Durante el primer trimestre del año, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de desempleo en Chile llegó a 10,4 %. A decir de Pedro Eguiguren Cosmelli, socio de Eguiguren Abogados, esto se debe en gran parte a la paralización de varios rubros del mercado, algo que está afectando especialmente al turismo, al sector gastronómico, hotelero y de servicios de eventos.
"Para lograr ser rentables estas empresas suelen funcionar al límite de sus capacidades. Por ejemplo, en el caso de un restaurante, lo óptimo es que esté con todas sus mesas ocupadas, considerando los costos de personal y de arriendo. Pero cuando hay aforo restringido, movilidad reducida y el vitrineo esta tácitamente prohibido, las ventas y servicios disminuyen hasta ser insuficientes para sostener un negocio".
De acuerdo con el especialista en derecho de negocios y derecho concursal, las empresas enfrentan una carga financiera acumulada durante lo que va de la crisis sanitaria, algunos ejemplos de los ítems que la integran son el canon de arriendos, seguridad social de empleados, cuotas por préstamos bancarios y manutención mínima del negocio.
"Creo que en muchas empresas existe una insolvencia oculta, aún sostenida pero que a corto o mediano plazo saldrá a la luz, manifestándose en el alza en las estadísticas de solicitudes de procedimientos de liquidaciones y reorganizaciones", menciona Pedro Eguiguren.
La insolvencia irreversible de una empresa, detalla el entrevistado, provoca un efecto dominó en otros entes de la cadena productiva. Esto también afecta al empleo, considerando que en Chile las pequeñas y medianas empresas (pymes) representan mas del 70 % de los puestos de trabajo.
¿Qué ventajas ofrece la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento?, ¿cómo deberían aprovecharla las empresas y, especialmente, las pymes?
La Ley 20.720 abrió el abanico sobre quiénes se pueden someter a procedimientos concursales y repactar deudas con acreedores o bien liquidar una compañía, poniendo a disposición de la masa de acreedores todos sus activos.
De manera colectiva, se pueden negociar deudas, plan de pago, liquidar activos no esenciales para el funcionamiento de la empresa o persona y obtener meses de gracia, entre otras ventajas. En el caso de someterse a un procedimiento de liquidación, este permite empezar de cero, extinguiéndose las deudas que no se alcanzaron a pagar con los activos que tenía la empresa o persona. Es una alternativa para renacer económica y jurídicamente, en especial para las personas naturales.
Para la empresa cuya insolvencia es irremediable, bajar las cortinas y enfrentar en forma individual las cobranzas de sus distintos acreedores es complejo y engorroso. El procedimiento de liquidación se transforma en una alternativa ordenada y controlada de enfrentar la insolvencia al concentrar todos los juicios de cobros en uno solo.
Por último, los procedimientos que dispone la Ley 20.720 están pensados para que sean ágiles y cortos. Su objetivo es que la persona se ordene o rehabilite en el menor tiempo posible.
¿Cuáles disposiciones observa como desventajas en esta ley?
La ley rige desde octubre de 2014, es relativamente nueva, por lo que requiere ajustes. Una de sus desventajas o aspectos corregibles es la clasificación de persona y empresa deudora (art. 2º), ya que impide a muchas personas naturales someterse a un procedimiento de renegociación de deudas ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, por ser consideradas bajo su clasificación.
Asimismo, la reorganización judicial está pensada o es aplicable para medianas o grandes empresas. Supone un procedimiento de altos costos, lo que deja fuera a las pymes.
Por último, el art. 72 de la ley está mal redactado, impidiendo que en una reorganización intervengan inversionistas externos que pudiesen ayudar a levantar y hacer viable la reestructuración de una empresa.
¿Qué leyes dictadas por la pandemia sobre restructuración de empresas considera como aciertos?
Tanto el Gobierno como el Poder Legislativo han entregado ayudas a miles de empresas para que soporten la paralización parcial o total de sus operaciones. La Ley de Protección al Empleo permite a los trabajadores acceder a sus fondos de cesantía, en esta los empleadores mantienen la obligación de seguir pagando sus cotizaciones (Ley 21.227); la última reforma tributaria creó nuevos regímenes tributarios, bajando el Pago Provisional Mensual (PPM) y postergando el impuesto al valor agregado - IVA (Ley 21.210) y facilitando en el pago del impuesto territorial de 2020 (DL Nº 420 del Ministerio de Hacienda). Por último, está el préstamo de las instituciones bancarias con aval del Estado, conocido como Crédito COVID, con varios meses de gracia.
Todo lo mencionado fue muy útil para el año 2020, ya que dio un respiro a muchas empresas y trabajadores, pero lamentablemente esta ayuda provocó la postergación de deudas fiscales y el uso de fondos destinados a la normal cesantía o a mayor endeudamiento de las pymes. En razón de ello, si bien llegó la vacuna para el virus, no ha llegado la vacuna para el desastre económico que quedará si el Ejecutivo se relaja en las medidas de ayuda a las pymes.
¿Cómo afectan a las pymes las exigencias de la legislación laboral?
Sobre 70 % de la fuerza laboral está empleada por pymes. Por ende, ciertas normas de la legislación laboral chilena las pueden impactar más de lo debido. Un caso es el de la indemnización exigida al desvincular a un trabajador por necesidades de la empresa u otra causal difícil de probar.
Cuando una pyme necesita reducir su planilla de trabajadores, porque perdió un cliente importante, bajaron las ventas o se automatizó o externalizó un servicio, debe pagar altas sumas de dinero en indemnizaciones, siendo consiguientemente inviable la reducción de personal, lo que provoca muchas veces la insolvencia irreversible de la empresa.
Algunos trabajadores interpretan la indemnización por años de servicio como un derecho adquirido y cuando se quieren retirar de la empresa, gatillan el despido con un mal desempeño del trabajo.
¿Qué recomienda a sus clientes, especialmente a las pymes en esta época?
Detectar a tiempo una posible futura insolvencia, no pedir préstamos personales ni informales para inyectarlos a la empresa, intentar disminuir —o al menos mantener— los costos fijos de la empresa, revisar qué está en riesgo, mirando no solo el patrimonio de la pyme, sino también el personal o familiar. Y la primera prioridad de pago debe considerar a los trabajadores y sus cotizaciones, ya que su sueldo es su sustento de vida, además de considerar que, como acreedor, el trabajador tiene muchas posibilidades de perseguir lo que se le adeuda, impidiendo muchas veces el reemprendimiento.
¿Se puede reemprender posinsolvencia?
Mi experiencia como abogado de insolvencias me permite discrepar de quienes afirman que someterse al procedimiento de liquidación es “matarse financieramente”, pues la mayoría de mis clientes logran reemprender o continuar con sus otras actividades. El mayor problema para reemprender es, verdaderamente, la limpieza de antecedentes del deudor. Para esto se debe conseguir el Certificado de Deuda de Parte de la Comisión para los Mercados Financieros (CMF) u otras gestiones de instituciones públicas, por ejemplo, de la Tesorería General de la República.
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