Ecuador: ¿Qué tener en cuenta antes de invertir y operar en la Circunscripción Amazónica?

El desarrollo sostenible es uno de los grandes retos de los gobiernos de América Latina, sobre todo en términos de explotación de recursos. El desafío de los países de la región está en atraer inversiones, cuidar los ecosistemas y garantizar los derechos de las comunidades locales.

En esta transición, Ecuador ha rebautizado su cartera ambiental como 'Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica'. Sus más recientes esfuerzos en la materia además tienen un marco urgente: el país atraviesa una crisis energética, depende de sus centrales hidroeléctricas (72 % de la matriz nacional) y sufre cortes de suministro de energía que, en algunos casos, han llegado a ser de hasta 14 horas diarias.

Según un estudio de World Weather Attribution (WWA), el cambio climático elevó 30 veces las probabilidades de sequía en la Amazonía, el sumidero de carbono más importante del mundo. Justamente las sequías fueron la causa de los apagones.

Una de las leyes más importantes a mencionar, para hablar de sostenibilidad en Ecuador, es la Ley Orgánica para la Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (o Ley Amazónica), reformada por la Asamblea Nacional el 30 de enero de este año, un marco que establece un nuevo modelo de economía sostenible y solidaria.

“Promueve cambios relevantes en la operación y la actividad económica; busca una gestión entre la explotación de recursos naturales y la preservación del medio ambiente, con el objetivo de asegurar el bienestar de las generaciones presentes y futuras”, adelanta Rafael Valdivieso, socio de Bustamante Fabara.

La norma exige obligaciones para compañías estatales y privadas que operan en las provincias de la región amazónica de Ecuador, comúnmente conocida como 'Circunscripción'. 

“En el caso de las empresas privadas, la ley fomenta la adopción de nuevas medidas en ámbitos laborales, tributarios, ambientales y económicos, así como nuevas obligaciones de cumplimiento”, señala el líder de energía y recursos naturales del despacho ecuatoriano.

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Cambios laborales, tributarios, ambientales y económicos

En el ámbito laboral, la Ley Amazónica aumentó el porcentaje de empleo preferente en 10 puntos porcentuales: es decir, al menos el 80% de los trabajadores de las compañías que operan en la Circunscripción deben ser residentes permanentes.

“Antes de la reforma a la Ley Amazónica, las compañías con actividades en la Circunscripción debían contratar a residentes permanentes en no menos del 70 % para que ejecuten actividades dentro de la Circunscripción. Ahora, las compañías deberán contratar de manera obligatoria a residentes permanentes en no menos del 80 % de sus nóminas en la Circunscripción, siempre con la excepción de aquellas actividades para las que no exista mano de obra calificada. Además, la normativa actual reforma los requisitos para verificar la residencia amazónica de las personas a ser contratadas y dispone que el Ministerio de Trabajo debe fijar una tabla salarial para los trabajadores del sector hidrocarburífero de la región”, explica Valdivieso.

En el ámbito tributario, eliminó la posibilidad de fijar domicilios tributarios especiales a aquellas compañías que realizan actividades económicas dentro de la Circunscripción. 

“Como se puntualizó que el domicilio tributario de las compañías es habilitante para operar en la jurisdicción territorial amazónica, todas las compañías que operan en la Circunscripción y contaban con domicilio especial se ven obligadas a cambiar el domicilio tributario”, amplía el socio de Bustamante Fabara.

En el ámbito ambiental, la Ley Amazónica prohíbe la combustión al aire libre del gas asociado y natural bajo la modalidad de mecheros, que ponen en riesgo a las comunidades y los ecosistemas. 

“Las compañías hidrocarburíferas ubicadas en la Circunscripción que cuentan con mecheros se acogen al Reglamento de Quema de Gas, que promueve la reducción progresiva de la quema rutinaria de gas asociado y busca reducir al 100 % el volumen de gas asociado rutinario quemado en teas de aquí al 2030. No obstante, debido a la prohibición de combustión en mecheros, las compañías deberán estar sujetas a lo que disponga el reglamento de la Ley Amazónica y al recientemente aprobado Reglamento para el Aprovechamiento de Gas Asociado, que entrará en vigencia cuando se derogue el Reglamento de Quema de Gas”, detalla Gustavo Almeida, asociado sénior de Bustamante Fabara.

A su vez, las empresas y operadoras de los sectores estratégicos, como hidrocarburíferas, mineras o hidroeléctricas, que operen en la Circunscripción deberán remitir, en los estudios de impacto ambiental, información sobre las comunidades ubicadas dentro del área de influencia.

“La autoridad de la Circunscripción deberá emitir la política de responsabilidad social y ambiental dirigida a compañías que desarrollen actividades petroleras, mineras y madereras. La política incluirá incentivos para que, a través de la formulación y ejecución de proyectos mediante alianzas interinstitucionales y cooperación internacional, entre otros, los pueblos y nacionalidades de las zonas de influencia directa e indirecta y de la ciudadanía en general tengan acceso a proyectos y beneficios de parte del sector corporativo”, indica el especialista en energía y recursos naturales no renovables.

En el ámbito económico, la reforma añadió modificaciones al financiamiento del Fondo Común por parte de las compañías hidroeléctricas.

“El Fondo Común, que ha sido creado por la Ley Amazónica, es financiado por las compañías del sector hidrocarburífero, minero e hidroeléctrico. A raíz de la reforma, la aportación por parte de las hidroeléctricas debe ser del 12% de utilidades y excedentes de generadoras de electricidad privada”, comenta Analía Andrade, asociada de Bustamante Fabara.

Sin embargo, más allá de las modificaciones, se sumaron nuevas obligaciones documentales de cumplimiento y nuevos retos legales que las compañías privadas que operan en la Circunscripción Amazónica enfrentarán:

• Cumplir con las regulaciones ambientales diseñadas para proteger la biodiversidad y los ecosistemas de la región.
• Ajustar las estrategias de planificación, desarrollo y crecimiento para cumplir con la normativa.
• Contratar o subcontratar bienes o servicios en la zona con prelación local, cantonal, provincial o regional.
• Garantizar el empleo preferente y la inclusión de pueblos y nacionalidades indígenas.
• Adherirse a la prohibición de almacenar y despachar desechos peligrosos en la Circunscripción, que puedan poner en riesgo la salud física de las personas o que puedan causar un daño irreparable al ambiente.
• Presentar documentación de cumplimiento de estándares técnicos, de calidad, de salud y seguridad ocupacional, de ambiente y de buenas prácticas empresariales.

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Desafíos a corto, mediano y largo plazo de la Ley Amazónica

El cumplimiento efectivo de las medidas dispuestas por la ley es uno de los mayores desafíos de la reforma.

“La Ley Amazónica dispone que se emitan nuevos lineamientos, como la tabla salarial para trabajadores de la Circunscripción en el sector de hidrocarburos y que se implementen políticas, programas y resoluciones. Por eso será clave que exista una capacitación al personal a cargo del manejo de los asuntos de la ley, a las autoridades competentes y a las comunidades”, opina Rafael Valdivieso.

Una vez que los programas se vayan implementando, el próximo desafío será monitorear su aplicación. 

“El Estado ecuatoriano deberá crear sistemas de seguimiento y evaluación para medir el impacto de las políticas y realizar ajustes según sea necesario para asegurar que el desarrollo económico y social se distribuya de manera justa entre las comunidades de la región, respetando sus derechos y culturas. De igual manera, será un reto cumplir con el fomento de mecanismos de compensación corporativa para compañías del sector estratégico por conservación del bosque y biodiversidad a favor de las organizaciones sociales y de las zonas de influencia. El Estado, una vez más, deberá incorporar una estructura y planificación lo suficientemente sólida para que luego no surjan reclamos de las comunidades ni de las empresas”, recomienda Valdivieso.

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Energías renovables, economía sostenible y solidaria: el proyecto-país de Ecuador

La Ley Amazónica surge en un contexto de mirada crítica hacia la explotación de recursos naturales en la región amazónica. De hecho, enfatiza la necesidad de adoptar prácticas de desarrollo sostenible que respeten la biodiversidad y los ecosistemas únicos de la Circunscripción.

“La ley establece un marco normativo que busca impulsar un modelo de economía sostenible y solidaria en la región: promueve una gestión entre la explotación de recursos naturales y la preservación del medio ambiente, con el objetivo de asegurar el bienestar de las generaciones presentes y futuras”, describe Almeida.

Si bien el foco de la norma radica en fomentar el uso racional de los recursos naturales para garantizar que las actividades económicas no perjudiquen el equilibrio ecológico, también contempla el fortalecimiento de economías solidarias que prioricen el bienestar de las comunidades amazónicas.

“Por un lado, se establecen mecanismos de supervisión y control para asegurar el cumplimiento de normas ambientales estrictas, fomentando una responsabilidad compartida entre el Estado, las empresas y las comunidades locales. Por otro lado, se incentiva la compra de proveedores locales, el empleo preferente y la distribución equitativa de los beneficios económicos del Fondo Común y del Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico, en aras de apoyar una economía sostenible y solidaria con la comunidad”, ejemplifica el asociado sénior de Bustamante Fabara.

En este sentido, Ecuador persigue un objetivo claro: impulsar el desarrollo de la energía mediante la implementación de políticas públicas, emisión de regulaciones, lanzamiento de licitaciones para compañías privadas e incentivos tributarios para proyectos relacionados con tecnologías limpias y sostenibles.

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¿Qué deben saber las empresas de energía antes de operar en la Circunscripción?

Rafael Valdivieso, Gustavo Almeida y Analía Andrade, expertos en energía y recursos naturales de Bustamente Fabara, comparten recomendaciones específicas para aquellas empresas de generación eléctrica que buscan operar en esa región:

• Realizar un estudio exhaustivo del entorno ambiental y social, dado que la Circunscripción es una región de alta biodiversidad y sensibilidad ecológica. “Es crucial desarrollar proyectos que minimicen el impacto ambiental y promuevan la sostenibilidad”, coinciden.
• Establecer relaciones positivas con las comunidades locales, garantizando su participación y cumpliendo, de corresponder, con la consulta previa y la consulta ambiental en las etapas de planificación y ejecución del proyecto. “Esto no solo cumple con los requisitos legales, sino que también facilita la aceptación social y la cooperación comunitaria. A su vez, se deberán contemplar los asuntos laborales, como el cumplimiento con el empleo preferente”, destacan.
• Obtener los permisos y autorizaciones correspondientes para realizar actividades de generación eléctrica. “Si bien varían según el tipo de proyecto y el comprador de la energía, deberán obtener la licencia ambiental, el contrato de concesión con el Estado ecuatoriano, la autorización de uso y aprovechamiento de recursos hídricos, en caso de ser una hidroeléctrica, y la autorización de conexión al sistema de transmisión o distribución”, enumeran.
• Contar con informes y documentaciones de respaldo. “La recopilación de la información y de los estudios técnico/ambientales debe ser completa y precisa. Por eso, la colaboración con consultoras especializadas en gestión ambiental y normativa legal es uno de los eslabones de la cadena”, proponen.

Consideraciones a tener en cuenta antes de invertir en la Circunscripción Amazónica

• Sostenibilidad. “La Ley Amazónica busca atraer inversiones responsables que contribuyan al desarrollo sostenible. Por ejemplo, manda que el Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados establezcan incentivos financieros y no financieros para las personas naturales o jurídicas que implementen actividades económicas sostenibles, especialmente con especies de flora y fauna amazónicas”, cuenta Valdivieso.
• Incentivos tributarios. “La normativa tributaria de Ecuador quiere impulsar la producción de energía limpia, por eso ofrece la deducción adicional de la amortización de la maquinaria, equipos y tecnologías destinadas a la implantación de los mecanismos de producción de energía más limpia. A su vez, se incorpora una tarifa cero del IVA a las transferencias e importaciones de los bienes afectos a la energía eléctrica y específicamente a los equipos y accesorios para la generación solar fotovoltaica. También se promueve que las nuevas inversiones encaminadas hacia la transición energética estarán exoneradas del pago del impuesto a la renta, con las limitaciones que constan en la norma”, sintetiza Almeida.
• Responsabilidades legales en términos de restauración y compensación ambiental tras la ejecución de proyectos en la zona. La Ley establece que toda persona natural o jurídica que ejecute actividades que afecten el equilibrio ecológico y ambiental de la Circunscripción, tiene la obligación de reparar integralmente los ecosistemas, compensar e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. El incumplimiento de estas disposiciones legales puede acarrear sanciones severas, que van desde multas hasta la suspensión de actividades y la revocación de permisos. "Por lo tanto, es esencial que las compañías no solo cumplan con los requisitos legales, sino que también adopten un enfoque proactivo y colaborativo en la gestión ambiental. La implementación de prácticas responsables y sostenibles no solo asegura el cumplimiento normativo, sino que también contribuye a la protección de la biodiversidad y al bienestar de las comunidades locales, garantizando la viabilidad a largo plazo de sus operaciones en la Circunscripción”, advierte Andrade.