La palabra inclusión —según la RAE— se define de dos maneras: como la acción y efecto de incluir y como la conexión o amistad de alguien con otra persona. Según la Editorial RSyS (Responsabilidad Social y Sustentabilidad) es la incorporación como iguales en la sociedad o una organización de individuos de diferentes grupos.
Visto así, es no solo una definición fácil de entender sino también, en teoría, una acción fácil de ejecutar, pero durante cada junio (Mes del Orgullo LGBTTTIQ+) corren 30 días a lo largo de los cuales somos recordados, con más énfasis que el resto del año, de que la inclusión es un concepto que la sociedad, en general, a veces olvida poner en práctica, al menos con y hacia las personas sexodiversas.
Basta con ver las estadísticas del Banco Mundial: Al menos 11 % de los jóvenes pertenecientes a uno de los grupos de la comunidad LGBTTTIQ+ en América Latina y el Caribe (como en muchas otras regiones) se enfrenta a hechos que dificultan su inclusión socioeconómica y educación, debido a la discriminación, el acoso y la violencia en las escuelas. El difícil acceso a la educación, o al menos a un entorno educativo libre de agresiones, se extiende a la atención médica, los servicios financieros, el mercado inmobiliario y el empleo, donde los despidos discriminatorios son altos.
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El Banco Mundial explica que esto hace que los índices de desempleo dentro de la comunidad sexodiversa sea más alto que entre otras, especialmente porque muchas naciones carecen de leyes de protección diseñadas especialmente para esta comunidad. Asimismo, es más probable que los entornos profesionales “tradicionales” sean los más propensos a discriminar, exigiendo que se siga la cultura don’t ask, don’t tell o execrando, indirecta o directamente a los individuos LGBTTTIQ+.
A pesar de que cada vez hay mayor visibilidad, en el mundo corporativo la inclusión es más lenta, advierte Raquel Flórez Escobar, socia en Freshfields Bruckhaus Deringer y líder de la práctica de People & Reward en España y de Probono y Diversidad.
"Hay un porcentaje importante de personas que están fuera del armario en su vida social, pero que vuelven al armario en la vida laboral, por el miedo al qué dirán y a que su pertenencia al colectivo LGBTTTIQ+ pueda afectar sus posibilidades de acceder al empleo y de desarrollar su carrera profesional".
No obstante, señala que en los últimos años las cosas han cambiado, especialmente por el impulso de las grandes multinacionales, que suelen exigir de sus proveedores legales el cumplimiento con ciertos estándares y se interesan por las políticas de diversidad e inclusión, basados en los estudios que demuestran que los equipos diversos generan mejores resultados, “de modo que trabajar en diversidad e inclusión resulta bueno para el negocio”.
Además, se está avanzando mucho en términos de bienestar, para garantizar la salud física y mental de los abogados, por lo que tener entornos inclusivos “es clave” en esa tarea.
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Algunos de los cambios legales en España a favor de la diversidad se resumen en la aprobación de la Ley 13/2005, que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo, equiparándolo al matrimonio entre personas de diferente sexo, a la que se sumó la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y que reconoció a las personas trans, mayores de edad y de nacionalidad española la posibilidad de modificar la asignación registral de su sexo, sin necesidad de someterse a un procedimiento quirúrgico de reasignación de sexo y sin procedimiento judicial previo. También reconoció la doble maternidad en el seno de matrimonios de mujeres.
Esto llevó eventualmente a que los tratamientos hormonales y quirúrgicos para las personas trans se incorporaran a la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y a la cartera de servicios complementaria de algunas comunidades autónomas que, dentro de las competencias que les corresponden, han aprobado leyes para la igualdad y no discriminación de las personas LGBTTTIQ+.
La más reciente ley incorporada a la normativa española que avanza en los derechos del colectivo sexodiverso es la llamada Ley Trans (Ley 4/2023) que, en palabras de Flórez, supone dar un “salto cualitativo en la lucha por la consecución de la igualdad real y efectiva de las personas LGBTTTIQ+” y contra las discriminaciones que todavía sufren.
Esta garantiza el acceso a servicios de salud, prohíbe la mutilación genital intersexual y las terapias de conversión y reconoce legalmente el género para las personas trans mediante la autodeterminación. Además, estableció medidas para combatir el acoso escolar y la discriminación laboral y la protección de personas refugiadas por motivos de identidad de género.
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Las terapias de conversión son, si se describen de manera llana, “intervenciones de una naturaleza muy amplia, todas las cuales tienen en común la creencia de que la orientación sexual o la identidad de género (SOGI) de una persona puede y debe cambiarse”.
Muchas naciones han empezado a discutir proyectos de ley para regular o prohibir estas “terapias”. Costa Rica debate un proyecto de ley que busca prohibirlas y cuya propuesta está en el plenario de la Asamblea Legislativa a la espera del período de mociones de reiteración, y a la que el ala derechista del Congreso se opone.
Mientras tanto, el Congreso de Colombia, que también discute un proyecto de ley que prohibiría estas prácticas, evitó abordar el proyecto (que estaba en el orden del día de 11 y 12 de junio en la comisión primera), lo que significa que, por términos de tiempo en trámites, el anteproyecto debe volver a ser presentado. A este también se opone un conocido diputado local.
A pesar de que el abordaje de estas leyes suele pasar por tácticas dilatorias para evitarlas, en general, hay una mayor conciencia de la importancia de legislar sobre estas terapias de la misma manera que se debe legislar para aumentar la protección de la comunidad sexodiversa en otros ámbitos sociales, como no solo han mostrado diversos grupos parlamentarios sino también colectivos de salud, como alianzas, colegios y gremios de profesionales de la salud mental de distintos países de América Latina y el Caribe que se pronunciaron contra estas “terapias”.
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México ya está del otro lado de la cerca desde abril, cuando el Congreso Federal reformó el Código Penal y la Ley General de Salud, para prohibir las terapias de conversión e impuso penas criminales para quienes realicen, financien o promuevan tratamientos que busquen cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona, lo que le dio fin a un proceso legislativo de 6 años, cuyo avance fue lento y escalonado puesto que México es un país federal y estas son materias locales.
Sobre esto, Alix Trimmer, abogada y fundadora de LAIN - Laboral Interseccional, ciudadana LGBTTTIQ+ y parte del listado 41+1 LGBT+ de los Negocios 2022, apunta que este avance legislativo “resalta sobre cualquier otro” por ser “un paso gigantesco” en pro de la no discriminación y no vulneración de los derechos de la comunidad.
El matrimonio igualitario es legal en todo México desde 2022. Esto, como la prohibición de las terapias de conversión, también fue “lento y escalonado”, como indica Xavier Careaga (socio de Galicia Abogados, S.C. y parte del 41+1 LGBT+ de los Negocios. Los cambios iniciaron desde que la Ciudad de México legisló en la materia en 2009, y cuando la Suprema Corte resolvió en 2015 sobre la inconstitucionalidad del rechazo al matrimonio igualitario, ordenando a los jueces a seguir criterio favorable en amparos interpuestos por parejas del mismo sexo.
"A partir de ahí los congresos estatales lentamente fueron modificando sus leyes locales, con algunos estados negándose a acatar lo resuelto por la Corte, lo cual fue causa de distintas acciones judiciales y presión política", comenta Careaga.
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Actualmente, 28 estados modificaron sus leyes, Aguascalientes y Chiapas no han cambiado la ley, pero no se impide el matrimonio; Chihuahua y Guanajuato decidieron no imponer la prohibición; Baja California, Ciudad de México, Morelos y Yucatán contemplan el matrimonio igualitario en su constitución local. Desde 2018, se permite el matrimonio en consulados mexicanos, a pesar de que el Código Civil Federal no fue reformado.
En la legislación mexicana las Uniones Civiles (concubinato) están menos estandarizadas. Así tenemos que 24 estados han regulado igualdad en uniones del mismo y diferente sexo; Durango, Aguascalientes y Jalisco solo lo permiten para parejas de diferente sexo, “a pesar de ser inconstitucional, por lo que se puede obtener vía amparo” y otros cinco estados tienen regulación ambigua, “por lo que es poco claro, y, en cualquier caso, se puede obtener vía amparo”.
Otros avances en derechos incluyen la adopción conjunta (solo 24 estados han modificado sus legislaciones civiles para permitir la adopción de una pareja homoparental), la legalidad del cambio de sexo que incluye la libertad de cambiarlo en los documentos de identidad en 23 estados sin necesidad de amparo; que la Ciudad de México, Jalisco y Oaxaca reconozcan a las personas transgénero menores de edad y que la Suprema Corte haya emitido, este año, resoluciones que declaran la inconstitucionalidad de la exigencia de ser mayor de edad para solicitar una nueva acta de nacimiento que reconozca la identidad de género.
"Esta decisión podrá ser usada en el resto de los estados, aunque será probablemente un proceso lento como el del matrimonio igualitario".
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Otros países, mismos desafíos y firmas de abogados con políticas inclusivas
A pesar de que el proyecto de ley que busca prohibir las terapias de conversión se ha encontrado con obstáculos en Costa Rica, esta nación cuenta con hitos normativos como el establecimiento del Día Nacional contra la Homofobia (17 de mayo); la declaración como inconstitucional del referendo sobre uniones entre parejas del mismo sexo en 2010 (por su conflicto con los principios de igualdad y no discriminación hacia grupos vulnerables); la reforma de la Ley General de la Persona Joven (2013), que aseguró el respeto a las uniones de hecho de parejas del mismo sexo; la extensión del Seguro Social (por la Caja Costarricense, en 2014) a parejas del mismo sexo y la concesión de derechos de visitas y de ser contactos principales de emergencia; la emisión de la “Opinión Consultiva” por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre identidad de género, igualdad y no discriminación de parejas del mismo sexo que ordenó al país a tutelar el reconocimiento de las parejas del mismo sexo y garantizar el derecho al matrimonio sin discriminación, y la entrada en vigencia del matrimonio igualitario, en 2020.
Esto hace de Costa Rica, en palabras de Andrea González, socia de BLP y líder de su Comisión LGTBI, un país que muestra un profundo respeto por los derechos humanos de la comunidad sexodiversa.
"…tanto que hoy en día existen personas políticas abiertamente homosexuales y transexuales que han sido elegidas por votación popular. Aunque existen desafíos pendientes, los avances continúan día a día".
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El rol de las firmas de servicios legales
Desde Estados Unidos, Yosbel Ibarra, shareholder de Greenberg Traurig, LLP, recuerda que el entorno para las personas LGBTTTIQ+ en la región ha cambiado bastante en los últimos años, lo que ha abierto la puerta a que cada vez más firmas de abogados en América Latina creen espacios que permiten que los miembros de la comunidad se identifiquen libremente.
"Recuerdo que hace unos 15 años estuve en una reunión donde discutíamos los resultados de una encuesta sobre la importancia de la diversidad en firmas de abogados y una de las respuestas nos tomó por sorpresa: En vez de hablar de diversidad en términos de inclusión racial o de género, la respuesta comentaba sobre la importancia de tener una firma con experiencia diversa en áreas de práctica legal como temas corporativos, contenciosos, tributarios, etc. En otras palabras, no existía una base común para empezar la discusión sobre diversidad, algo que afortunadamente ha cambiado desde entonces".
Ibarra, como González, tienen la oportunidad de trabajar en firmas que han tenido una cultura inclusiva desde sus comienzos. “La diversidad es parte del ADN de nuestra organización”, asevera Ibarra sobre Greenberg Traurig, mientras González resalta que BLP tiene, desde 2008, la Fundación BLP y como principio fundamental la prohibición de la discriminación hacia cualquier colaborador para garantizar un entorno libre de discriminación.
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Con la Fundación BLP, la firma diseñó una estrategia de sostenibilidad para tener una participación activa y responsable en la solución de los desafíos regionales; fortaleció su compromiso de protección de los derechos humanos de todas las personas y la inclusión; conformó la Comisión LGBTTTIQ+ de BLP, en la que participan personas de todos los sectores de la firma, incluyendo 4 socios y socias; estableció un programa interno de Persona Aliada y campañas de comunicación y sensibilización, así como políticas de buenas prácticas en materia de diversidad LGBTTTIQ+ y la participación en la marcha Pride, incluso como patrocinadora.
En el caso específico de Costa Rica, el Colegio de Abogados y Abogadas estableció la Comisión de Diversidad e Inclusión, que participa activamente en cualquier tema jurídico que se relacione con los derechos LGBTTTIQ+ y cuyo trabajo ha fortalecido el enfoque en los derechos de este colectivo y su inclusión en el entorno legal.
"Hablar de derechos de las personas LGBTTTIQ+ ya no es un tabú en el gremio legal, al igual que temas de equidad, las firmas legales en Costa Rica han evolucionado mucho, queda mucho camino por recorrer, muchas áreas de oportunidad, pero se está progresando en la dirección correcta".
Similares circunstancias se viven en México, donde, dentro de los espacios legales, Alix Trimmer ve más apertura y por lo tanto visibilidad.
Aunque el mundo de los despachos no está lejos del criticado rainbow washing, también es cierto que a partir de esos primeros esfuerzos existe mayor conciencia y exigibilidad en el respeto a la diversidad.
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Al respecto, Xavier Careaga resalta que si bien la industria legal suele avanzar lentamente en estos campos, gracias a abogados y abogadas comprometidas con la diversidad, equidad e inclusión se han creado grandes impactos e influencia en el sector.
"En general, el cambio cultural ha avanzado de forma incremental y progresiva, principalmente en los jurídicos de empresas y en despachos grandes nacionales e internacionales. El avance es mayor en las grandes ciudades, particularmente de ciudades más cosmopolitas. Una firma suele mejorar por (1) convicción, (2) presión internacional y competencia o (3) requerimiento por clientes, o una combinación de ellas".
Esto ocurre porque los departamentos jurídicos de empresas transnacionales suelen llevar la vanguardia, pues se someten a los estándares y mejores prácticas internacionales, usualmente de Estados Unidos y de Europa, que han exigido, como también señaló Raquel Flórez, que sus proveedores externos, despachos y estudios jurídicos mejoren sus propias prácticas internas. Estos requerimientos suelen ser sutiles: al momento de requerir propuestas de servicios, se les pregunta a las firmas sobre sus prácticas en la materia o algún certificado.
En España, dice la socia de Freshfields, cada vez es más importante la atracción y retención de talento, “y la diversidad es clave” También en este país, Ley Trans dio “un nuevo empujón a la inclusión del colectivo LGBTTTIQ+” en la industria legal, puesto que introduce obligaciones específicas para entidades con más de 50 empleados, que tienen que introducir un protocolo LGTBI para evitar la discriminación, deben modificar los planes de igualdad para incluir expresamente a las personas trans y deben establecer medidas para la prevención del acoso y la discriminación, así como de protocolos de actuación para cuando ocurra.
Pero las firmas de abogados, y una buena parte de las firmas mexicanas, se volvieron más conscientes y cuidadosas, a decir de Careaga, han revisado y mejorado sus políticas y protocolos y han promovido la certificación gradual de las empresas en general, atrayendo de forma creciente a más firmas de abogados, que buscan demostrar su compromiso con la equidad y la diversidad en este tema.
La certificación es una buena práctica, ya que provee un estándar que funciona como guía. Hay mucho por hacer, y siempre faltarán cosas, pero es un muy buen comienzo. Falta mucho, pero si vemos cómo estábamos hace 5, 10 o 15 años, el progreso es visible y palpable.
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Mientras se solidifica el cambio, solo queda seguir estando orgulloso
Nadie mejor que un abogado, especialmente uno que es parte de la comunidad sexodiversa o trabaja en comisiones de inclusión, para tomar el pulso de los avances del mundo jurídico en pro de la diversidad. Como ya lo dijeron ellos mismos, si bien la evolución ha sido lenta y falta aún mucho por hacer, lo cierto es que el camino ya está siendo andado y mucho de eso empezó con ellos, bien sea porque están en una firma inclusiva o porque ellos se han desenvuelto con orgullo, como es su derecho.
Antes de entrar a BLP, Andrea González se enfrentó a un entorno donde el machismo era un factor determinante, “en donde no solo el hecho de ser mujer lo hacía difícil, sino que era imposible poder pensar en vivir una vida abiertamente homosexual o lésbica, lo cual tenía como consecuencia directa tener una doble vida”, pero, la madurez y haber entrado a un espacio como BLP (que la abogada describe como una firma completamente diferente a las tradicionales, con una visión más moderna y muy enfocada en su personal) disipó la necesidad de vivir una doble vida, y más bien encontró oportunidades para seguir apoyando y colaborando con la comunidad LGBTTTIQ+.
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Xavier Careaga, en cambio, vivió un revés relevante cuando, mientras trabajaba para un despacho de abogados, supo que sería despedido a causa de su orientación sexual, lo que lo llevó a “reservar” su orientación sexual (pública desde sus años universitarios) por algún tiempo, al menos en su ecosistema laboral.
"En retrospectiva, no era necesario; mis jefes eran de los mejores aliados con la diversidad que he conocido. Posteriormente entré al gobierno, donde el tema era sensible, por lo que decidí ser prudente. Finalmente, entré a Facebook, que tenía estándares muy altos de diversidad e inclusión. Ahí pude fundar y liderar por varios años a los ERGs nacionales y regionales en temas de pride, así como el ERG de discapacidad".
Ahora en Galicia —que describe como uno de los despachos más avanzados en temas de Diversidad e Inclusión— es miembro del Comité D&I, creado hace más de diez años, cuando no era la norma, y donde:
"como cualquier otro despacho o empresa, aún queda mucho camino por delante. Sin embargo, me da orgullo saber que estoy en uno de los lugares donde genuinamente se busca que todos lleven su mejor versión de sí mismos, y donde el ambiente de trabajo es no solo de tolerancia y de inclusión, sino que han llegado al siguiente paso, que es la integración".
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Para Yosbel Ibarra, la capacidad de integración y el sentido de diversidad de Greenberg Traurig viene del hecho de que la diversidad es parte de su ADN, desde que fue fundada por tres abogados que enfrentaron discriminación por ser miembros de la comunidad judía y que se ha caracterizado por su cultura de diversidad e inclusión.
"En Greenberg Traurig siempre he encontrado el espacio para sentirme orgulloso de quien soy. Esto es algo que viene impregnado en la cultura de nuestra firma, con el más firme compromiso de aquellos quienes estamos en posiciones de liderazgo. Así mismo, y gracias al apoyo de mis colegas, he podido desarrollar una carrera exitosa sin tener que esconder quién soy ni mi relación con mi esposo. Esto me ha motivado a apoyar a las generaciones venideras y a crear un espacio de inclusión en donde cada cual se sienta libre de expresar quién es frente a colegas y clientes".
Y quizá todo también se reduzca a recordar, como lo hace Alex Trimmer, que las personas somos únicas y que esa diversidad es parte innegable del sector legal, por lo que reconocerla y abrazarla es lo que acercará al mundo jurídico a un momento en el que pertenecer a las poblaciones disidentes no será un impedimento para el desarrollo pleno. Al final del día:
"El mejor consejo que puedo darle a las nuevas generaciones, e incluso a las actuales, es no guardar silencio y ser ellas mismas, no dejar que las estructuras de la profesión legal limiten o frustren su desarrollo y evitar a toda costa que su felicidad se vea truncada por cumplir con estereotipos de la abogacía".
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