Según un estudio del Banco de la República, la iniciativa de Petro podría destruir más de 450.000 empleos formales./ Foto: Cuenta de la Presidencia en X.
Gustavo Petro acaba de perder una de las pulseadas más importantes del año legislativo: la reforma laboral no obtuvo el apoyo que esperaba en el Congreso. Este martes, ocho de catorce senadores de la Comisión Séptima radicaron una ponencia de archivo para que el proyecto no continúe su trámite.
“Esta es una decisión de carácter técnico, no político, ya que esta reforma no fomenta el empleo, no combate la informalidad y no concilia entre el bienestar de los trabajadores y la productividad del país”, señaló la senadora Nadia Blel Scaff.
Lejos de quedarse de brazos cruzados, el presidente de Colombia redobló la apuesta: anunció que tramitará por decreto todo lo que esté a su alcance y que recurrirá a la consulta popular.
Gustavo Petro
“El Gobierno convoca al pueblo colombiano, todo, a decidir, y convoca a una consulta popular para definir la reforma laboral. El poder del pueblo es el poder de movilizarse, pero sobre todo es el poder de decidir. Si no se deja decidir al pueblo, no hay democracia, sino tiranía”, enfatizó el mandatario.
Como el proyecto se alistaba para su tercer debate, Petro denunció un bloqueo institucional liderado por los congresistas que pidieron el archivo de la reforma: Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Nadia Blel (Partido Conservador), Esperanza Andrade (Partido Conservador), Alirio Barrera (Partido Centro Democrático), Honorio Henríquez (Partido Centro Democrático), Berenice Bedoya (ASI), Lorena Ríos (Colombia Justa Libres) y Ana Paola Agudelo (Partido Mira).
“El informe de ponencia que los senadores han radicado para archivar la iniciativa de la reforma laboral del gobierno refleja la oposición, las críticas y las preocupaciones que desde un inicio se han hecho a esta reforma. Sin embargo, hasta tanto no sea archivada, la reforma laboral deberá seguir teniendo su trámite ante el Senado de la República de Colombia, como cualquier otro proyecto de ley”, explica el abogado Daniel Albornoz, asociado del área Laboral de Cuatrecasas Bogotá.
¿Cuáles son los puntos más relevantes de la reforma laboral de Petro?
Para Petro, el objetivo principal de la reforma es atacar la informalidad y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores: “La propuesta defiende el derecho a un trabajo digno y estabilidad laboral. No queremos que las trabajadoras y los trabajadores sean tratados como esclavos; hoy día tenemos las jornadas laborales más altas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y uno de los salarios más bajos de América Latina”, sostuvo el presidente colombiano.
La reforma laboral, impulsada por el Ministerio de Trabajo, propone:
Ampliación de la jornada laboral nocturna a partir de las 19hs (actualmente comienza a regir a las 21hs).
Remuneración del 100% del trabajo en días festivos.
Jornada flexible para cuidadores.
Licencia de paternidad de cuatro semanas.
Formalización de madres comunitarias.
“Además, se incluyen nuevas licencias, como la matrimonial, médica y escolar; se establece la obligación de vincular laboralmente a los aprendices, transformando el contrato de aprendizaje en un contrato laboral a término fijo; y propone modificaciones en la contratación de trabajadores, específicamente en el contrato a término fijo, extendiendo su duración máxima de tres a cuatro años”, especifica Albornoz.
La reacción de los empleadores y la polémica en torno a la reforma
“Nuestra convocatoria a un gran acuerdo nacional, al que invitábamos al empresariado y a la oposición, ha fracasado”, se lamentó el presidente de Colombia.
Uno de los principales argumentos de los detractores del proyecto ha sido el impacto efectivo que iban a tener las nuevas leyes en el mercado laboral, dado que el 58 % de los trabajadores de Colombia son informales y no están amparados por el proyecto.
De hecho, la Cámara de Comercio Colombo Americana y gremios como Amcham Colombia se opusieron desde el día cero, alegando que el país requería una reforma laboral integral que protegiera a todos los trabajadores, formales e informales.
“La propuesta no responde a la realidad del país ni a las necesidades de quienes buscan empleo formal. Creemos en un país donde el trabajo digno signifique más oportunidades, estabilidad y desarrollo para todos. La reforma laboral no puede convertirse en un obstáculo que excluya a millones de trabajadores ni en una barrera para el crecimiento del empleo formal”, advirtió la Alianza de Asociaciones y Gremios (Aliadas) en un comunicado.
Ahora bien, ¿por qué el empresariado celebró la decisión del Congreso? En parte, por el costo que implicaba adherir a los derechos contemplados en la reforma: según un estudio del Banco de la República, la iniciativa de Petro podría destruir más de 450.000 empleos formales, ya que genera sobrecostos para las empresas.
Daniel Albornoz
“Aunque uno de los objetivos del gobierno era reducir la informalidad en el mercado laboral colombiano, en la práctica, el aumento de los costos laborales que traía la reforma implicaba una proyección de corto y mediano plazo en la que se perderían miles de empleos. La reforma generó una fuerte polémica debido al incremento significativo de los costos laborales y operativos para los empleadores", sostiene Albornoz.
Según cifras de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la reforma crea costos extra-salariales cercanos al 63 %.
“Esta situación no solo planteaba un riesgo considerable para la estabilidad económica de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, sino que también ponía en duda la viabilidad de las medidas propuestas. Así, pues, en lugar de fomentar la formalización del empleo, que es y debería ser el objetivo principal de este tipo de reformas, la reforma laboral del gobierno tenía -o tiene hasta que no sea archivada de forma definitiva por el Senado- un efecto contrario, aumentando la informalidad y debilitando aún más el mercado laboral colombiano”, analiza el experto en derecho laboral de Cuatrecasas Bogotá.
Uno a uno, los puntos sensibles de la reforma laboral de Petro
Aliadas tildó a la reforma laboral de poco inclusiva y difundió cinco argumentos en contra de la propuesta de Petro:
Excluye a los trabajadores informales: al centrarse únicamente en el empleo formal y sindicalizado, deja sin protección y oportunidades a millones de colombianos.
Reduce opciones laborales: endurece las condiciones para la contratación y desincentiva la creación de nuevos puestos de trabajo.
No aborda las reformas sociales clave: una reforma laboral debe estar alineada con la cobertura pensional y el acceso a salud; no se puede hablar de mejorar las condiciones laborales sin incluir estas garantías fundamentales.
Perjudica a los jóvenes: al debilitar el contrato especial de aprendizaje, limita una de las principales vías de inserción laboral juvenil.
Restringe la negociación colectiva: la negociación debe ser un derecho y una opción, no una imposición.
María Claudia Lacouture
“Colombia no puede permitirse decisiones apresuradas sin evaluar su impacto en la economía y el bienestar social. Es momento de construir una reforma laboral orientada hacia el bien común, con visión de futuro, que garantice derechos, fomente la inversión, impulse el empleo y cierre las brechas de desigualdad”, enfatizó María Claudia Lacouture, presidenta de Aliadas.
Hasta el momento, ante este escenario, las consultas legales más repetitivas de los empleadores se centran en el impacto económico de las posibles regulaciones, especialmente en términos de costos laborales adicionales, la implementación de la flexibilidad laboral y las nuevas licencias.
“Los empleadores también muestran preocupación por la modificación en la naturaleza del contrato de aprendizaje y el aumento de la cuota de monetización para las empresas que no contraten aprendices, así como las implicaciones de la extensión del teletrabajo y las garantías laborales asociadas”, comparte Albornoz, asociado del área Laboral de Cuatrecasas Bogotá.
Petro está decidido a convocar a una consulta popular. De hecho, el Ministerio de Trabajo ya está trabajando en la redacción de preguntas.
“Esta iniciativa permitirá que la población se pronuncie directamente sobre sus derechos y responde a la necesidad de encontrar una vía democrática para avanzar con las reformas que han enfrentado obstáculos en el Congreso”, señala Antonio Sanguino, ministro de la cartera laboral.
Cathy Juvinao Clavijo, representante de la Cámara, estimó que la consulta popular podría costar entre 300.000 y 500.000 millones de pesos.
Más allá de la inversión, el principal obstáculo de Petro podría ser la adhesión convocatoria, ya que la consulta popular requiere la participación de casi 14 millones de votantes y Colombia tiene un alto índice de abstencionismo.
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