El conflicto en Ucrania entró en una nueva fase. Después de los primeros encuentros en el campo de batalla, el conflicto se extiende a un choque comercial. Esta semana el precio del barril de petróleo se disparó, luego de que Estados Unidos decidiera prohibir la importación de petróleo de Rusia. La tensión podría elevar el precio a unos inimaginables 300 dólares por barril. Europa se plantea adoptar la misma posición que los estadounidenses y los europeos importan más de la mitad de lo que producen los rusos.
Por otro lado, Vladimir Putin anunció la prohibición o reducción de exportaciones e importaciones de materias primas. La promesa es definir una lista, en los próximos días, de países en los que no venderán ni comprarán productos básicos. La mayor preocupación es la posibilidad de cerrar el gasoducto que va de Rusia a Alemania, que transporta 55.000 millones de metros cúbicos al año, lo que dificultará el desarrollo normal de los países europeos.
Los efectos en la economía de Brasil
Brasil quedó fuera de una primera lista publicada por el gobierno ruso de países considerados hostiles. Están los Estados Unidos, los países de la Unión Europea, así como Australia y Japón.
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Aquí el tema de los fertilizantes es la mayor preocupación: el 81 % de los 40,6 millones de toneladas de fertilizantes (principalmente potasa) utilizados como abono en la producción nacional depende de las importaciones de Bielorrusia, Rusia y Canadá. El resultado del embargo económico sobre rusos y bielorrusos podría, como consecuencia, disminuir la producción de alimentos, encarecer los productos y generar aún más inflación.
“Si no tengo fertilizante, no tengo comida para Brasil. Si no tengo comida para Brasil, aumenta la inflación. Si no tengo alimentos para Brasil, no puedo exportar al mundo ni alimentarlo y eso traerá hambre al mundo”, explica el economista Roberto Dumas, profesor en la Universidad privada Insper.
Con el fin de tratar de reducir los efectos de los altos precios y buscar una primera salida para el sector agropecuario, el Ministerio de Economía pretende realizar, a través de un decreto, un recorte del 33,9 % en el Flete Adicional para la Renovación de la Marina Mercante (AFRMM), un impuesto creado hace 40 años. La discusión comenzó con la propuesta denominada ‘BR do Mar’, con nuevas reglas para la navegación de cabotaje en el país. Hoy el impuesto se aplica a los productos que llegan de otros países a Brasil.
Solo con este impuesto a la importación de fertilizantes, el Ministerio de Economía estima que los agricultores brasileños gastan más de 90 millones de dólares al año. Según la Confederación Nacional de la Agricultura (CNA), este tipo de insumo representa entre el 30 % y el 50 % de los costos de producción, lo que tiene un fuerte impacto en los precios.
Según la ministra de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Tereza Cristina, el stock de fertilizantes para la agroindustria en Brasil está garantizado hasta octubre. Pero la cosecha de verano, en septiembre y octubre, aún no tiene insumos.
El asunto viene preocupando a agricultores y autoridades en la principal agenda exportadora brasileña. La ministra viajará a Canadá el próximo fin de semana en busca de alternativas al embargo comercial ruso-bielorruso. Sin fertilizantes, según la ministra, no hay forma de evitar que los precios de los alimentos se disparen en los próximos meses.
“El precio del trigo ha subido allí porque Ucrania es un gran productor y eso influye en el mercado global. Creemos que habrá una subida, sí. ¿Cuánto cuesta? La soja ya subió, bajó un poco. El maíz ya subió, bajó un poco. Tenemos que monitorear y reducir los impactos”, dice.
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Una lectura desde el derecho comercial
Para analizar el tema, desde el punto de vista del comercio y el derecho internacional, LexLatin consultó a expertos en el área para analizar los impactos a corto y mediano plazo.
Para José Augusto Fontoura, profesor de Derecho Comercial Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo, no hay salida fácil ni posible en este primer momento. El problema es la interrupción de los flujos, provocada por el embargo comercial. “La interrupción es de la ruta marítima, hecha por el Mar Negro, y el paso está cerrado para los productos que vienen de Bielorrusia, Ucrania y Rusia. El Derecho Comercial Internacional no tiene forma de forzar ese tránsito”, dice.
Otro punto es la prohibición de las transacciones rusas del sistema Swift. “Te cuesta pagar, te cuesta recibir, tendrías que hacerlo de otra forma”. La solución, desde el punto de vista contractual, según el profesor, es un sistema de créditos cambiarios.
“O pagas un sistema de compensación: yo te envío soya y tú me envías fosfato. China ha estado tratando de crear un sistema de este tipo, quizás son transacciones que no pasan por Estados Unidos, donde opera el sistema Swift, pero aún así es mucho más difícil de pagar”, explica Fontoura.
Una salida sería incentivar la producción nacional, pero buena parte de la cadena está en manos de empresas extranjeras. “En el caso del nitrógeno y el nitrato, la planta que tuvo la mayor producción propia fue una de Petrobras en Três Lagoas, en Mato Grosso do Sul, que fue vendida a un grupo ruso. Nuestro país necesita invertir y producir fertilizantes. Hace 15, 20 años, el mercado era prácticamente abastecido por productos brasileños en su totalidad y luego esa cadena fue reemplazada por importaciones y luego nos convertimos en rehenes de otros”, dice el profesor.
El nitrógeno y el potasio se obtienen a través del gas natural y la minería. Brasil tiene la séptima mayor reserva de potasa del mundo, ubicada en las cuencas del Amazonas, Solimões y Sergipe. El problema son los costes de producción y la red de gas, que está mal distribuida y no siempre llega a estas regiones. Otro tema es que parte de las reservas están en tierras indígenas, que serían afectadas por la explotación, algo que viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual Brasil es signatario.
Pero cuando hay choques en los mercados, como lo que está pasando ahora, hay una reacción que estimula la producción en regiones distintas a las afectadas por el conflicto, según los expertos. “La cuestión es ver cuál es la medida legal a adoptar para tener un mayor número de jugadores produciendo en el mercado brasileño. Es necesario, eventualmente, tener beneficios fiscales que tornen atractivos los proyectos de infraestructura”, analiza João Almeida, socio del área de petróleo y gas de Demarest Advogados.
“El gobierno logra reducir las tasas con exenciones y beneficios fiscales. La forma de atraer la creación de infraestructura para nuevos proyectos es algo de un poco más largo plazo, que pasa por tener una base legal sólida para atraer inversiones allí. Una de las críticas es que Brasil no cuenta con una red de gasoductos que pueda incentivar una mayor comercialización y la creación de nuevos emprendimientos que tengan acceso a este gas. Otro tema es tener una regulación más simplificada”, explica el abogado.
El Ministerio de Agricultura está trabajando en la creación de un plan nacional de fertilizantes, que ya estaba en discusión antes de la guerra de Ucrania, y que se espera que sea lanzado en marzo. El plan plantea un diagnóstico sobre el abastecimiento de insumos en el país, además de proyectos de ley para facilitar la producción de fertilizantes, con reglas de licenciamiento ambiental para la exploración de yacimientos y permiso para la extracción de minerales, incluso en tierras indígenas, lo que causará bastante controversia.
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