalden o toleren violencia contra las mujeres” y en obstaculizar “la plena efectividad del derecho a la salud”, como recoge la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A ello se añade lo que la parte peticionaria logró señalar en 2020, ante la CIDH, como la violación a la Convención de Belén do Pará, “en tanto dicha legislación así como la práctica estatal en torno al aborto imponen estereotipos y roles de género que se configuran en una forma de discriminación y violencia contra las niñas, jóvenes y mujeres”.
Por su parte, quienes lideran tanto el Ejecutivo como el Legislativo salvadoreño han manifestado que no actuarán bajo presión y que no hay cambio que se contemple ante actos que configuran un delito. Esta fue la opinión del presidente de la Asamblea de El Salvador, Ernesto Castro, durante la audiencia del caso ante la Corte IDH:
Que quede totalmente claro:
— Ernesto Castro (@ECastroES) March 22, 2023
Mientras Nuevas Ideas sea mayoría en la Asamblea Legislativa, no existe ni la más mínima posibilidad de que el aborto se legalice en El Salvador.
Defendemos la vida por sobre todas las cosas.
Luego de una campaña con tintes homonacionalistas, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, llegó a calificar de genocidio cualquier tipo de aborto. Su negativa hacia cualquier posibilidad por reformar o flexibilizar la normativa penal fue emitida inmediatamente después de que concluyó la audiencia. Bukele aseguró que no habrá cambios en la legislación “consagrada en proteger el derecho a la vida”.
En Centroamérica se concentran los marcos normativos más restrictivos y criminalizadores contra el aborto. A El Salvador se le suman Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana, países en los que también rige una prohibición absoluta.
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La Corte IDH genera optimismo frente a otros retrocesos
Un aspecto poco comentado -aunque clave entre los hitos del caso- es el pronunciamiento que la Corte IDH ha hecho sobre el caso, en el marco de un otorgamiento de medidas provisionales. Esto ocurrió cuando Beatriz aún gestaba y su defensa recibía aplazamientos y negativas a la solicitud de un amparo que habilitara a los médicos a practicar el aborto terapéutico requerido.
En ese momento, la Corte IDH revisó los informes y trámites ante la justicia salvadoreña, con la CIDH como intermediaria. A finales de junio de 2013, el tribunal acreditó medidas provisionales a Beatriz, para “evitar daños irreparables a los derechos a la vida, integridad personal y salud”. Exactamente cuatro días después y por diagnóstico médico, Beatriz presentaba contracciones leves, lo que indicaba trabajo de parto. El personal médico lo interpretaba dentro del marco permitido para practicar un procedimiento de evacuación. Aunque todo el sistema le hubiera fallado a Beatriz, el precedente dejado con las medidas provisionales podría ser la piedra angular de una respuesta favorable por parte de la Corte IDH.
El plazo de respuesta de la Corte IDH, con recomendaciones y la posibilidad de alegatos finales, es de 6 meses. El contexto que rodea este caso es bastante dinámico a nivel continental. Por un lado, se asoma el retroceso registrado en materia de derechos fundamentales en EE.UU., a mediados del año pasado, con la anulación de la sentencia Roe vs. Wade. Lo que ha tenido resonancia en diversos Estados y en algunos foros a nivel regional. Luego de ello, un revés importante con el avance en Colombia, país que mediante un fallo de la Corte Constitucional, ha conseguido despenalizar el aborto hasta la semana 24.
El más reciente en pronunciarse -con una iniciativa bastante desalentadora en materia de conquista de derechos- ha sido Perú. El Pleno del Congreso acaba de aprobar el Proyecto de Ley 785 que “reconoce derechos al concebido”. La iniciativa fue planteada por Milagros Jaúregui, congresista del partido de extrema derecha Renovación Popular.
La iniciativa legislativa busca otorgar derechos constitucionales, mediante la modificación del artículo 1 del Código Civil. Concretamente se busca reconocer y garantizar “el respeto a la dignidad del concebido, así como su derecho a la vida, a la identidad propia, a la integridad psíquica y física, así como a su libre desarrollo intrauterino”.
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