A inicios de 2023, en febrero, Panamá decidió garantizar el derecho a la salud mental como derecho fundamental al promulgar su Ley de Salud Mental o Ley 364. Entre otras cosas, esta ley establece la recepción inmediata de tratamientos y medicamentos frente a las diferentes condiciones de salud mental y regula la no discriminación ni estigmatización por problemas psicológicos leves o graves. Uno de sus objetivos es la prevención de los suicidios y de los padecimientos mentales.
“Si bien tradicionalmente la atención dentro del sistema de protección de derechos ha estado centrada en la salud física, a partir de la pandemia los problemas de salud mental cobraron especial relevancia y se hizo urgente incluirlos en un esquema de protección”, refiere Camila De Vengoechea, líder de responsabilidad social y sostenibilidad de Morgan & Morgan.
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La Ley 364 no solo obliga al Estado a ofrecer atención integral de salud mental “con calidad y equidad”, sino que también obliga a las aseguradoras a no discriminar a las personas con padecimientos psicológicos en la contratación de una póliza de seguro de vida o salud.
En un informe, la Unicef indicó que 1 de cada 7 adolescentes entre 10 y 19 años a nivel mundial ha sido diagnosticado con un trastorno mental. De igual manera, una encuesta hecha por el Ministerio de Educación de Panamá indicó que 800 estudiantes admitieron haber tenido un pensamiento suicida. Sobre este informe, el 57 % de los encuestados dijo no haber tenido ninguna afectación emocional; el 25 % una leve afectación emocional; el 16 % moderada; y el 2 % una grave.
Detrás de bastidores, esta ley fue impulsada por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, academia y hasta firmas de abogados. Fundación Relaciones Sanas, una organización que aboga activamente por la prevención del suicidio, la lucha contra el bullying y otros temas relacionados con la salud mental, junto al equipo del diputado Gabriel Silva, establecieron contacto con el despacho Morgan & Morgan para tomar acción sobre esta problemática.
Orlando Tejeira, asociado de la firma, quien fue el encargado de participar en el proyecto de la Ley de Salud Mental de manera pro bono, comenta que el desarrollo de la ley implicó un esfuerzo titánico porque Panamá no contaba con una norma anterior, ni siquiera con una que definiera la salud mental como un derecho humano y, que a su vez, dicho derecho estuviera cubierto en el sistema de salud pública del país.
“Tan importante es llegar a un hospital del sistema de salud diciendo que tienes un brazo fracturado y recibir atención médica, como llegar al mismo hospital diciendo que estás deprimido y necesitas recibir ayuda. Ambos tipos de salud son importantes”, menciona Tejeira.
Para Tejeira, el proyecto de crear una legislación que protegiera la salud mental de los panameños exigió la participación de un equipo multidisciplinario de abogados, activistas, médicos y empleados públicos.
“Aún queda trabajo legislativo por hacer, pero al menos ya tenemos un punto de partida (con la ley) que antes no teníamos”.
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La gestión del área pro bono en las firmas legales
Tradicionalmente, el trabajo pro bono se ha entendido como el servicio de asesoría gratuita que se ofrece a los miembros menos favorecidos de una comunidad. Pero, ¿es posible que los beneficios de una asesoría legal gratuita lleguen a todos los ciudadanos de un país, sin distinción de condiciones?, ¿es posible lograr un impacto social realmente trascendente a través de esta práctica?
Los trabajos pro bono tienen la capacidad de multiplicar su alcance cuando se dedican a programas que afectan la esfera de derechos fundamentales, como el caso en mención sobre salud mental.
La pandemia del COVID-19 evidenció la problemática, así como la infraestructura, muchas veces inexistente, de las instituciones de salud para dar debida atención. Este contexto sirvió de abono para tomar decisiones legislativas al respecto. En la región ya hay jurisdicciones que cuentan con leyes que ofrecen un sistema de protección de la salud mental, específicamente Argentina (Ley 26.657), Chile (Ley 20.584) y Colombia (Ley 1616) han declarado la salud mental como un derecho humano.
En 2011, Morgan & Morgan firmó la Declaración de Trabajo Pro Bono para el Continente Americano (DPBA), que compromete a los firmantes a realizar, como mínimo, 20 horas de trabajo pro bono al año por abogado. Esta declaración fue una iniciativa del Cyrus Vance Center for International Justice.
En opinión de Camila De Vengoechea, a partir de que la firma se uniera a la DPBA se ‘corporativizó’ el trabajo pro bono en la organización.
“La firma tiene muchos años trabajando en proyectos pro bono, pero con la DPBA se plantea una estrategia de sostenibilidad, se crea la materia pro bono dentro del registro de horas, se comienza a asignar abogados a proyectos específicos según su área de práctica, se realiza anualmente un reporte pro bono que se envía al comité de compensación y se crean procesos para dar cabida a un programa formal dentro de la firma para que los abogados pudieran incrementar sus horas pro bono”.
El programa pro bono de Morgan & Morgan —que opera con abogados propios de la organización— funciona a través de dos canales:
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Alianzas que la firma realiza con fundaciones u ONG para atender asuntos de las propias ONG o de sus comunidades, a través de jornadas legales gratuitas.
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La participación directa de los abogados en temas relacionados con proyectos de ley o de interés público, como ocurrió con el proyecto de Ley de Salud Mental.
De manera paralela al programa pro bono de la firma opera FundaMorgan, con otro grupo de abogados especializados en derechos humanos, que están enfocados en atender casos de violencia contra la mujer y de familia. Las asesorías de FundaMorgan también se realizan de manera gratuita.
A partir de instrumentos internacionales que hagan eco de los beneficios del trabajo pro bono y que impulsen el ejercicio del derecho bajo un enfoque ético y social, es posible ganar más espacios para una sociedad más justa.
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Nuevos retos para el trabajo pro bono
Morgan y Morgan se encuentra trabajando ahora en un nuevo proyecto de trascendencia nacional: la aceptación legal del matrimonio igualitario, materia sobre la que la Corte Suprema del país se pronunció en contra recientemente.
En contexto, se demandó a la República de Panamá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el no reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. Camila De Vengoechea señala que este es un proceso histórico que involucra un recurso de inconstitucionalidad interpuesto ante la Corte Suprema y que busca reformar el artículo 26 del Código de Familia que prohíbe el matrimonio igualitario
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un dictamen en el que estableció que el matrimonio entre personas del mismo sexo es un derecho humano, señalando que todos los países sujetos a su jurisdicción debían respetarlo. Esta decisión fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia de Panamá, sin embargo, la Corte ha permanecido en silencio durante varios años.
A decir de De Vengoechea, “la moción inicial de la firma ante la Corte Suprema de Justicia no solo fue el primer intento de evolucionar hacia una sociedad más justa, igualitaria y equitativa, donde todos los individuos tengan el mismo derecho, sino también sentar un precedente importante para nuestro país en el tema de derechos humanos”.
Sobre este caso, recientemente la Corte Suprema de Panamá determinó que no es inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. Este pronunciamiento de la Corte está siendo analizado por el equipo legal de Morgan & Morgan.
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