Como se anunciaba desde el pasado agosto, el Nearshoring se ha instalado en México como el gran propulsor de las inversiones, al menos en la primera mitad del 2023. En contraparte, la actividad del mercado de capitales se mantiene tras la consolidación de las liquidaciones y quiebras de compañías como el Grupo FAMSA (minorista del sector consumo) y Aeromar (que se suma a otras 8 aerolíneas).
En el panorama: la estanflación reinante en Norteamérica y rendimientos comerciales que no logran mejorar son tensiones que se producen en medio de reformas multisector —laboral, energético, tributario y electoral—. Al respecto, el abogado Santiago J. Núñez, recién nombrado socio en Mañón Quintana Abogados, recomienda prestar especial atención tanto a los fenómenos mencionados como a una práctica jurídica que está mostrando oportunidad de desarrollo, se trata del financiamiento de litigios y arbitrajes por terceros o Third Party Funding.
Núñez delinea el panorama en progreso a través de consultas clave como el nearshoring y los beneficios del T-MEC para relocalizar empresas, la reglamentación de reestructuración de deudas y el mencionado financiamiento de litigios. Desde su expertise en arbitraje, litigios y seguros, el abogado considera que se presenta el momentum para evaluar estas alternativas.
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Con el crecimiento del nearshoring en el país, ¿cuáles son las áreas más problemáticas al implementar esta práctica? ¿Qué acciones preventivas recomendaría a un potencial cliente del sector manufacturero que desee invertir en esta actividad?
La tendencia a relocalizar las cadenas de valor hacia México conlleva muchas oportunidades y retos tanto para las empresas interesadas como para nuestro país. Por un lado, el T-MEC ofrece ventajas arancelarias que pueden atraer y beneficiar a las empresas, pero, por otra parte, existen regulaciones que pueden dificultar y obstaculizar su establecimiento y desarrollo en nuestro país.
Me parece importante la conducción de un due diligence sobre cuestiones legales, sociales y económicas respecto del lugar en el que busca establecerse, así como la implementación de protocolos de compliance, una vez que inicie sus operaciones.
Con una inflación que llegó a un pico histórico en los últimos años, ¿cuál es el estado de la industria local en materia de quiebras? ¿Cuál es el sector más afectado? ¿Por qué?
Actualmente existe un incremento importante en el número de procedimientos concursales en nuestro país, muchos de ellos derivados de las dificultades económicas que sufrieron las empresas durante la pandemia.
Si bien es cierto que al final de dichos procedimientos es posible que se declare la quiebra de la empresa concursada, la realidad es que la legislación mexicana ofrece oportunidades y mecanismos para la reestructura de sus pasivos y para que pueda continuar operando, lo que, desde luego, impacta de manera positiva a la economía de nuestro país.
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¿Cuál es el panorama del Third Party Funding (TPF) en México? ¿Qué sectores se beneficiarán con este mecanismo este 2023? ¿Los cambios en la normativa de CIADI estarían poniendo en riesgo su aplicación en los procesos arbitrales y litigios?
Actualmente no existe un marco legal que regule el Third Party Funding en México, lo que implica que dicha figura de financiamiento no se encuentra legalmente restringida y es posible implementarla, tanto en materia de arbitraje como de litigio.
Este año podemos esperar que el TPF continúe desarrollándose en México y en Latinoamérica. Si bien hemos visto que esta figura se ha desarrollado con mayor rapidez en materia de arbitraje, la realidad es que el contexto social y económico de nuestro país ofrece un gran potencial para que también lo haga en materia de litigio.
Las modificaciones a las reglas del CIADI que entraron en vigor en julio del año pasado no me parece que pongan en riesgo la utilización del Third Party Funding en los procedimientos arbitrales y jurisdiccionales en México. En todo caso, reflejan la existencia de una tendencia hacia su regulación y transparencia, que ―desde mi punto de vista― beneficia a todas las partes involucradas en una controversia.
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