Las acciones del Poder Judicial para frenar la reforma de AMLO, se desata batalla de recursos

El paro de ya tres semanas que inició la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, al que se ya se sumó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no es la única acción que ha emprendido el Poder Judicial en contra de la reforma que afecta su estructura, este poder del Estado también ha desplegado otras defensas en el terreno legal. 

Entre estas acciones, la jueza federal por el estado de Morelos, Martha Eugenia Magaña López, giró a la Cámara de Diputados un oficio por el que ordena parar indefinidamente el debate de la reforma en el pleno. Este recurso tiene origen en un amparo tramitado por un grupo de magistrados que, entre otras cosas, argumenta derechos laborales violados. 

Otro recurso con el que un grupo de jueces impugnó el dictamen de la reforma llegó a manos de Felipe V. Consuelo Soto, juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas, quien concedió otra suspensión de los debates de esta reforma y, además, ordenó que el documento legislativo no pase a discusión a los congresos locales. 

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Ambas resoluciones fueron desatendidas por la Cámara Baja, que ya aprobó la iniciativa y la remitió al Senado de la República. En este recinto, según los votos manifestados, el PAN, PRI y MC cuentan con 43 senadores, los necesarios para frenar la iniciativa.

Ante este actuar de la Cámara de Diputados, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, una figura que públicamente ha desafiado las reformas del todavía presidente Andrés Manuel López Obrador, inició el proceso de consulta (trámite 1/2024) en la que pregunta si los jueces pueden detener el avance de la Reforma al Poder Judicial en el Congreso.

“Se consulta al Tribunal Pleno sobre la posibilidad de que la presidencia de este Alto Tribunal, al conocer de un asunto de los previstos en el artículo 11, fracción XVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se pronuncie sobre la procedencia de la o las medidas cautelares que se haga valer conforme al apartado III”, se lee en la consulta.

Se ha puesto a consulta de los ministros la suspensión del proceso de Reforma al Poder Judicial, ejerciendo la facultad de atracción solicitada por la Asociación de Jueces y Magistrados Federales. pic.twitter.com/A3dHmNTHYY

— Norma Piña ® (@_NormaLuciaP) September 5, 2024

El trámite ha sido turnado a Lenia Batres, ministra que se ha manifestado a favor de la reforma y cuyo proyecto será discutido por el pleno de la Suprema Corte. 

El paro de la SCJN se ha establecido hasta este lunes, mientras los ministros acuerdan cuáles serán los siguientes pasos para enfrentar este proceso de reforma. 

La defensiva del Legislativo

De acuerdo con la gacetilla del Congreso de la Ciudad de México, este ha solicitado al Consejo de la Judicatura Federal que inicie una investigación de responsabilidades y sanciones en contra de Martha Eugenia Magaña y Felipe V. Consuelo Soto, según el artículo 86 fracción XXXVI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Según congresistas locales, estos jueces, quienes han ordenado la suspensión del avance en el Congreso de la reforma, han transgredido su esfera de competencia, vulnerando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

¿Qué busca esta reforma?

El objetivo de la Reforma al Poder Judicial, la iniciativa más polémica del presidente saliente, es establecer un sistema de voto popular para elegir a los ministros de la SCJN, las y los magistrados de circuito, las y los jueces de distrito y las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

Además, la iniciativa pretende: 

• Eliminar la facultad de suspender normas cuestionadas por controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad desde su admisión y, tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales.
• Delegar la administración del PJF a cargo de un órgano de administración judicial y la disciplina de su personal a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial.
• Reducir a nueve la cantidad de ministros en la SCJN (actualmente son 11).
• Disminuir de ocho a seis el número de votos requerido para que las sentencias dictadas por el Pleno de la SCJN sean obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas.
• Determinar remuneraciones menores a las del cargo del presidente de la República, sin disminuirlas durante su encargo.
• Recortar a 12 años el cargo de los ministros de la SCJN (actualmente es de 15 años).
• Prohibir el financiamiento público para todos los cargos de elección dentro del PJF.
• Prohibir a los partidos políticos hacer actos de proselitismo. 
• Dejar en manos del presidente de la República la propuesta de una terna a consideración del Senado para suplir ministros que excedieran un mes de ausencia. 
• Que las leyes prevean las cuantías en materia tributaria que, tanto los tribunales administrativos como los jueces de Distrito y tribunales de Circuito del PJF e incluso la SCJN, deberán resolver en un máximo de seis meses contados a partir del conocimiento del asunto.