Siete días de cuarentena para las personas que arrojen positivo, con posibilidad de reducirla a cinco y la posibilidad de retornar a sus labores si sale negativa con una prueba antígeno aplicada al quinto día de aislamiento. / Camila Fernández - Unsplash.
Con más de la mitad de la población nacional vacunada con refuerzo o tercera dosis y casi un 80 % con esquema de dos dosis, el gobierno de Panamá empieza a soltar las amarras en materia de bioseguridad, para agarrar vuelo en materia económica. Mediante el Decreto Ejecutivo Nro. 5 del 24 de enero, Laurentino Cortizo, presidente del país centroamericano, ha dictaminado nuevas medidas contra la COVID-19.
Siete días de cuarentena para las personas que arrojen positivo, con posibilidad de reducirla en caso de que la persona infectada salga negativo luego de hacerse una prueba antígeno al quinto día, cuando podrá volver a sus labores e incluso queda autorizada para reincorporarse al trabajo.
De acuerdo con las disposiciones adoptadas desde el lunes por el Ministerio de Salud (Minsa), para las personas que son contacto el tiempo de cuarentena dependerá de su esquema de vacunación y de los síntomas que manifieste. En caso de que no tenga síntomas y cuente con ambas dosis, podrá continuar con su libre tránsito sin requerimiento de aislamiento, en caso contrario, debería permanecer en un mismo lugar al menos cinco días antes de hacerse un descarte.
Las medidas incluyen la aplicación de pruebas de uso casero o autoaplicadas, siempre y cuando sean avaladas por el Instituto Conmemorativo Gorgas. Además, esta posibilidad también existe para comercios y empresas de diversos rubros, es decir, para realizar pruebas a su personal, así como el registro de los resultados en el Sistema de Información de Laboratorio, de Epidemiología Nacional.
“A nuestro criterio, (en lo que va de la pandemia) las medidas laborales impactaron positivamente en las relaciones de trabajo, porque evitaron -desde marzo de 2020 hasta fines del 2021- que se reportaran en la República de Panamá terminaciones laborales colectivas o masivas”.
Pese al incremento en la positividad de casos este mes, los esfuerzos en las campañas de vacunación han hecho que el Gobierno Nacional mantenga medidas muy leves en cuanto a restricciones de movilización y aforo en centros de trabajo, lo que —sumado a las medidas más recientes— proyecta un futuro cercano altamente dinámico.
Como especialista en derecho laboral, litigio y soluciones alternas de conflicto, Vallarino comparte su opinión haciendo un balance.
A punto de cumplirse dos años de la pandemia, ¿cómo han impactado las medidas implementadas para evitar el cese laboral?
El Gobierno Nacional ha ofrecido a los empleadores una gama de acciones desde que inició la pandemia. Por ejemplo, otorgó alternativas que permitieron bajar los costos y/o gastos operaciones de las empresas, sobre todo los gastos directamente relacionados con la plantilla. También ha implementado opciones para que los trabajadores, hasta donde sea posible, puedan continuar recibiendo ingresos, aunque no estén asistiendo diariamente al centro de trabajo a prestar sus servicios personales y subordinados o estén trabajando una cantidad de horas menor a la jornada diaria y semanal de trabajo habitual.
Finalmente, en el peor de los casos, ha sido posible evitar que los empleadores adopten la decisión de realizar terminaciones laborales masivas.
Dentro de estas opciones, el Gobierno Nacional implementó la reducción de la jornada diaria o semanal de trabajo y la suspensión de los efectos del contrato de trabajo.
¿Qué medidas ha contemplado el gobierno para compensar el impacto ocasionado por la pandemia en la fuerza laboral?
Respecto al impacto sobre la fuerza laboral, debemos señalar que, a partir del 1° de noviembre de 2021, el Gobierno Nacional dispuso que todas las empresas debían reintegrar a los trabajadores que se mantuvieran con contratos de trabajo suspendidos, por lo que consideramos que esta fue la medida que más impactó positivamente tanto a la economía nacional como a la fuerza laboral, permitiéndolesel retorno a los puestos de trabajo, y la posibilidad real de volver a trabajar y devengar un salario, lo que evidentemente ha incrementado el consumo a nivel general y dinamizado la economía.
¿Qué desafíos se están presentando en el retorno a los centros de trabajo? ¿Alguna regulación que ampare a los trabajadores para evitar exponerse ante el rebrote que se registra en enero?
Actualmente, todas las empresas a nivel nacional deben mantener un protocolo de bioseguridad postCOVID-19, atendiendo a las recomendaciones que ha implementado el Ministerio de Salud.
Esta es la guía principal que deben seguir las empresas con el fin de minimizar los contagios e incluye la dotación de mascarillas, la obligatoriedad de utilizarlas en todo momento, el lavado de manos de manos constante, el distanciamiento físico dentro de las oficinas (si esto no es posible, la utilización de mamparas en cada puesto de trabajo). Es de nuestro conocimiento que un grupo importante de empresas, a pesar de tener autorizado un aforo del 100% en el centro de trabajo, está implementando medidas de teletrabajo con el fin de minimizar contagios en los lugares de trabajo.
Mientras tanto, el Gobierno Nacional continúa impulsando la vacunación como la herramienta idónea para inmunizar a la población y evitar de esta forma tanto el colapso del sistema de salud como el incremento en la cifra de fallecidos.
¿Cuáles son las dificultades en materia laboral que aconseja atender preventivamente a los departamentos legales?
En aquellas empresas donde se ha implementado la reducción de jornada sugerimos cumplir con los requisitos establecidos por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Respecto al alza de contagios, actualmente las empresas están autorizadas a mantener un 100 % del aforo, siempre y cuando se implementen las medidas de bioseguridad dictadas por el Ministerio de Salud.
En cualquier caso siempre existirá la posibilidad de suscribir acuerdos con los trabajadores para que la prestación del servicio se dé a través de la modalidad del teletrabajo.
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