Pro bono público significa mucho más que el trabajo individual gratuito que un abogado ofrece para cumplir con una cuota de responsabilidad social. Así lo explica Todd Crider, actual representante del Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos del Vance Center, en el marco del lanzamiento de la más reciente iniciativa del Consejo, un módulo de lucha contra la corrupción en Latinoamérica.
La vocación de servicio público del Vance Center está enmarcada en el verdadero significado de pro bono publico, lo cual significa, en Latín, “por el bien público” y que implica más que el simple acto de ofrecer los servicios del abogado gratis. Se trata de involucrarse con la sociedad, tomar parte, proponer y generar cambios necesarios. Y ese es el espíritu de las iniciativas que impulsa el Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos del Vance Center.
Conversando sobre los orígenes y misión del Vance Center, Crider explica que nace en el 2002 y 2003 con la idea de crear un centro permanente para impulsar iniciativas internacionales para propagar la cultura pro bono y el desarrollo de la profesionalización de la práctica en distintas jurisdicciones del mundo. Una forma de involucrar al abogado privado en asuntos de interés público a nivel internacional.
Junto con su fundación en 2003, el Vance Center adopta su nombre en memoria de Cyrus R. Vance, quien era el mejor ejemplo de un profesional íntegro, que mezclaba el perfil del abogado privado con una profunda vocación de servicio público; pues no solo era socio de Simpson Thacher, sino que también tuvo una larga e interesante carrera en el sector público que lo vio convertirse incluso en Secretario de Estado de los Estados Unidos bajo Jimmy Carter.
En 2016, luego de una cumbre convocada por el Vance Center que tuvo lugar en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, donde se discutió el rol de los abogados en la democracia, se conformó el Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos en las Américas, con el fin de abordar necesidades clave para el sano desarrollo de la región. El Consejo se encuentra conformado por un grupo de abogados líderes en cada una de sus jurisdicciones y se han propuesto el trazo de iniciativas de pro bono proactivo y a largo plazo.
Tomando en cuenta las iniciativas anticorrupción que han surgido en Latinoamérica, y poniendo los ojos en el futuro de esta lucha, los miembros del Consejo decidieron tomar como primer proyecto el desarrollo de una iniciativa que sirva como puente entre los distintos esfuerzos que están llevando a cabo en estos países.
Para Crider, el asunto más crítico relacionado a la corrupción es que tiene un impacto directo sobre derechos civiles y económicos.
Al entrar en materia, para definir cuál fue el detonante de este boom anticorrupción que se está propagando por Latinoamérica, Crider apunta directamente a Brasil.
El equipo del Juez Moro, quien lideró la investigación de Lava Jato, y el pueblo brasileño tienen mucho mérito. El juez, con su equipo de abogados, y la policía tomaron acción y fueron ágiles. El pueblo brasileño, reaccionando ante la corrupción, mantuvo firme el enfoque, forzando las herramientas de investigación e impidiendo que los políticos evadiesen consecuencias. Aunque el pueblo estaba acostumbrado y tácitamente aceptaba la corrupción, al conocerse el tamaño de estos esquemas, en el contexto de un severo período de recesión, la indignación fue enorme. Así, las redes sociales condujeron a una respuesta masiva y callejera. En términos sencillos: una cerilla sobre hojas secas.
El primer objetivo que se ha trazado la iniciativa es crear una guía que recopile la legislación existente en materia anticorrupción en la región para, eventualmente, crear una herramienta online de fácil acceso y consulta. Ese sería un punto de partida que ayudaría a centralizar esfuerzos y a crear puentes con colaboradores en las distintas jurisdicciones.
Luego de ese primer paso, Crider estima que se podrán trazar metas más especificas, como formular recomendaciones para cada país -y para entregar a las autoridades- que podrían ir desde mejores prácticas judiciales hasta sugerencias a nivel legislativo y presupuestario.
Este ambicioso plan no solo implicaría involucrar a abogados locales para desarrollar un network sólido en cada país, sino también trabajar con la prensa y las autoridades, para asegurar difusión y ejecución.
El techo de esta iniciativa es ciertamente alto. En el futuro podríamos estar hablando de una guía de mejores prácticas a nivel regional, e incluso pensar en un sistema de evaluación anual para cada país -una calificación que genere presión para la implementación de medidas anticorrupción.
“Es mucho trabajo”, comenta Crider, “pero el momento se ha dado y hay que aprovecharlo”.
Miembros del Consejo:
Argentina:
Carolina Zang; Zang, Bergel & Viñes Abogados
José A. Martínez de Hoz (Jr.); Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)
Brasil:
Luciana Tornovsky; Demarest Advogados
Chile:
Pablo Guerrero; Barros & Errázuriz Abogados
Colombia:
Paula Samper; Gómez-Pinzón Zuleta Abogados
Costa Rica:
Vivian Liberman; BLP
República Dominicana:
Mary Fernández; Headrick Rizik Álvarez & Fernández
Ecuador:
Hernán Pérez Loose; Coronel & Pérez Abogados
Estados Unidos
Antonia Stolper; Shearman & Sterling LLP
Todd Crider; Simpson Thacher & Bartlett LLP
Guatemala:
Alfonso Carrillo; Carrillo y Asociados
México:
Carlos Del Río; Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.
Valeria Chapa; Honeywell International
Panamá:
Ramón Ricardo Arias; Galindo, Arias & López
Perú:
Alberto Rebaza; Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados
Uruguay:
Marcela Hughes; Hughes & Hughes
Venezuela:
Fernando Peláez-Pier; Hoet Peláez Castillo & Duque
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