Tradicionalmente, la responsabilidad de promover la sostenibilidad, la diversidad, la equidad, la inclusión y las políticas corporativas con conciencia social, así como de establecer requisitos mínimos de gobierno corporativo ha recaído en los gobiernos y los legisladores, quienes establecen los estándares que las empresas deben seguir.
Sin embargo, debido a la presión ejercida por la sociedad, inversores, consumidores, empleados y otros actores contingentes, las empresas se ven obligadas a superar los límites legales mínimos en materia de políticas ESG y a contribuir de forma más activa en la transformación de las comunidades en las que operan.
Al adoptar principios o estándares ESG, las organizaciones se comprometen con los tres pilares del desarrollo sostenible: ambiental, social y de gobernanza. El pilar ambiental implica que la organización se compromete a tener en cuenta las preocupaciones ambientales en conjunto con el desarrollo económico y adoptar medidas para mitigar los impactos ambientales de sus operaciones.
El pilar social engloba las relaciones de la organización con sus partes interesadas, lo que incluye su capital humano (contribuyendo a un entorno diverso e inclusivo, por ejemplo) y las comunidades en las que opera (a través de programas de extensión comunitaria, políticas y acciones con impacto social).
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En cuanto al pilar de gobernanza, este se refiere al conjunto de reglas (escritas y no escritas), que rigen el funcionamiento de las organizaciones y sus participantes. Esto puede abarcar desde estándares para la toma de decisiones hasta requisitos de auditoría y directrices relacionadas con la diversidad.
Para los abogados, una de las formas primordiales de contribuir al bienestar de la sociedad es a través del trabajo pro bono, brindando servicios legales de forma gratuita o a costos muy bajos para generar un impacto social incalculable.
En la mayoría de las firmas, el trabajo pro bono y la gestión de ESG suelen abordarse como cuestiones separadas y son administrados por diferentes departamentos internos. Esto se debe a que el trabajo pro bono es el resultado de una tradición legal que se extiende por más de un siglo, mientras que los principios ESG son una incorporación más reciente y requieren adaptaciones por parte de las empresas.
Dado que las firmas no tienen un impacto directo sustancial en el medio ambiente, ya que brindan servicios en lugar de producir bienes, acciones como la sensibilización sobre la gestión de residuos y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero son suficientes para cumplir con los aspectos ambientales. En lo que respecta a la gobernanza, los bufetes pueden implementar cambios para promover la diversidad y la inclusión, y también pueden adoptar medidas de cumplimiento.
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No obstante, en muchas empresas, la dimensión social a menudo recibe menos atención e inversión. Una de las principales vías para que las empresas y bufetes de abogados cumplan con los criterios sociales es a través del trabajo pro bono, lo que les permite centrarse de manera activa y eficiente en el componente "S".
La incorporación de los criterios ESG en el mercado legal ha sido impulsada en gran medida por la demanda de los clientes. Los departamentos y firmas legales corporativas desempeñan un papel crucial como partes interesadas en la implementación de prácticas ESG, especialmente cuando colaboran internamente y con los clientes para incorporar el componente "S" en iniciativas de impacto social positivo.
En las firmas, los criterios ESG a menudo se reflejan en la inversión social, los programas de diversidad e inclusión y el trabajo pro bono. De esta manera, impulsan los criterios ESG de dos formas: fomentando el trabajo pro bono, contribuyendo con el acceso a la justicia y abordando cuestiones relacionadas con ESG en los servicios legales pro bono, como el derecho ambiental, los derechos humanos y el gobierno corporativo.
Las motivaciones detrás de la adopción de los pilares ESG y el compromiso con el trabajo pro bono, que se incluye en el aspecto social, parecen estar interconectadas. El mundo ha experimentado transformaciones profundas en las últimas décadas, con crecientes preocupaciones sobre el cambio climático y el impacto de las acciones de las empresas.
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Los consumidores y clientes están cada vez más conscientes de los impactos ambientales y sociales de las empresas y valoran aquellas que priorizan la producción sostenible y la protección del medio ambiente, así como la generación de un impacto social positivo a través de sus acciones.
En consecuencia, el trabajo pro bono adquiere una gran relevancia en el ámbito de la responsabilidad social corporativa. Este tipo de labor no solo atrae a clientes e inversores, sino que también se alinea con los criterios sociales ESG. Sin embargo, la adopción de una cultura pro bono sigue siendo un desafío, no solo porque necesita ser fomentada en diferentes contextos, sino también debido a la naturaleza en constante evolución y adaptación de los principios ESG.
Es necesario entender que el trabajo pro bono conlleva varios beneficios tanto para la comunidad como para las empresas y los bufetes de abogados. La integración de prácticas ESG fortalece y amplía aún más estos beneficios. Además, al incorporar el trabajo pro bono en su estrategia ESG, las firmas y las empresas demuestran su compromiso con la responsabilidad social, la equidad y la justicia, reafirmando la promoción del acceso a la justicia como un derecho fundamental.
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El trabajo pro bono también se presenta como una valiosa oportunidad para que los profesionales desarrollen sus habilidades y expandan su experiencia profesional. Los abogados pueden enfrentar desafíos legales únicos, mejorando sus habilidades de comunicación, investigación y resolución de problemas, al mismo tiempo que promueven una cultura de compromiso social en las firmas y empresas en las que trabajan.
Por lo tanto, separar el trabajo pro bono de los principios ESG es una distinción artificial que no contribuirá al objetivo final de utilizar las habilidades para retribuir a las comunidades y la sociedad. Estos conceptos van de la mano y pueden ser utilizados de manera conjunta para maximizar los resultados y los impactos positivos.
La rica historia y la institucionalización del trabajo pro bono en la profesión jurídica, combinados con los estándares de rendición de cuentas y la medición de los principios ESG, tienen el potencial de generar un verdadero impacto social.
*Este artículo fue escrito por Antônia Azambuja, abogada del departamento de Litigios Civiles; Helena Rabethge, gerente de Responsabilidad Social Corporativa; Juliana Meneghelli, analista de Responsabilidad Social Corporativa, todos ellos de Machado Meyer Advogados; además de Rebecca Groterhorst, coordinadora de proyectos del Instituto Pro Bono y Jaime Chávez-Alor, director de políticas para América Latina del Vance Center.
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